Tras la publicación de los documentos desclasificados del 23F, los defensores de la monarquía, tanto de izquierdas como de derechas, salieron en tropel a reclamar que Juan Carlos I retornara a España. Sin embargo, el rey emérito se encuentra en Abu Dabi por los casos de presunta corrupción y por el confirmado fraude a Hacienda, no por el 23F.
La historia de los Borbones en España discurre en paralelo a la construcción del Estado moderno, pero también a la consolidación de un patrón menos edificante: la vinculación entre Corona, negocios y poder político. A lo largo de dos siglos, distintos monarcas de la dinastía han sido señalados por su participación, directa o indirecta, en operaciones empresariales, concesiones públicas, guerras coloniales o incluso en el tráfico atlántico de esclavos. El resultado es una genealogía donde la legitimidad simbólica de la “sangre azul” convivió con una sostenida vocación mercantil del trono.
El “negocio de la guerra”: Alfonso XIII y Marruecos
El caso paradigmático de esa simbiosis entre Estado y negocio fue el reinado de Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI. La intervención española en el Rif, que desembocó en el desastre militar de 1921, no puede entenderse sin considerar los intereses económicos en juego.
La llamada guerra de Marruecos no fue solo una empresa colonial tardía. Fue también un vasto sistema de concesiones mineras (hierro y fosfatos) en el que confluyeron capital privado y respaldo institucional. El monarca fue socio de empresas beneficiarias de la explotación del Rif y, según abundante literatura historiográfica, habría percibido comisiones por contratos de suministros militares. La derrota de Annual, que costó la vida a más de 20.000 soldados, en su mayoría reclutas de extracción humilde, pues la redención en metálico permitía evitar el servicio militar a cambio de 1.000 pesetas, reveló el coste humano de una guerra donde el interés económico y la estrategia política se entrelazaron peligrosamente.
El conflicto supuso un desembolso multimillonario para un Estado ya debilitado. Parte de ese flujo financiero, según distintas investigaciones, habría terminado en cuentas en el extranjero vinculadas al entorno regio. La caída de la monarquía en 1931 y la proclamación de la Segunda República Española no solo respondieron a la crisis institucional, sino también a un desgaste moral asociado a estas prácticas.
Pero Marruecos no fue el único frente empresarial del monarca. Bajo su reinado, la Corona mantuvo intereses en compañías de servicios públicos, como la Compañía Trasmediterránea, y en el sistema de apuestas de los canódromos. La República intentó desmantelar ese entramado y promovió acciones judiciales que acusaban al exrey de enriquecimiento ilícito. El mensaje político era claro: la modernización institucional exigía separar la jefatura del Estado del lucro privado.
Fernando VII de España y la flota rusa
Si Alfonso XIII perfeccionó el modelo, su antecedente más claro fue Fernando VII de España. En plena crisis imperial, cuando las colonias americanas se sublevaban, la necesidad de reforzar la Marina dio lugar a una operación de compra de buques al Imperio ruso. La transacción, negociada con la corte del zar, resultó ruinosa: los navíos llegaron en estado inservible y no pudieron cruzar el Atlántico.
El escándalo no radicó únicamente en la inutilidad del material adquirido, sino en las comisiones que habrían lubricado la operación. El dinero público se evaporó. Las responsabilidades políticas, en cambio, nunca se depuraron. El patrón quedaba fijado: crisis nacional, urgencia estratégica y oportunidad de intermediación.
El triángulo atlántico borbónico
Tras la pérdida de la mayor parte del imperio americano, España conservó Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En la isla caribeña, el azúcar y el café se convirtieron en pilares de una economía intensiva en mano de obra esclava. Aquí la Corona volvió a situarse en el centro de un triángulo de intereses formado por la familia real, armadores peninsulares y la oligarquía colonial.
Aunque la trata fue prohibida por varias potencias europeas tras la Revolución Francesa, en la práctica continuó durante décadas. Fernando VII de España habría facilitado cobertura legal a los intereses esclavistas. Su viuda, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, instauró un sistema de cuotas por cada esclavo introducido en Cuba, ingresos que percibía directamente. La práctica persistió bajo el reinado de Isabel II de España.
El resultado fue una estructura de beneficios donde la monarquía no era un actor pasivo. Los barcos partían hacia el golfo de Guinea, cargaban en enclaves clandestinos gestionados por redes internacionales y descargaban en el Caribe bajo la tolerancia de autoridades locales. La abolición definitiva en 1886 llegó tarde para las generaciones que habían cimentado fortunas, algunas de ellas origen de grandes grupos empresariales contemporáneos.
Reputación en la era contemporánea
El siglo XX no cerró del todo esa tradición de ambigüedad entre función pública y negocio privado. Las controversias que afectaron a Juan Carlos I, desde comisiones en contratos internacionales hasta la gestión opaca de patrimonio en el extranjero, reavivaron el debate histórico.
La abdicación de Juan Carlos I y el ascenso de Felipe VI han ido acompañados de un esfuerzo explícito por reforzar estándares de transparencia y ejemplaridad. Sin embargo, la memoria histórica pesa. Cada escándalo contemporáneo es interpretado a la luz de un linaje donde la frontera entre patrimonio dinástico y patrimonio nacional fue, durante demasiado tiempo, porosa.
Legitimidad y mercado
El problema no radica en episodios aislados, sino en una cultura política donde la Corona actuó como actor económico en momentos clave: guerras coloniales, expansión ultramarina, concesiones públicas o mercados ilícitos. En ausencia de contrapesos institucionales sólidos, la tentación de capitalizar la posición de poder resultó recurrente.
La legitimidad se sostiene en la neutralidad política y la distancia respecto al interés privado. La experiencia española muestra que esa separación fue tardía y conflictiva. La historia de los Borbones sugiere que el desafío no es nuevo. Lo novedoso es que, en el siglo XXI, la tolerancia pública hacia la opacidad es mucho menor que en los días en que los barcos del zar llegaban inservibles a Cádiz o en que el azúcar cubano endulzaba fortunas construidas sobre cadenas.