Salvo alguna contingencia de última hora, la jueza número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, convertirá las diligencias previas del caso Negreira en procedimiento abreviado antes de que concluya la prorroga de seis meses, en marzo del próximo año. Prácticamente tiene cerrada la lista de interrogatorios que todavía tiene que llevar a cabo. El 12 de diciembre están citados como testigos el actual presidente, Joan Laporta, y los exentrenadores, Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde. El 27 de enero deberá comparecer la vicepresidenta del Futbol Club Barcelona, Elena Fort, que representa a la entidad en su condición de investigada penalmente y, por último, el 6 de febrero, y también como testigo, declarará el que fue presidente, Joan Gaspart. La única circunstancia que puede aplazar la apertura de juicio oral es que la magistrada se vea en la obligación de citar a alguno de los técnicos auxiliares que figuran en las sociedades del exvicepresidente del CTA, Dansil 95 y Nilsad SCP, mediante las cuales se prestaron los servicios remunerados de asesoramiento arbitral desde 2001 hasta 2014. Así pues, a partir de marzo comenzará la cuenta atrás para que se sienten en el banquillo los investigados, el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, su hijo Javier, los expresidentes del Futbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, y los exdirectivos Josep Contreras, Oscar Grau y Albert Soler, este último fue diputado en el Congreso, secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes.
La jueza Gil decretó la prórroga de la instrucción en septiembre pasado. Era una decisión esperada ya que todavía quedan muchas diligencias por practicar en el caso Negreira. En círculos próximos a los juzgados de Barcelona se señala que su antecesor en el juzgado, Joaquín Aguirre, mantuvo paralizada la instrucción. No se le puede acusar de dilación indebida ya que este juzgado es de los de mayor volumen de causas y, además, el asunto de los pagos del Barça al dirigente arbitral es complejo puesto que intervienen varias sociedades interpuestas. La UCO tuvo que emplearse a fondo para esclarecer el cobro de 8,4 millones descubierto durante una inspección de la Agencia Tributaria, mediante pagos efectuados por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira que, presuntamente, no obedecían a ningún trabajo real. Negreira habría recibido esos 8,4 millones entre 2001 y 2018 sin verse aumentado su patrimonio. Las sospechas de la inspección fiscal se produjeron al comprobar que el exárbitro y algunos de sus colaboradores habían retirado grandes sumas de dinero en efectivo. Negreira afirmó ante Hacienda que el club le pagaba "para que el FC Barcelona no fuese perjudicado" y asegurarse arbitrajes “neutrales”.
La AEAT comunicó el asunto a la fiscalía que abrió una investigación en mayo de 2022. El Barça asegura que los pagos se realizaron para abonar los servicios de asesoramiento y elaboración de informes sobre la situación arbitral prestados por las empresas de Negreira, pero lo cierto es que esos informes no han sido aportados durante los más de tres años que han transcurrido desde el inicio de las diligencias. La actual directiva de la entidad dice que “no hay constancia de contratos de prestación de servicios de las empresas del exdirigente arbitral con el club: “poco más puede decirse en cuanto las personas que negociaron estos contratos ya no forman parte de la plantilla”.
Hacienda no encontró pruebas de que los pagos a Negreira influyeran en los resultados. pero si en los ascensos y descensos de los árbitros. La teoría manejada por la Agencia Tributaria, y que hizo suya la fiscalía, es que el dinero se repartió entre José María Enríquez Negreira, el directivo Josep Contreras, propietario de la empresa Tresep a través de la cual se llegaron a efectuar algunos de los pagos, y algún otro empleado del club que no ha sido identificado y que cobró cantidades “en negro”. De ahí que, al principio, se plantease la imputación de blanqueo de capitales que finalmente fue descartada por la Audiencia Provincial.
La actual titular del juzgado ha simplificado la investigación para no dilatar en el tiempo una causa mediática que afecta a la imagen del futbol, una de las industrias emblemáticas de la economía de este país. La magistrada, de acuerdo con el fiscal, se plantea reducir las diligencias que restan a la constatación de indicios sobre esos informes que el Futbol Club Barcelona dice haber recibido del entorno del exdirigente arbitral y, para ello, pide la identificación de los técnicos auxiliares que pudieron elaborarlos. Esa es la pista que resta seguir en la investigación. Los testimonios de los exentrenadores, Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde pueden ser determinantes ya que el club los señala como destinatarios de esos informes que les servían de herramientas a la hora de elaborar la estrategia en los partidos. Lo extraño es que esa documentación todavía no haya aparecido ni se haya aportado a la causa. Sólo hay testimonios, y las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria y la UCO en su condición de policía judicial. Ernesto Valverde ha negado haber tenido acceso a esos informes.
En los ambientes deportivos se pide el cierre de la instrucción porque el caso está haciendo daño a la imagen del futbol español. En el sumario están personadas entidades como el Real Madrid, el club que preside el todopoderoso empresario Florentino Pérez, que se considera “parte perjudicada”. También ejercen la acusación particular algunas peñas de la entidad y la confederación europea de futbol, el máximo organismo a nivel continental. La UEFA, mantiene abierta una investigación que depende, en gran medida, de la conclusión del sumario judicial. En ese caso procedería a la apertura del correspondiente expediente sancionador porque el articulo 10 de su código disciplinario deja claro que los casos de amaño de partidos, fraude, soborno o corrupción no prescriben.
Se está muy cerca de concluir la parte más tortuosa del caso Negreira, aunque todavía queda el concluyente juicio en el que se deberá establecer la existencia de responsabilidades penales. La instrucción puede estar terminando, pero el resultado “del partido” todavía aún está por decidir