Aunque el juez número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha decretado la prórroga de la instrucción del caso Montoro, según él, para tomar declaración a todos los investigados, incluido el exministro de Hacienda, la investigación tiene toda la pinta de que, al final, será archivada. El jefe de la fiscalía anticorrupción, Alejandro Luzón, ha dado órdenes a la fiscala que lleva el caso, Carmen García Cerdá, para que se limite a su origen, el presunto delito contra la ordenación del territorio cometido por la gasística Messer Ibérica. El asunto se descubrió cuando, en un registro efectuado en la sede de la compañía, un policía autonómico detectó correos electrónicos en los cuales se revelaba la existencia de una trama cuya finalidad no era otra que intervenir e influir en reformas legislativas favorables a las empresas afiliadas a la Asociación de Gases Industriales y Medicinales. Para ello contaban con los servicios de Equipo Económico, el despacho de abogados fundado por Montoro. El sumario tendrá un final si Cerdá acaba por cumplir las órdenes de su superior, y la Audiencia de Tarragona acepta los argumentos de los defensores del exministro que señalan que la instrucción “ha sido prorrogada en ochenta ocasiones(sic), dilatando el proceso durante siete años, en los que se ha abusado del secreto del sumario”, y que no existen indicios sólidos como para implicar al exministro en tráfico de influencias y menos en revelación de secretos porque “la información que contienen los correos no se hacen públicos, no se comunica a terceros, ni se coloca al alcance de personas no legitimadas para conocer y tratar la misma. Tampoco consta que los datos y las informaciones referidas en los correos hayan producido perjuicios a terceros”.
Los abogados defensores de los imputados cuestionan que la investigación de la relación de Equipo Económico con el ministerio de Hacienda en la etapa en la que Montoro era su titular haya sido llevada por la policía autonómica catalana y que sea un juzgado territorial el que se haya hecho cargo de las diligencias cuando el juez debería de haberse inhibido en favor de los de Madrid.
Una de las acusaciones personadas, Manos Limpias, lo ha pedido y el juez está decidiendo si lo acepta, así como si unifica las acusaciones. Y la organización de Miguel Bernard sabe lo que hace. Si el tema acaba en las instancias de la capital habrá más probabilidades de que se archive. Al Partido Popular no le interesa que se siga aireando este asunto y cada vez está más clara la conexión de Manos Limpias con Génova como se ha visto en los casos de Begoña Gómez, David Sánchez y el fiscal general del Estado, donde están personados. Nadie sabe de donde saca el dinero Miguel Bernard para abonar los gastos. Además, sus actividades siguen siendo cuestionadas desde que fue condenado por su relación con Luis Pineda, presidente de Ausbanc, aunque luego sería absuelto por el Supremo.
En la derecha hay quien apunta a un trasfondo político en esta instrucción. Las diligencias del juez Rus comenzaron en plena efervescencia independentista, con el referéndum de autodeterminación en marcha, y las defensas desconfían del largo periodo, siete años, en que la investigación se ha llevado a cabo bajo un riguroso secreto. De todas maneras, en el Partido Popular y en el seno del conservadurismo, Montoro tiene muchos enemigos. La que fue presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, le acusó, en su día, de haber filtrado a los medios de comunicación su declaración del Impuesto de la Renta. Curiosa acusación cuando precisamente estos días van a sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de haber filtrado, presuntamente, los datos fiscales del novio de Ayuso, González Amador.
Por lo que se está comprobando ahora, las filtraciones interesadas no son exclusivas de la izquierda, sino que ya se llevaban a cabo en tiempos de Aznar y Rajoy. A Montoro, además, se la tienen jurada varios destacados periodistas afines a la derecha a los que llegó a amenazar con inspecciones fiscales algunas de las cuales se pusieron en marcha. Era el estilo del ministro quien tenía acceso a datos personales de toda la población española. Javier Chicote, informador del conservador ABC, ha llegado a manifestar que “una persona importante del sector de la economía me dijo que Equipo Económico era el plan de jubilación de Montoro”.
En Génova no les preocupa la implicación en este caso del exministro de Economía. Pero sí hay otros investigados que están trabajando en el equipo de Núñez Feijoo y eso puede deteriorar la imagen que pretenden dar frente a la “sistemática corrupción de Pedro Sánchez”, tal y como dicen. Están los hermanos Martínez Rico, que fueron altos cargos con Montoro. Felipe Martínez Rico, jefe de su gabinete, y Ricardo, que ahora es el presidente de Equipo Económico, fue secretario de Estado de Hacienda. Y, tal vez el más importante, Alberto Nadal, que, aunque no está imputado formalmente aparece en los correos como el destinatario de unas gestiones que había que hacer para favorecer a las eléctricas cuando era secretario de Estado de la Energía. Nadal es el vicesecretario de Economía del Partido Popular y apunta a ministrable en el supuesto de que la derecha llegue a Moncloa.
Por eso no es de extrañar que Alejandro Luzón le haya parado los pies a su subordinada. Ha calificado su actuación de “temeraria” y ha logrado que el Supremo la sancione con mil euros de multa. Además, la ha colocado a su teniente fiscal, Antonio Romeral, y Carmen Cerdá no da un solo paso sin que lo apruebe su “jefe”. De hecho, Romeral es el firmante de todas las peticiones al juez tarraconense. Por su parte. la UCO de la Guardia Civil señala que no son necesarios los registros solicitados por las acusaciones populares.
Si la Audiencia de Tarragona acepta el argumento de las defensas de que siete años de secreto sumarial les ha provocado indefensión, no habrá más remedio que archivar la causa en la que, salvo los correos descubiertos en el registro a la gasística Messer y las informaciones periodísticas publicadas en medios conservadores, poco más hay que añadir.