Hay conceptos que parecen haberse ido desvaneciendo del vocabulario político contemporáneo. Uno de ellos es el bien común. Durante décadas ocupó un lugar central en las democracias occidentales. No implicaba que desaparecieran los conflictos ideológicos ni que todos los actores políticos compartieran una misma visión del mundo. Significaba algo más sencillo. La convicción de que existían ciertos intereses colectivos que merecían ser protegidos con independencia de quién ocupara el gobierno o los escaños de la oposición.
Basta observar el debate público de los últimos años para comprobar hasta qué punto esa noción ha perdido presencia en la conversación política.
La política española lleva años instalada en una dinámica de enfrentamiento casi permanente. Cada debate parlamentario, cada medida gubernamental y cada acontecimiento relevante parecen interpretarse en función de su utilidad electoral inmediata. La lógica del acuerdo ha cedido terreno frente a la lógica del desgaste. Con demasiada frecuencia, la pregunta ya no es cómo resolver un problema, sino quién obtiene ventaja política de él.
Mientras la política vive instalada en una campaña electoral casi permanente, la vida sigue discurriendo por otros caminos. La preocupación de muchas familias no gira alrededor de la última polémica parlamentaria ni de la batalla diaria en las redes sociales. Tiene más que ver con encontrar una vivienda asequible, conseguir una cita médica en un plazo razonable, acceder a una educación de calidad o llegar a final de mes sin sobresaltos. Son problemas que no distinguen entre votantes de izquierda o de derecha y que exigen respuestas sostenidas en el tiempo, algo difícil de construir en un clima de enfrentamiento constante.
La polarización no es un fenómeno exclusivamente español. Afecta a buena parte de las democracias occidentales. Las redes sociales premian los mensajes más emocionales, los algoritmos favorecen la indignación y el conflicto suele captar mucha más atención que los matices. Pero reconocer esa realidad no debería llevarnos a aceptarla como inevitable.
Una democracia no se fortalece cuando convierte al adversario en un enemigo irreconciliable. Se fortalece cuando es capaz de gestionar los desacuerdos dentro de unas reglas compartidas y de preservar espacios de entendimiento incluso entre quienes mantienen posiciones profundamente distintas.
España no ha permanecido al margen de esta deriva. La confrontación se ha convertido en una herramienta habitual para prácticamente todas las fuerzas políticas, aunque no todas la utilizan con la misma intensidad ni con los mismos objetivos. En los últimos años, una parte importante de la estrategia de la derecha ha girado alrededor de la impugnación constante de la acción del Gobierno, incluso en ámbitos donde tradicionalmente existían márgenes para el acuerdo institucional.
El Partido Popular intenta proyectar una imagen de moderación bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, esa estrategia convive con una oposición especialmente dura y con una creciente dependencia de Vox en numerosos territorios. Esa dualidad termina condicionando buena parte del debate público y dificulta la construcción de consensos amplios sobre cuestiones fundamentales.
Resulta complicado apelar a la estabilidad institucional mientras se alimenta de forma recurrente la idea de que las instituciones pierden legitimidad cuando los resultados electorales no son los deseados. Del mismo modo, resulta difícil reivindicar el respeto a las reglas democráticas y cuestionar constantemente la legitimidad de gobiernos surgidos de las urnas simplemente porque representan proyectos políticos diferentes.
La crítica forma parte de la democracia y constituye una herramienta imprescindible de control político. El problema aparece cuando la crítica deja paso a la deslegitimación sistemática y cuando la discrepancia se transforma en sospecha permanente.
En ese escenario, Vox ha desempeñado un papel especialmente relevante. Su proyecto político se articula alrededor de una lógica de confrontación continua en la que siempre existe un adversario al que señalar. La inmigración, el feminismo, los medios de comunicación, las instituciones europeas o las organizaciones sociales aparecen frecuentemente convertidos en amenazas dentro de un relato político basado en la división entre bloques enfrentados.
Desde esa lógica, el bien común pierde espacio frente a la defensa de identidades cada vez más cerradas. Lo importante deja de ser aquello que une a la sociedad para centrarse exclusivamente en aquello que la separa.
Las consecuencias saltan a la vista. El debate público se vuelve más áspero, los consensos resultan más difíciles de alcanzar y la ciudadanía asiste con creciente cansancio a una sucesión de enfrentamientos que rara vez se traducen en soluciones concretas.
Y, sin embargo, los grandes desafíos siguen ahí. El acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la transformación tecnológica, el envejecimiento de la población, la transición ecológica o la necesidad de fortalecer los servicios públicos exigen políticas sostenidas en el tiempo y acuerdos que trasciendan los calendarios electorales. Ninguno de esos retos puede afrontarse con éxito desde una lógica de trincheras permanentes.
No resulta extraño que una parte creciente de la sociedad manifieste síntomas de fatiga política. No porque haya dejado de creer en la democracia, sino porque percibe una distancia cada vez mayor entre sus preocupaciones cotidianas y los debates que monopolizan buena parte de la agenda pública.
El bien común no exige unanimidad ni obliga a renunciar a las convicciones ideológicas. Reclama algo bastante más elemental. La capacidad de reconocer que existen intereses generales que merecen ser defendidos incluso cuando no generan beneficios electorales inmediatos.
Las grandes conquistas sociales de las últimas décadas nacieron precisamente de esa visión. La sanidad pública, la extensión de la educación, el sistema de pensiones o buena parte de los avances en derechos civiles fueron posibles porque hubo responsables políticos capaces de mirar más allá de la siguiente cita con las urnas.
Conviene recuperar una idea que durante mucho tiempo pareció evidente. Gobernar no consiste únicamente en administrar mayorías y hacer oposición no puede reducirse a erosionar al adversario. Ambas tareas deberían estar orientadas a proteger aquello que pertenece a todos.