Renunciar al abogado a dos días de declarar ante el Tribunal Supremo es el gesto de un declive político que ya no se oculta, ni siquiera tras la retórica de la víctima mediática. José Luis Ábalos vuelve al foco del caso Koldo, no como excusa de una conspiración partidista, sino como pieza clave de una trama que investiga pagos opacos, patrimonio solapado y vínculos demasiado estrechos con su exasesor. La justicia ya no apunta solo a un entorno: interroga al propio núcleo.
Una defensa rota antes del interrogatorio
La renuncia de José Luis Ábalos a su abogado se produce a cuarenta y ocho horas de su nueva citación ante el Supremo. La decisión, comunicada por escrito, habla de “diferencias irreconducibles” con su hasta ahora letrado, José Aníbal Álvarez. La versión oficial insiste en el desgaste progresivo de la relación profesional, deteriorada hasta el punto de no permitir “la mínima confianza requerida en un proceso penal”.
Pero más allá de las formas, el contexto apremia: el exministro está citado de nuevo en calidad de investigado, y esta vez no se trata de conversaciones ambiguas o responsabilidades políticas difusas. El nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil señala una intersección directa y documentada entre los gastos personales de Ábalos y los pagos asumidos por Koldo García, su exasesor más próximo.
A diferencia de otras comparecencias anteriores, donde la estrategia pasaba por responder con cautela —y solo a las preguntas de su defensa—, ahora el terreno es más frágil. Ábalos deberá recomponer su defensa legal en tiempo récord o afrontar un nuevo retraso que, a estas alturas, solo servirá para prolongar una exposición pública cada vez más insostenible.
Entre lo político y lo penal: un relato que ya no cuadra
En las últimas semanas, el exministro había insistido en el argumento de la sobreexposición mediática. Que era una pieza instrumental de una campaña del PP. Que su caso no tenía la gravedad de otros. Que su relación con Koldo García no era distinta de la habitual entre un ministro y su equipo. Pero los documentos van en otra dirección.
Según los autos del Supremo, los indicios acumulados apuntan a una operativa de pagos cruzados, favores sostenidos en el tiempo y gastos personales abonados por terceros sin explicación formal. Nóminas, pensiones alimenticias, cuotas hipotecarias, viajes. La hipótesis judicial no solo es que Koldo actuara como intermediario, sino que ambos compartían un circuito económico paralelo, opaco y difícil de desvincular.
En ese marco, la figura de Ábalos ya no es solo la de un exministro señalado por una investigación incómoda. Es alguien bajo sospecha de haber recibido beneficios económicos directos, fuera de toda trazabilidad institucional, y sin que exista —hasta ahora— registro de contraprestaciones o devoluciones.
El Supremo no habla ya de contexto político. Habla de posibles delitos penales, de patrimonio disimulado, de ingresos sin justificar. Y lo hace con la frialdad del dato: transferencias, ingresos en efectivo, vacíos contables.
Un silencio que ya no sirve como estrategia
Lo que en otras fases de la causa pudo parecer prudencia —declarar solo ante el juez, evitar filtraciones— ahora se interpreta como opacidad. Ábalos ha perdido el control del relato. Ya no hay partido que le ampare, ni estrategia jurídica clara. Lo que queda es una suma de decisiones personales que lo arrastran más allá del perímetro de la sospecha.
La renuncia a su abogado, lejos de ser solo un problema procesal, deja expuesta una soledad política difícil de revertir. En la primera línea institucional, su presencia es inexistente. En la judicial, los indicios se acumulan con una coherencia que dificulta el argumento del error administrativo o del exceso mediático. Y mientras los autos del Supremo sostienen que pudo haberse beneficiado de “fuentes irregulares de ingresos”, la defensa del exministro se vacía: ni apoyos, ni explicación pública alternativa, ni una estructura jurídica sólida.
Fin de ciclo sin red de seguridad
En términos políticos, la caída de Ábalos lleva tiempo consumada. Pero ahora lo que está en juego es otra cosa: si su implicación será judicialmente acreditada, y hasta qué punto compartía responsabilidad en el andamiaje financiero de su entorno. El informe de la UCO no lo presenta como víctima, sino como beneficiario. El Supremo lo cita no para completar el expediente, sino para confirmar si los pagos irregulares tienen origen común. Para un político que llegó a ser mano derecha del presidente del Gobierno, la escena actual no puede ser más elocuente: sin partido, sin estrategia, sin abogado.