El argumento de Equipo Económico, despacho de abogados fundado por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de la invalidez de los correos que sustentan la investigación que se está llevando a cabo, “por haberse encontrado de manera casual”, no es de recibo desde el punto de vista jurídico. Las casualidades han permitido descubrir importantes delitos de corrupción. Si no hubiese sido por el descubrimiento de un periodista en un basurero de la documentación del entonces Banco Bilbao Vizcaya en el llamado caso Privanza, en 2002, el juez Baltasar Garzón no habría podido ampliar la instrucción a todo el entramado financiero secreto que constituyó el antiguo BBV en el exterior por el caso de las cuentas opacas o fondos de pensiones secretos, por un importe de 19,26 millones de dólares. Si el director de una sucursal navarra de Banesto no hubiese advertido que le faltaban 400 millones de las antiguas pesetas, no se habría abierto el sumario del llamado Caso Banesto en la Audiencia Nacional a pesar de la intervención de la entidad por parte del Banco de España. En los juzgados las casualidades no existen. Es cierto que el llamado caso Montoro comenzó en un registro de la empresa Messer Ibérica por un asunto que nada tenía que ver con lo que, posteriormente, se descubriría, pero la fiscalía anticorrupción asegura que la actuación de la policía autonómica catalana se llevó a cabo dentro de la más estricta legalidad.
Los agentes investigaban un presunto delito urbanístico relacionado con la construcción y posterior ampliación de una planta de fraccionamiento de aire en la localidad tarraconense de El Morell. El 18 de octubre de 2017 pidieron al juez que instruía la causa, Rubén Rus Vela, titular número 2 de Tarragona, que les autorizase la entrada y registro de dos sedes de la empresa Messer Ibérica de Gas. Bajo autorización judicial registraron las dependencias y se llevaron toda la documentación, tanto física como en dispositivos electrónicos, que encontraron. Al analizarla detectaron un intercambio de correos entre dos directivos de la compañía que apuntaban a un delito de corrupción. En uno de ellos, el director técnico, Rubén Folgado, explica a su superior, el director general, Karl Hauck, que se ha servido de su puesto directivo en la influyente asociación que representa a las empresas químicas de Tarragona para contactar con “parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid” lo que considera “una discriminación” contra el sector gasístico, aunque advierte de que esa vía “llevará tiempo”. Y entonces añade: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles no dudes en contactar”.
Tras el correspondiente análisis, la fiscala del caso, Carmen García Cerdá, decidió comunicar sus conclusiones al instructor que decidió declarar secreto del sumario. De ahí que la acusación pública diga, ahora, que si no se informó en el momento del volcado del material incautado fue “porque hubo que analizarlo primero. Difícilmente se puede poner en conocimiento del juez algo que no se conoce todavía”. En su recurso en el que pide la nulidad de las actuaciones, Equipo Económico se queja de una supuesta dilación entre el hallazgo “casual” de los correos y el traslado de esa información a la autoridad judicial. Un defecto de forma con escaso recorrido. Probablemente el instructor rechazará el recurso que quedará en manos de la Audiencia de Tarragona.
Ya no es un delito urbanístico el que se instruye, sino un posible trato de favor del gobierno de Rajoy, con su ministro Montoro al frente de la trama, a las empresas energéticas. A raíz del descubrimiento, la fiscala García Cerdá ha ido tirando del hilo del ovillo a pesar de que se encontró con la radical oposición de su jefe, Alejandro Luzón, que, incluso, logró que el Supremo la multase con 1.000 euros por desobedecer sus órdenes. Debía limitarse a las irregularidades urbanísticas, pero Cerdá ha seguido trabajando en el caso, aunque supervisada por el segundo de Luzón, el teniente fiscal, Antonio Romeral. Y ahora responde a los recursos que presenta la consultora ligada al exministro de Hacienda que utiliza todas las herramientas legales a su alcance para que se declare la nulidad de este caso por defectos de forma cuando el fondo está claro: el epicentro de la causa, que no es sino la aprobación fraudulenta de leyes a cambio de comisiones a lobbies gasísticos a través del bufete fundado por Cristóbal Montoro.
Casi con toda seguridad, el recurso de nulidad presentado por Equipo Económico no prosperará, pero a la consultora le queda una salida. Solicitar que el juez se inhiba en favor de un juzgado de Madrid por considerar que es esta jurisdicción a la que corresponde seguir instruyendo la causa. Es una idea que ve con buenos ojos Luzón porque desde la capital podrá controlar un asunto que no quiere que salpique al Partido Popular a pesar de que hay suficientes indicios que demuestran el trato de favor del departamento de Montoro a las energéticas en forma de leyes y normas que las favorecieron.
En Génova dicen que es un “viejo asunto” que no concierne al equipo actual, pero en ese equipo está Alberto Nadal. El actual vicesecretario de Economía fue secretario de Estado de Energía en la época en la que el ministerio de Hacienda elaboró las normativas que favorecieron a las energéticas. Siendo el responsable del sector las responsabilidades de estas actuaciones podrían llegar a salpicarle. El caso Montoro es un asunto que, lo quiera o no el PP, va a influir en la actividad política de los próximos meses. Los delitos que se investigan son cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos.
El juez atribuye estas actuaciones delictivas a Cristóbal Montoro y sus socios del despacho que fundó, incluidos los actuales responsables. Y hay quien dentro del PP se alegra de esta investigación judicial. Entre otros el considerado mayor enemigo del exministro de Hacienda, el que fue vicepresidente económico, Rodrigo Rato. Pero también intervienen periodistas que tienen cuentas pendientes con el que fue todopoderoso responsable del erario público, entre ellos Javier Chicote quien denuncia persecución por las informaciones publicadas en el nada sospechoso de rojerío, el conservador periódico ABC.