Ya nadie duerme tranquilo en el complejo del Palacio de la Moncloa. Lo que empezó como un rumor sordo se ha convertido en un estado de nerviosismo absoluto. Al principio, la portavocía del Gobierno intentó vender que el ataque híbrido contra Ceuta era solo una crisis migratoria especialmente dura. Un episodio trágico, sí, pero manejable. Pues bien, el asunto ha dado un vuelco de los que hacen temblar a un Ejecutivo. Bajo el bisturí de la Audiencia Nacional, la historia ha mutado en un caso penal de los que marcan época.
La jueza María Tardón no se ha quedado en la superficie de la tragedia. No. Ha mirado más arriba. Ha puesto el foco en la gran pregunta que hoy quita el sueño en el Ministerio del Interior y en el propio gabinete de Pedro Sánchez sobre qué demonios sabían en Madrid antes de que la frontera saltara por los aires, qué órdenes dieron o cuáles callaron.
El último auto de la jueza ha caído en los despachos oficiales como una bomba de racimo. Tardón ha pedido cuentas a la Comisaría General de Extranjería, a la de Información y, como decía José María García, ojo al dato, al mismísimo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el hombre al mando de la ciberseguridad militar. Quiere todos los papeles. Todas las alertas de inteligencia emitidas entre el 20 de julio y el 7 de agosto. Con nombres, apellidos, destinatarios y horas de entrega.
Es decir, la magistrada ya no busca responsabilidades en los despachos locales de Ceuta. Ha saltado por encima de la Delegación del Gobierno y apunta directo a la cúpula en Madrid.
Ahí no queda la cosa. El encuadre legal que le ha dado al caso es, francamente, para ponerse a temblar. La jueza no habla de un simple drama humanitario. Considera que lo vivido en la valla fue un ataque deliberado contra la integridad de España, una jugada de "guerra híbrida" diseñada al milímetro en la zona gris de la diplomacia. Y para sostener semejante tesis, se ha apoyado en el propio Sánchez, recordando que el presidente, al pisar la ciudad el 31 de julio, calificó el episodio como un ataque a la soberanía nacional. Vaya ironía. Las propias palabras del presidente convertidas en el pilar de la acusación.
Hablamos del artículo 590.1 del Código Penal. Un rincón oscuro del código reservado para delitos que ponen en jaque la paz o la independencia del país. Castiga con hasta 15 años de cárcel a las autoridades que, por acción u omisión no autorizada, expongan a los ciudadanos a represalias o rozuen una declaración de guerra. La Audiencia Nacional no solo busca a los culpables al otro lado de la frontera marroquí; quiere saber si la inacción o la torpeza de los altos cargos españoles facilitó la embestida.
Como se pueden imaginar, en el PSOE y en el Gobierno saltaron todas las alarmas. De repente, la palabra "asalto" pasó a ser un tabú absoluto en las ruedas de prensa y se volvió al discurso de la "gestión fronteriza". Incluso Salvador Illa salió a la palestra para criticar veladamente a los jueces, diciendo que le parecía "enormemente extraño" el rumbo que estaban tomando las investigaciones. Cuando los políticos empiezan a cargar contra las togadas en público, es que el agua les llega al cuello.
Para reconstruir este puzle, la jueza ha citado como testigos al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, al jefe de la Policía y al recién dimitido jefe de Gabinete del delegado del Gobierno. La declaración de Vivas promete ser una mina de oro. El líder ceutí lleva meses gritando a los cuatro vientos que Madrid los dejó tirados en el momento más crítico. Un choque frontal en toda regla: la Moncloa echándole la culpa al caos organizativo de la ciudad, y la ciudad acusando al Gobierno central de abandono de funciones.
Mientras tanto, la jueza mantiene en el aire la imputación del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Prefiere amarrar primero todos los documentos, los correos y las llamadas de la cúpula militar antes de darle el pase al banquillo.
A todo esto hay que sumarle la causa por homicidio imprudente por las vidas perdidas en el mar. La bola de nieve es ya tan grande que resulta imposible de frenar con un par de frases amables en rueda de prensa. Mientras la Moncloa intenta vender que la crisis con Marruecos está reconducida y que la relación es excelente, en los despachos de la Audiencia Nacional se acumulan los registros de llamadas. Y esos papeles amenazan con demostrar que alguien, muy arriba en la pirámide del Estado, vio llegar el golpe y prefirió mirar hacia otro lado.
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