Hay sucesos que, con el paso del tiempo, en lugar de aclararse se vuelven más opacos, como si la realidad, cansada de explicarse, optara por disolverse en informes técnicos y palabras que parecen decirlo todo sin señalar a nadie.
Se cumple un año de aquel día en que la península ibérica se quedó a oscuras y, sin embargo, la luz sigue sin llegar al lugar más importante, que no es el sistema eléctrico sino la responsabilidad. Durante horas, millones de personas aprendieron de golpe que la normalidad es un hilo fino, casi invisible, que puede romperse sin previo aviso, pero lo que nadie ha conseguido desde entonces es explicar con claridad quién tensó demasiado ese hilo.
Los informes se han ido sucediendo con la diligencia de quien cumple un trámite, pero con la cautela de quien evita pronunciar una palabra definitiva. El Gobierno habló de un fenómeno “multifactorial”, una expresión que, como tantas en la burocracia contemporánea, sirve para explicar sin comprometer, para describir sin acusar. Oscilaciones, sobretensiones, desconexiones, un vocabulario técnico que, bien ordenado, termina pareciendo una coartada colectiva.
Desde Europa, el análisis llegó más tarde, con el peso de lo institucional y el mismo resultado, la confirmación de que aquello fue un episodio excepcional, pero no único, un accidente sin autor, una tormenta sin nube concreta. Todo ocurrió, pero nadie lo hizo, como si el sistema hubiera decidido fallar por su cuenta, liberando a quienes lo gestionan de la incomodidad de tener que responder.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia añadió otro matiz, quizá el más incómodo, al recordar que las herramientas para evitar el apagón existían. Es decir, que el problema no fue tanto la falta de medios como la forma de utilizarlos, o de no utilizarlos a tiempo. Pero incluso esa observación, que apuntaba a una posible negligencia, quedó suspendida en el aire, sin aterrizar en nombres propios.
Mientras tanto, la política ha hecho lo que mejor sabe, convertir la incertidumbre en un campo de batalla. En el Senado, la investigación adoptó el tono previsible de un juicio con sentencia escrita de antemano, señalando al Gobierno y a los organismos reguladores como responsables de una inacción que, según esa versión, habría facilitado el desastre. En el Congreso, la escena se repite con otros actores y el mismo resultado, una coreografía de reproches donde cada parte se defiende acusando a la otra.
La verdad, en medio de ese intercambio, se diluye con una elegancia casi calculada, como si el objetivo no fuera tanto esclarecer lo ocurrido como repartir el desgaste de manera equitativa. Nadie quiere cargar con una factura que no es solo económica, sino también política.
Porque de eso se trata, en última instancia. Más allá de la explicación técnica, lo que está en juego es quién paga las consecuencias de aquel apagón, una cuestión que ya se desplaza hacia los tribunales, ese territorio donde las certezas llegan tarde y siempre con matices.
Mientras se decide esa responsabilidad, el sistema eléctrico ha adoptado una prudencia reforzada, una especie de vigilancia permanente que no es gratuita. El aumento de los costes de ajuste, necesarios para mantener el equilibrio en un modelo cada vez más dependiente de energías renovables, ya se deja sentir en la factura de la luz, como una advertencia silenciosa de que la seguridad tiene precio.
Así, el apagón no solo dejó a oscuras a millones de personas durante unas horas, sino que ha inaugurado una etapa donde la prevención se paga cada mes, donde la estabilidad se sostiene con un gasto creciente y donde la explicación definitiva sigue sin llegar.
Quizá lo más inquietante no sea que el sistema fallara, sino que, un año después, nadie haya sido capaz —o haya querido— decir con claridad por qué ocurrió, como si en ese silencio se escondiera una verdad demasiado incómoda para ser iluminada del todo.