José María Aznar no hizo una introducción para presentar a Esther Muñoz en el Nueva Economía Forum: dictó una pena capital política. Con voz de viejo tribunal, el expresidente urdió un alegato que transforma la complejidad parlamentaria en un relato maniqueo y catastrofista. A lo largo de su intervención, Aznar equipó la exposición sobre la trayectoria de Muñoz con una retórica incendiaria, afirmando que España vive una “patología política” y denunciando que “tenemos en España un Gobierno rehén voluntario de sus socios, arrastrando improductivamente una legislatura bloqueada”. Ese golpe de efecto —adecuado para titulares— funciona bien como llamada de atención, pero es pobre como diagnóstico: sustituye el análisis por la pulsión de acusar y deslegitimar.
La estrategia es doble: personalizar la crítica y cosmética institucional. Aznar recurre sistemáticamente a la descalificación moral —habla de “corrupción” y de un “pacto fáustico” que “entrega el alma del Estado”— y, al mismo tiempo, invoca la defensa de las formas constitucionales para legitimar su revuelta discursiva. Acusa al Ejecutivo de “minar la independencia judicial” y de gobernar “de espaldas al Parlamento”, y recuerda que “España es una democracia parlamentaria por definición constitucional” como si tal evidencia disipara la necesidad de pruebas y matices. Pero esa retórica patriótica se convierte en arma cuando se mezcla con omisiones: no problematiza sus propias responsabilidades pasadas ni sitúa en contexto las alianzas y dinámicas parlamentarias que configuran los gobiernos en sistemas fragmentados.
Aznar también apela a la historia para edificar autoridad: desde León y las Cortes de 1188 hasta la Constitución de 1978, traza una genealogía del parlamentarismo para acusar a sus rivales de herejía institucional. “Esther lleva a gala que su tierra fuera cuna del parlamentarismo… la tradición parlamentaria la lleva, podemos decir, incorporada”, dice, y se sirve de ese prestigio ancestral para magnificar la supuesta traición actual. Es un movimiento eficaz en términos simbólicos, pero falaz como argumento concreto: la apelación a raíces medievales no sustituye la necesidad de pruebas sobre decisiones políticas contemporáneas ni explica por qué la política actual sería una excepción histórica tan absoluta como él pretende.
La pieza central de su alegato es la idea de que las próximas elecciones no son una alternancia normal, sino una “decisión sobre la supervivencia o la liquidación de la nación constitucional”. “No nos jugamos un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema”, proclama Aznar, y con ello eleva la contienda política a la categoría de choque civilizatorio. Ese dramatismo deliberado cumple una función: convertir la política cotidiana en heroicidad y al contrario en traición. Es la táctica clásica del alarmismo político: si todo es extremo, cualquier respuesta extrema se presenta como proporcional y urgente.
Resulta urgente preguntar por la ética de este discurso desde la experiencia histórica del propio emisario. Aznar, cuyas decisiones pasadas y posicionamientos internacionales han generado debates y críticas persistentes, opta por una estrategia que evita la autocrítica y que desborda los límites de la argumentación democrática razonada en favor de la épica conservadora. La insistencia en que “se entrega el alma del Estado” y la acusación de que La Moncloa se habría convertido en “una delegación madrileña del secesionismo” no sólo caricaturizan el adversario; construyen una narrativa donde la política se convierte en guerra cultural permanente, lo que alimenta la polarización que él dice lamentar.
En su ataque al presidente del Gobierno, Aznar cruza el umbral de la descalificación personal: la risita en el Congreso (“Sus risas en el Congreso, su falta de respeto a la representación nacional, la resolvieron la semana pasada”) se convierte en prueba de ilegitimidad moral y política. Ese gesto muestra cómo los símbolos y las anécdotas se transforman en evidencia en el nuevo periodismo de lealtades: la risa, aislada de contexto, vale más que el escrutinio real de políticas públicas o el análisis de gestión.
El resultado es una intervención que funciona como panfleto de campaña y como manual de crispación. Aznar no ofrece un plan de reconstrucción institucional detallado, más allá de proclamar la necesidad de una “mayoría nacional”; ofrece, en cambio, un diagnóstico absoluto que reclama adhesión emocional y movilización. “Esa mayoría será nacional o no será”, advierte, proponiendo una gran coalición mítica que, en su formulación, parece diseñada menos para la negociación política que para la homogeneización de una base social concreta.
Para quien busque argumentos, la retórica de Aznar es insuficiente: confunde intención con demostración y amenaza con tratar a la disidencia como problema existencial en lugar de interlocutor político. Más peligroso aún, su discurso alimenta una lógica de delegitimación perpetua: si el adversario es equivalente a la liquidación de la nación, la política deja de ser un campo de disputas razonadas para convertirse en una lucha a vida o muerte, donde la exclusión, la desconfianza y la deshumanización quedan habilitadas como instrumentos legítimos.
Queda en pie la pregunta que el discurso evita: ¿cómo reconstruir la confianza en las instituciones si quienes declaman su defensa practican una retórica que erosiona precisamente la base del acuerdo público? Aznar exige fidelidades amplias y sacramentales sin someter a su propio diagnóstico a escrutinio; reclama una “mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez”, pero no precisa cómo integrar pluralidad y debate en una estrategia que, hasta ahora, prefiere la condena moral y la teatralidad política.
En definitiva, la intervención de Aznar es una lección de estilo en el arte de polarizar: emplea historia, indignación y alusiones a la corrupción para construir una narrativa totalizadora que tiene más que ver con la búsqueda de poder simbólico que con la propuesta de soluciones públicas verificables. La política, en su versión aznarista de esta tarde, se reduce a una pugna de legitimidades: la suya frente a la del adversario, sin que el ciudadano encuentre en ese intercambio razones prácticas para mejorar su vida cotidiana. Esa es, quizá, la paradoja más inquietante: al denunciar la degradación institucional, el discurso aporta una nueva patología: la de una oposición que, al convertir la política en causa moral, contribuye ella misma a la erosión de las formas democráticas que dice defender.