Durante días, el debate sobre las bajas laborales ha sido presentado como una discusión moral sobre el supuesto abuso del sistema. Pero esa lectura se queda corta, porque el movimiento de Alberto Núñez Feijóo ha abierto una grieta mucho más delicada dentro del Partido Popular: al cargar contra la incapacidad temporal como problema nacional, ha terminado empujando el foco hacia la gestión sanitaria de sus propios barones, que son quienes administran buena parte de las palancas que explican por qué las bajas crecen y por qué duran tanto. Lo que parecía un mensaje duro contra los trabajadores y contra el Gobierno central ha acabado siendo, en realidad, un examen a la capacidad de respuesta de las autonomías populares.
La escena política es reveladora. La patronal insiste en el coste del absentismo, los sindicatos recuerdan que millones de empleados van enfermos a trabajar por miedo al despido y los expertos subrayan que el sistema sanitario tiene un papel decisivo en la duración de las bajas. En ese triángulo, Feijóo ha optado por una línea de ataque que lo aproxima al discurso empresarial más duro, pero esa elección lo obliga a convivir con una contradicción incómoda: si el problema de fondo es la incapacidad del sistema para atender a tiempo a los pacientes, entonces las comunidades del PP dejan de ser parte del decorado y pasan a ocupar el centro de la escena. Y ahí el mensaje deja de ser cómodo.
La discusión no es menor porque las cifras ya no admiten el viejo recurso a la anécdota. En España hay más personas que nunca esperando una operación, con 853.509 pacientes en lista quirúrgica a cierre de diciembre de 2025, según los datos del Ministerio de Sanidad, y un tiempo medio de espera de 121 días. La propia estadística reconoce además que el sistema arrastra una presión sostenida que no se explica solo por el envejecimiento o por una coyuntura puntual, sino por problemas estructurales de acceso y gestión. Cuando el acceso a un especialista o a una intervención se retrasa, la recuperación se ralentiza; cuando la recuperación se ralentiza, la baja se alarga. Esa cadena es la que ha querido poner sobre la mesa la Airef y la que ahora devuelve el debate a las comunidades autónomas.
La Airef no se quedó en una intuición. En su análisis sobre la incapacidad temporal advirtió de una correlación positiva entre los tiempos de espera sanitaria y la duración de las bajas, especialmente en los procesos quirúrgicos. También subrayó que la relación es más clara en especialidades donde la intervención es decisiva para cerrar el proceso clínico, como traumatología, angiología u oftalmología, y más débil en otras áreas con mayor margen de programación. Dicho de otro modo: el sistema sanitario no solo cura o retrasa; también modula el tiempo que un trabajador permanece fuera del puesto. Por eso el debate no puede reducirse a una disputa ideológica sobre el absentismo. La gestión sanitaria importa, y mucho.
Ahí es donde Feijóo queda atrapado por su propio marco. Si el líder del PP presenta las bajas como un síntoma de descontrol, debe responder por qué las comunidades que gobierna no están resolviendo con mayor eficacia los cuellos de botella asistenciales que prolongan esos procesos. Y si intenta trasladar toda la responsabilidad al Gobierno central, choca con una realidad competencial incómoda: la sanidad está transferida, las listas de espera se gestionan en los territorios y el margen de mejora depende, en gran parte, de los ejecutivos autonómicos. La aritmética política es clara, aunque resulte incómoda para Génova: cuanto más duro sea el discurso contra la incapacidad temporal, más expuesta queda la gestión de los barones del PP.
Ese choque se ha hecho visible en la reacción de los sindicatos. UGT ha interpelado directamente al PP para que, si de verdad le preocupan las bajas, exija el refuerzo de la sanidad pública en aquellas comunidades donde gobierna y donde las listas de espera alargan innecesariamente miles de procesos. CC OO, en la misma línea, ha insistido en que el incremento y la duración de las bajas están ligados a la situación de la atención sanitaria, a la demora en citas y pruebas diagnósticas y a la saturación de la red pública. El mensaje sindical no es solo una defensa corporativa del trabajador; es una acusación política muy concreta: no se puede pedir disciplina laboral mientras se tolera una sanidad que llega tarde.
La patronal, por su parte, también ha empujado el debate hacia ese terreno, aunque desde una posición distinta. Antonio Garamendi ha reclamado más médicos, más psicólogos, más coordinación con las mutuas y mayor capacidad del sistema para reducir la duración de las bajas. El fondo de su argumento coincide con el diagnóstico técnico de la Airef: el problema no se resuelve solo por la vía disciplinaria ni con castigos sobre el salario del enfermo, sino reforzando la capacidad asistencial y mejorando la coordinación institucional. La diferencia está en el énfasis, no en la conclusión: el sistema sanitario tiene un peso decisivo y, por tanto, las autonomías no pueden esconderse detrás de un debate sobre el absentismo.
En ese contexto, la ofensiva de Feijóo adquiere un matiz casi autolesivo. Quiso transmitir firmeza frente a las bajas, pero el efecto político ha sido otro: ha puesto en circulación un debate que obliga a evaluar la eficacia de sus propios gobiernos regionales en materia sanitaria. No se trata solo de cuánto tarda una cita, una prueba o una intervención, sino de cuán rápido una comunidad es capaz de absorber pacientes, cerrar diagnósticos y permitir que el trabajador vuelva a su puesto. La comparativa territorial, además, impide cualquier lectura simplista. Andalucía puede presentar una de las peores demoras quirúrgicas y, sin embargo, no encabeza la incidencia de incapacidad temporal; otras comunidades sostienen bolsas elevadas de bajas durante más tiempo; Madrid aparece con mejores tiempos medios de espera quirúrgica; y el mapa final demuestra que el fenómeno depende de muchos factores, no de uno solo.sanidad.
Ese es precisamente el terreno donde el PP tiene más que perder. Porque si el debate se desplaza hacia la eficiencia del sistema sanitario, la conversación deja de ser abstracta y se vuelve territorial. Las comunidades gobernadas por el partido pasan a ser comparadas entre sí, y el liderazgo de Feijóo queda atado al rendimiento de esos ejecutivos. No es un escenario cómodo para quien pretende capitalizar el malestar social con un discurso de orden. Cada retraso, cada demora diagnóstica, cada espera prolongada en una especialidad delicada se convierte en un argumento contra la eficacia del modelo que administran sus propios dirigentes regionales.
La clave política está en que Feijóo ha elegido un ángulo de ataque que no controla del todo. Si insiste en el absentismo, corre el riesgo de aparecer como un líder que castiga al trabajador enfermo. Si reconoce que el sistema sanitario es parte del problema, asume que la solución depende en gran medida de sus barones autonómicos. Si intenta culpar al Gobierno central, el reparto competencial y los datos de listas de espera le recuerdan que la responsabilidad está repartida. En los tres escenarios, la historia no le favorece. Y eso explica por qué la discusión, lejos de apagarse, se ha convertido en una prueba de estrés para el PP territorial.
La dimensión sanitaria tampoco es un detalle secundario. La Airef ha explicado que las demoras no solo afectan al ámbito clínico, sino también a la recuperación funcional y a la reincorporación laboral. En estudios citados por el organismo, cada diez días adicionales de espera para una cirugía ortopédica pueden traducirse en 2,6 días más de baja, y las demoras quirúrgicas prolongadas incrementan la ausencia laboral por motivos de salud y la probabilidad de incapacidad permanente. Cuando ese efecto se suma a listas saturadas, consultas aplazadas y pruebas que tardan meses, el resultado es una baja que se alarga no por voluntad del trabajador, sino por la lentitud del sistema. Ese dato debería estar en el centro de cualquier análisis serio sobre la incapacidad temporal.
Pero Feijóo ha preferido llevar el debate a otro terreno, y eso tiene coste. La crítica al abuso solo funciona si el sistema ofrece respuestas rápidas y proporcionales. Cuando la red sanitaria se atasca, la idea de que el problema se resuelve apretando al trabajador pierde credibilidad. Las comunidades autónomas, por tanto, no son un actor secundario, sino la pieza que puede confirmar o desmentir el relato del PP. Si los gobiernos regionales no mejoran la atención primaria, no reducen demoras y no refuerzan la capacidad diagnóstica, el mensaje de dureza contra las bajas se vuelve políticamente frágil y socialmente impopular.
Además, el conflicto se produce en un momento en que el diálogo social ha intentado, con éxito limitado, corregir parte del problema. El acuerdo de septiembre de 2024 entre Seguridad Social, sindicatos y patronales para dar más protagonismo a las mutuas en determinadas bajas de origen musculoesquelético depende de convenios con las comunidades autónomas, y su aplicación avanza con lentitud desigual. Solo algunas autonomías han suscrito esos convenios, mientras la mayoría de los gobiernos del PP no lo han hecho. Ese retraso institucional añade otra capa de contradicción: se pide eficiencia en el debate público, pero no siempre se activa la maquinaria administrativa necesaria para conseguirla.
En el fondo, lo que está en juego no es solo una disputa sobre bajas médicas, sino el modelo de país que se quiere defender desde la oposición. Feijóo ha optado por una lectura punitiva, muy conectada con la lógica del coste y de la productividad, pero esa estrategia le obliga a convivir con datos que apuntan en dirección contraria: la sanidad pública está saturada, las listas de espera pesan sobre la duración de las bajas y las comunidades autónomas —también las del PP— tienen margen de mejora y responsabilidad directa. Cuando un líder político convierte un problema complejo en un reproche lineal, corre el riesgo de que el sistema le devuelva el golpe con la misma crudeza.
Por eso este episodio no debería leerse como una simple polémica más. Es una radiografía del límite político de Feijóo y, al mismo tiempo, una advertencia a los barones regionales que gobiernan bajo su marca. Si la sanidad autonómica no responde, el discurso contra las bajas se vuelve contra quien lo lanza. Si el PP no coordina mejor sus territorios, la crítica al absentismo acabará revelando una debilidad mayor: la incapacidad del partido para alinear su relato nacional con la realidad de sus propias administraciones. Y en política, pocas cosas resultan tan corrosivas como descubrir que el enemigo que uno quería señalar está demasiado cerca del espejo.
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