En el corazón de la política española se está librando una batalla que va mucho más allá de nombres propios. La afirmación tajante de Pedro Sánchez y su entorno sobre la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero no es un gesto inocuo ni una simple declaración de apoyo. Es, en realidad, una maniobra que tensiona los límites entre el discurso político y el respeto al principio jurídico de la presunción de inocencia, uno de los pilares esenciales del Estado de derecho.
Conviene precisar que la presunción de inocencia no consiste en proclamar públicamente que alguien es inocente, sino en garantizar que nadie sea tratado como culpable sin sentencia firme. El matiz es clave. Cuando desde el poder se afirma categóricamente la inocencia en plena investigación judicial, lo que se está haciendo no es proteger derechos, sino construir un relato anticipado que invade el terreno de los tribunales.
En este contexto, el cierre de filas del sanchismo en torno a José Luis Rodríguez Zapatero responde a una lógica de supervivencia política. Se trata de levantar un muro narrativo que actúe como barrera moral frente a cualquier sospecha. Pero ese mismo muro encierra una grieta peligrosa: la existencia de indicios de criminalidad señalados en investigaciones judiciales, cuya evolución podría alterar por completo el escenario.
El riesgo es evidente. Si esos indicios no se diluyen, sino que se consolidan en fases posteriores del proceso, el coste político del actual discurso será devastador. La contundencia de hoy puede convertirse en la debilidad de mañana. Y en política, pocas cosas pesan tanto como haber negado de forma rotunda aquello que luego se demuestra plausible o incluso cierto.
Más allá de la estrategia, el problema es institucional. Al afirmar la inocencia desde posiciones de poder, se desdibuja la frontera entre lo político y lo judicial. El mensaje implícito no es solo de apoyo personal, sino de validación previa, como si el veredicto pudiera decidirse en el terreno mediático antes de que los jueces hablen.
Este tipo de narrativa no solo condiciona la percepción pública, sino que alimenta la polarización. El debate deja de girar en torno a hechos, pruebas o procedimientos, y se convierte en una cuestión de alineamientos. La presunción de inocencia, en lugar de proteger garantías, se transforma en un instrumento retórico al servicio de la confrontación.
La historia reciente demuestra que estas estrategias tienen un recorrido corto cuando los procesos judiciales avanzan. La hemeroteca actúa entonces como juez paralelo, recordando cada declaración, cada afirmación categórica, cada intento de cerrar en falso un debate que dependía, en última instancia, de la justicia. No hay más que recordar cómo en el PP se partían la camisa, como Camarón, para defender la inocencia de líderes que finalmente terminaron en prisión.
En ese equilibrio delicado entre política y derecho, la prudencia no es debilidad, sino responsabilidad. Y es precisamente esa prudencia la que parece haberse sacrificado en favor de un relato que, si los indicios apuntados por la investigación llegaran a confirmarse, podría convertirse en uno de los mayores errores estratégicos del sanchismo en los últimos años.