La frase elegida por Iñigo Ansola —“callejón sin salida”— se ha instalado con rapidez en la conversación política. No por su contundencia, sino porque llega de un partido que mide cada sílaba. El presidente del BBB del PNV verbaliza una inquietud que el país arrastra desde hace semanas: la investigación de casos vinculados a antiguos dirigentes socialistas tensiona la legislatura y alienta un clima de sospecha que algunos ya dan por sentencia firme. El PNV, no. El PNV pide pruebas y recuerda que, sin una “ligazón directa” con el PSOE, nada de lo que hoy llena titulares modifica la relación política entre ambas formaciones.
La situación, sin embargo, exige interpretación. Y el PNV la hace a su manera: con distancia suficiente para no quedar atrapado en la dialéctica de bloques, y con precisión quirúrgica para recordar al Gobierno que los compromisos pendientes —el desarrollo completo del Estatuto de Gernika— no admiten aplazamientos envueltos en ruido.
Disciplina desde hace décadas: no asumir responsabilidades ajenas, pero tampoco alimentar incendios políticos que solo favorecen a quienes viven del colapso institucional
La posición de Ansola no sorprende. Forma parte de un manual que el PNV aplica con disciplina desde hace décadas: no asumir responsabilidades ajenas, pero tampoco alimentar incendios políticos que solo favorecen a quienes viven del colapso institucional. La advertencia sobre una eventual “línea roja” —si se probara una implicación directa del PSOE en tramas de corrupción— en realidad no es nueva. Lo novedoso es que el PNV haya decidido recordarla en voz alta.
La precisión es significativa: no hablan de imputaciones, ni de sospechas, ni de filtraciones. Hablan de pruebas. Y, mientras no existan, el partido sostiene la agenda pactada con el Gobierno. Una agenda centrada ahora en la transferencia de competencias pendientes, el terreno donde el PNV se juega credibilidad interna y externa.
Y es ahí donde aparece la segunda capa del mensaje: “quedan 30 días”. Una cuenta atrás que en el calendario jeltzale no es retórica, sino un recordatorio para el Ejecutivo: cumplir lo pactado no es un gesto, sino un requisito para sostener mayorías en un tiempo políticamente volátil.
Si Ansola fue preciso en su advertencia al Gobierno, lo fue aún más al analizar la estrategia del PP. Calificó de “muy indecente” construir una moción de censura con el apoyo de Vox en Euskadi, donde esa formación defiende abiertamente la recentralización y la eliminación del Concierto Económico. El PNV no suele emplear adjetivos gruesos; cuando lo hace, la intencionalidad es evidente.
La apelación de Feijóo a la “decencia” encuentra aquí su contrapunto: para los jeltzales no hay mayor incoherencia que defender el autogobierno mientras se buscan mayorías con quienes desean desmantelarlo. Es un reproche político, pero también identitario, porque afecta al núcleo de consensos básicos que articulan la Euskadi contemporánea.
La crítica no es menor: el PNV está marcando los límites de la aritmética parlamentaria en Madrid, pero también los contornos de su propio espacio en Euskadi. No está dispuesto a que la palabra “decencia” se utilice como comodín mientras se negocian alianzas con quienes cuestionan su existencia como partido.
Un escenario que se estrech pero no se cierra
La tesis de Ansola —ese “callejón sin salida”— describe más el ambiente que el destino. La legislatura atraviesa un momento frágil, desgastada por la presión judicial, la confrontación política extrema y una oposición que ha convertido cada investigación en una causa general contra el presidente. Pero el PNV no da por concluido el mapa, ni ve inevitable un adelanto electoral.
Su prioridad es otra: preservar la estabilidad suficiente para culminar transferencias pendientes, reforzar el autogobierno y mantener abiertas las vías de diálogo. Es una posición pragmática que incomoda a quienes buscan acelerar el colapso, pero que encaja con la tradición jeltzale: esperar a que hable la justicia, no las trincheras. Mientras tanto, los socios de investidura continúan negociando y el PNV recuerda que en política los callejones solo lo son cuando uno deja de moverse. Y ese no parece ser el caso.