En Bruselas nadie habla ya de austeridad. Se habla de “sendas fiscales individualizadas”, de “anclajes de deuda” y de “planes estructurales a medio plazo”. La semántica ha mejorado desde 2012. La aritmética, no tanto. Con las reglas fiscales plenamente reactivadas desde 2025 y los primeros planes nacionales ya evaluados por la Comisión, el ajuste regresa con traje técnico y modales prudentes. No hay hombres de negro; hay hojas de cálculo.
La reforma del marco fiscal europeo, pactada tras años de suspensión por la pandemia y la guerra en Ucrania, prometía flexibilidad. Cada Estado presentaría su propia senda de reducción de deuda, negociada bilateralmente con la Comisión, con margen para inversiones prioritarias —transición verde, digitalización, defensa— y con un horizonte de cuatro a siete años. La palabra clave era “realismo”.
En febrero de 2026, ese realismo se traduce en compromisos concretos: reducción gradual del déficit estructural, control del gasto primario neto y una vigilancia más sofisticada, pero no menos exigente. España, con una deuda en torno al 107% del PIB y un déficit todavía por encima del 3% tras el repliegue de las medidas anticrisis, ha presentado un plan que combina crecimiento moderado con consolidación fiscal progresiva. La promesa es sencilla: ajustar sin asfixiar.
El problema es que el verbo ajustar siempre tiene consecuencias, aunque se conjugue en voz baja.
El ajuste sin recorte
La nueva arquitectura fiscal no exige recortes lineales, pero sí límites estrictos al crecimiento del gasto. La diferencia es técnica y políticamente relevante.
El mecanismo funciona así: la Comisión fija una trayectoria de gasto compatible con la reducción de deuda. Si el PIB crece menos de lo previsto o los ingresos fiscales se enfrían, el margen se estrecha. No se ordena recortar; se impide gastar más de lo pactado. Es una forma elegante de disciplina presupuestaria.
En la práctica, varios ministerios y comunidades autónomas ya han empezado a recalibrar inversiones. No hay grandes anuncios de tijera, pero sí aplazamientos, priorizaciones y revisiones de programas. El gasto social no desaparece, pero compite con nuevas prioridades estratégicas. El rearme europeo, por ejemplo, goza de una flexibilidad que no siempre acompaña a la dependencia o a la vivienda pública.
El Gobierno español defiende que esta consolidación es compatible con el Estado del bienestar y recuerda que el crecimiento económico —superior a la media europea en 2025— facilita el ajuste. Es cierto. También lo es que el ciclo económico no es una política pública.
Desde una perspectiva progresista, el debate no es si debe existir responsabilidad fiscal, sino quién soporta el peso del ajuste cuando llega la desaceleración. La experiencia de la pasada década dejó una enseñanza incómoda: la austeridad no fue neutral.
La novedad ahora es el método. Bruselas ya no impone objetivos homogéneos; negocia trayectorias. Los gobiernos pueden presentar reformas estructurales como argumento para ganar tiempo. El discurso es cooperativo. El control, minucioso.
Algunos economistas celebran que el nuevo marco evite errores procíclicos. Otros advierten que la obsesión por la deuda puede frenar la inversión pública justo cuando Europa necesita competir tecnológicamente con Estados Unidos y China. Entre ambos polos, la política intenta no reabrir heridas retóricas.
La palabra austeridad quedó dañada en el imaginario colectivo. Nadie quiere reivindicarla. Pero la disciplina fiscal nunca se fue; solo estuvo suspendida. Ahora regresa con menos dramatismo y más tecnocracia.
La pregunta no es si Europa vuelve a ajustar. La pregunta es si esta vez el ajuste será compatible con una agenda social ambiciosa o si, como en ocasiones anteriores, el equilibrio terminará inclinándose hacia la contención permanente.
De momento, el lenguaje tranquiliza. Las cifras esperan.