La crisis de Ceuta cambia de escenario

La crisis de Ceuta ha estado contada durante tres semanas a través de una frontera. Las imágenes del Tarajal, las llegadas desde Marruecos, los dispositivos policiales y el hacinamiento provocado por una presión migratoria extraordinaria construyeron un relato dominado por cifras, controles y retornos. Ahora una parte de esa crisis está a punto de cruzar el Estrecho y, al hacerlo, puede cambiar también la conversación política.

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja con la Ciudad Autónoma en el traslado urgente a la Península de alrededor de 500 niñas y adolescentes migrantes que se encuentran entre los perfiles más vulnerables de quienes llegaron a Ceuta a finales de julio. El plan contempla la participación de organizaciones especializadas en protección de la infancia y fórmulas de acogida que permitan atenderlas sin necesidad de transferir automáticamente su tutela a las comunidades autónomas. La cifra no está cerrada y la operación, pese a su carácter urgente, puede prolongarse durante semanas.

El dato importa por lo que cuenta y también por lo que obliga a dejar de contar. Ya no estamos únicamente ante la discusión sobre quién entra en España, sino ante la obligación de decidir cómo protege España a quienes ya están bajo su responsabilidad y son menores de edad.

Ese cambio de perspectiva resulta particularmente relevante después de semanas en las que la inmigración ha vuelto a convertirse en uno de los grandes campos de confrontación política.

De la emergencia a la protección

Ceuta dispone de una capacidad limitada para afrontar por sí sola una situación excepcional. Su sistema de acogida de menores se encontraba sometido a una enorme presión después de las entradas de finales de julio y la propia Ciudad Autónoma había reclamado ayuda para aliviar unos recursos desbordados.

La respuesta que prepara el Gobierno intenta sacar de esa situación a quienes presentan una vulnerabilidad especial. No se trata únicamente de trasladarlas de un punto a otro del mapa. La búsqueda de recursos especializados y la posibilidad de recurrir al acogimiento familiar responden a una cuestión jurídica y humana que el estruendo político corre el riesgo de borrar: son menores y su protección no puede quedar subordinada a la rentabilidad electoral del debate migratorio.

El principio del interés superior del menor no constituye una preferencia política del Ejecutivo. Es el criterio que debe orientar las actuaciones de los poderes públicos cuando están afectados niños y adolescentes. El Gobierno ha situado precisamente ahí la justificación de las medidas que está preparando.

Ese elemento introduce una dificultad considerable para quienes han construido buena parte de su respuesta a la crisis alrededor de una sola palabra: devolución.

El Partido Popular ha rechazado este miércoles el traslado de las 500 menores y ha reclamado que se priorice la reunificación con sus familias o el retorno a los sistemas de protección de sus países de origen. La posición forma parte del endurecimiento que el principal partido de la oposición ha experimentado durante la crisis de Ceuta y lo aproxima a un terreno en el que Vox lleva mucho tiempo tratando de imponer el vocabulario y los límites del debate.

La dificultad aparece cuando el eslogan tropieza con la administración. Gobernar obliga a responder preguntas distintas. El PP puede cuestionar desde la oposición la política migratoria del Ejecutivo, reclamar mayor control fronterizo o exigir explicaciones sobre la gestión de la crisis. Sus gobiernos autonómicos, sin embargo, no ocupan el mismo lugar. Las comunidades administran servicios públicos, ejercen competencias de protección y están sometidas a obligaciones legales que no desaparecen porque la inmigración se haya convertido en una batalla política.

La dirección popular ya tuvo que admitir este mes que sus comunidades cumplirán la ley en el reparto de menores cuando resulte aplicable el mecanismo establecido por el Estado. La afirmación llegó después de días de resistencia y de una creciente presión de Vox, que ha hecho de la negativa a la acogida uno de los elementos centrales de su estrategia territorial. Ahí se encuentra una de las consecuencias políticas más relevantes de lo ocurrido en Ceuta.

Durante la emergencia fronteriza, PP y Vox podían competir en contundencia frente al Gobierno. Cuando la cuestión pasa de la frontera a los sistemas de protección, esa competición encuentra límites distintos. Hay expedientes, derechos, recursos públicos, organizaciones especializadas y menores concretos detrás de las cifras.

Gobernar obliga a responder preguntas que la oposición puede permitirse esquivar.

La inmigración es probablemente uno de los asuntos donde mejor se aprecia esa distancia. La extrema derecha puede defender prácticamente sin matices el rechazo a cualquier mecanismo de acogida. El Partido Popular intenta mantener un discurso cada vez más severo en el ámbito nacional sin renunciar a presentarse como una fuerza preparada para administrar el Estado. Ambas posiciones pueden convivir durante una rueda de prensa. Resulta bastante más difícil conciliarlas cuando una comunidad debe ejecutar una obligación legal.

Ceuta ha convertido esa contradicción en algo visible.

Quinientas historias detrás de una cifra

Existe además un riesgo que atraviesa todo el debate. La dimensión extraordinaria de las llegadas ha convertido a las personas en números. Miles entraron, miles regresaron, otros miles permanecen en Ceuta. La política discute porcentajes, capacidades, plazas y repartos.

Las aproximadamente 500 menores para las que el Gobierno busca ahora una solución urgente forman parte de esas estadísticas, pero su situación exige precisamente salir de ellas.

Son niñas y adolescentes que han llegado solas, algunas expuestas a formas de violencia y explotación específicas, y cuya vulnerabilidad requiere recursos distintos de los diseñados para atender de manera provisional una emergencia fronteriza. El Ministerio de Juventud e Infancia estudia por ello la participación de entidades especializadas y mecanismos de acogida capaces de ofrecer una protección más adecuada.

Ese debería ser también el punto desde el que España discutiera lo que viene después.

Un Estado tiene derecho a controlar sus fronteras y a ordenar los flujos migratorios. También tiene obligaciones cuando una persona menor de edad se encuentra bajo su protección. Las dos afirmaciones pueden coexistir sin convertir a unos cientos de niñas en munición política.

La crisis de Ceuta entra así en una fase distinta. La frontera seguirá siendo decisiva y la relación con Marruecos continuará condicionando cualquier política migratoria española. Pero el problema inmediato ya no termina en el perímetro fronterizo.

El Gobierno ha empezado a buscar una salida para quienes presentan una situación más vulnerable. A partir de ahora, el debate permitirá comprobar también hasta qué punto la política española es capaz de distinguir entre discutir sobre inmigración y decidir qué hacer con una menor que necesita protección.

Ceuta seguirá hablando de fronteras. La Península tendrá que empezar a hablar de acogida. Y en ese tránsito puede quedar al descubierto algo más profundo que una crisis migratoria: la distancia que existe entre utilizar la inmigración para hacer política y asumir la responsabilidad de gobernarla.