La Comisión Europea ha decidido poner nombre jurídico a una vieja frustración del mercado único: en Europa sigue siendo mucho más fácil proclamar la unidad económica que practicarla. Su nueva respuesta se llama EU Inc., una propuesta presentada el 18 de marzo de 2026 con la que Bruselas quiere crear una forma societaria armonizada, opcional y “digital por defecto” para que una empresa pueda nacer, crecer y operar en toda la Unión sin quedar atrapada en el laberinto de 27 legislaciones nacionales y más de 60 fórmulas mercantiles distintas.
La promesa suena irresistible para cualquier ecosistema emprendedor: constituir una empresa en menos de 48 horas, por menos de 100 euros, íntegramente en línea y sin capital social mínimo. A eso se añaden trámites unificados, un principio de “solo una vez” para presentar documentación, transferencias digitales de acciones, procedimientos de insolvencia también digitales y un esquema común de stock options para atraer el talento que empieza a huir de Estados Unidos. Bruselas lo vende como la piedra angular del llamado “régimen 28”, es decir, una vía europea para evitar que cada expansión empresarial dentro de la UE siga tratándose como si fuera casi una aventura exterior.
El problema, claro, no está en la música, sino en la letra pequeña. Porque la Comisión presenta EU Inc. como una herramienta para “liberar todo el potencial del mercado único”, pero lo hace en un contexto político muy concreto: el de la obsesión europea por recuperar competitividad, cerrar la brecha de innovación frente a Estados Unidos y China y retener startups que demasiadas veces nacen aquí, se financian fuera y terminan floreciendo lejos de Europa. No es casualidad que la iniciativa enlazara primero con la Estrategia de la UE para startups y scaleups de mayo de 2025 y después con la agenda comunitaria nacida al calor del informe Draghi y la llamada Brújula para la Competitividad.
Traducido al lenguaje menos brillante de la economía real, Bruselas está admitiendo algo que llevaba años negando con retórica: el mercado único europeo sigue demasiado roto para las pequeñas y medianas empresas innovadoras. No por falta de discursos, sino por exceso de fricción. Cada país conserva sus registros, sus tiempos, sus costes, sus reglas societarias, sus inercias administrativas y buena parte de sus resistencias. El resultado es conocido: levantar una empresa en Europa puede ser perfectamente compatible con perder meses en burocracia antes de empezar a competir. Y miles de euros. Por eso la Comisión insiste en que EU Inc. no sustituirá las formas nacionales, sino que añadirá un marco opcional común para todo el bloque.
Hasta ahí, poco que objetar. El problema aparece cuando una simplificación jurídica se presenta casi como si fuera una solución total. Y no lo es. Porque el gran cuello de botella europeo no es solo registral. También es financiero, fiscal, judicial y político. Bruselas quiere hacer más fácil abrir una empresa; mucho menos claro está que haya resuelto cómo hacer más fácil escalarla, financiarla o evitar que termine absorbida por capital extranjero cuando necesita crecer de verdad. La propia estrategia comunitaria para startups reconocía ya en 2025 que Europa arrastra una brecha de financiación, un mercado de capital riesgo demasiado fragmentado y una participación insuficiente de grandes inversores institucionales.
Además, el debate social ha llegado casi al mismo tiempo que el anuncio. La Confederación Europea de Sindicatos sostiene que la propuesta no ofrece garantías suficientes para blindar los derechos laborales y teme que pueda abrir espacios para que las empresas “elijan” jurisdicciones con estándares más bajos. Esa preocupación no es menor: cuando Bruselas habla de flexibilidad, buena parte del mundo del trabajo escucha, con razón, la posibilidad de una nueva carrera hacia abajo. El precedente europeo de grandes liberalizaciones envueltas en lenguaje técnico no invita precisamente a la ingenuidad.
La Comisión intenta desactivar esa crítica asegurando que EU Inc. no altera las legislaciones sociales y laborales nacionales y que seguirán aplicándose plenamente las garantías del Estado miembro de registro, incluidas las normas sobre participación de los trabajadores. Ursula von der Leyen ha defendido públicamente que la propuesta respetará “en todos los sentidos” los estándares sociales existentes. Pero una cosa es la declaración política y otra la práctica futura de un marco pensado justamente para permitir que las empresas operen por encima de la fragmentación nacional. Ahí es donde estará el verdadero campo de batalla legislativo.
También hay reservas desde el propio ecosistema empresarial. Algunas voces del sector tecnológico celebran la iniciativa como un paso importante, pero al mismo tiempo advierten de que una simple capa digital sobre estructuras nacionales todavía fragmentadas no equivale a un mercado realmente unificado. En otras palabras: si EU Inc. acaba siendo una buena portada administrativa sin un cambio profundo en la infraestructura registral, judicial y financiera, el resultado puede quedarse bastante por debajo del relato con el que Bruselas la está vendiendo.
Lo que ahora empieza no es una aplicación inmediata, sino una negociación política. La propuesta tendrá que pasar por Parlamento Europeo y Consejo, y la propia Comisión ha pedido que el acuerdo llegue a lo largo de 2026. Ese proceso dirá mucho más que la nota de prensa inicial. Dirá si los Estados miembros están realmente dispuestos a ceder espacio en nombre del mercado único o si, una vez más, la integración europea será muy ambiciosa para pedir sacrificios y mucho más tímida cuando toca compartir soberanía efectiva.
EU Inc. puede ser una buena idea. Incluso una idea necesaria. Europa necesita menos burocracia inútil, menos duplicación normativa y menos castigo administrativo a quien intenta emprender dentro de sus propias fronteras. Pero si esa simplificación se convierte en coartada para adelgazar controles, tensionar derechos o esconder que el problema de fondo sigue siendo la falta de inversión y de músculo productivo propio, entonces no estaremos ante una refundación del mercado único, sino ante otra operación de maquillaje competitivo con firma de Bruselas. Y de eso, en Europa, ya hemos visto demasiado.