La Audiencia Nacional afronta 2026 con una carga de trabajo que va más allá de la acumulación de macrocausas. Lo que se concentra en su agenda es un momento de tensión estructural para la justicia penal: juicios largamente esperados, investigaciones aún abiertas y una creciente presión política y mediática sobre los tiempos, los enfoques y los silencios del tribunal. No es solo un año de resoluciones; es un año en el que se pondrá a prueba la capacidad del sistema para sostener su credibilidad.
Un calendario que condensa décadas de poder
La vista oral de la denominada Operación Kitchen, prevista entre abril y mayo, no es un juicio más. Llega tras años de instrucción y con una carga política ineludible: por primera vez, se sentarán como testigos antiguos responsables del núcleo del poder ejecutivo para responder por el uso presuntamente ilícito de recursos del Estado con fines partidistas. No se juzga únicamente una trama; se examina la frontera entre seguridad y abuso, entre razón de Estado y desviación institucional.
A ese proceso se suman causas que arrastran una larga sombra histórica. El juicio a Jordi Pujol y su familia, la reanudación de piezas de Púnica o el cierre judicial de los últimos tramos de Gürtel dibujan un mapa persistente: la corrupción como fenómeno sistémico, no episódico, que ha atravesado distintos niveles de la administración durante décadas.
El ruido y la justicia lenta
La acumulación de macrojuicios convive con una crítica recurrente: la lentitud. No es un reproche menor. La justicia tardía erosiona la percepción de eficacia del sistema y alimenta discursos interesados que cuestionan su legitimidad. Sin embargo, reducir el problema a los tiempos es simplificarlo. La Audiencia Nacional opera con causas de enorme complejidad técnica, múltiples acusados y pruebas transnacionales, en un marco procesal que no siempre ha sabido adaptarse a este tipo de criminalidad.
El reto para 2026 no será solo dictar sentencias, sino hacerlas comprensibles, sólidas y resistentes al desgaste político. Cada fallo, especialmente en causas de alto impacto, será leído no solo en clave jurídica, sino como munición para el debate público.
En paralelo a los juicios, la instrucción del llamado caso Koldo introduce un elemento adicional de sensibilidad. El análisis, bajo secreto, de la documentación aportada por el PSOE sobre pagos en metálico entre 2017 y 2024 no implica, por sí mismo, una conclusión incriminatoria. Pero sí coloca al tribunal en una posición delicada: investigar sin prejuzgar, filtrar con rigor y resistir la presión de quienes convierten cualquier diligencia en un titular definitivo.
La apertura de una pieza separada secreta evidencia prudencia procesal. Frente al uso político de la sospecha, el juez opta por el tiempo largo de la verificación. Esa decisión, poco rentable mediáticamente, es también una forma de defensa del Estado de Derecho.
La Audiencia Nacional entra en 2026 convertida, una vez más, en escenario donde confluyen poder judicial, poder político y opinión pública. La derecha ha hecho de la judicialización un instrumento de confrontación, alimentando la idea de que los tribunales deben suplir lo que no se logra en las urnas. En ese contexto, cada paso del tribunal es observado con lupa interesada.
La clave del año no estará solo en las condenas o absoluciones, sino en algo más frágil: la capacidad de la justicia para sostener su autonomía en medio del ruido. La Audiencia Nacional no cerrará en 2026 el ciclo de la corrupción en España, pero sí puede marcar hasta qué punto el sistema es capaz de procesar su pasado sin quedar atrapado por él.