El Juzgado de Instrucción número 4 de València ha decretado el sobreseimiento libre de la causa abierta contra José María Ángel Batalla, excomisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación tras la dana, por presunta falsedad documental.
La decisión judicial se basa en que los hechos denunciados han prescrito y, por tanto, la posible responsabilidad penal ha quedado extinguida.
Prescripción de los hechos
El magistrado ha fundamentado su decisión en que el delito de falsedad documental se consuma de forma instantánea, aunque tenga efectos permanentes en el tiempo. Según el auto judicial, “ya se aplique el delito del artículo 390 o el artículo 392 del Código Penal, con plazos de prescripción de diez o de cinco años, respectivamente, los hechos denunciados están notoriamente prescritos”.
El instructor ha sido contundente al afirmar que “los hechos denunciados habrían prescrito cuanto menos hace 30 años”. La denuncia se refería a la supuesta falsificación en 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía de la Universitat de València.
Jurisprudencia aplicada
El magistrado ha citado jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Sevilla y Valencia, así como del Tribunal Supremo, para sostener que el delito de falsedad documental no es permanente según el artículo 132 del Código Penal. En particular, ha mencionado un auto de la Audiencia de Valencia del 12 de noviembre de 2019 que establece que este tipo de delito, aunque produzca efectos prolongados, se distingue de aquellos que se consuman de forma prolongada en el tiempo.
La denuncia de Manos Limpias
La denuncia había sido presentada por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias tras conocerse las conclusiones del informe de la Agencia Valenciana Antifraude. Esta investigación se inició el pasado abril después de una denuncia anónima y concluyó que José María Ángel había utilizado un título “presumiblemente falso” para acceder a la función pública en la Diputación de Valencia.
Dimisión y consecuencias personales
José María Ángel presentó su dimisión el 31 de julio tras hacerse público el caso. En su carta de renuncia, dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el político socialista denunciaba “reiteradas actitudes de inquina hacia su persona, con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente”.
El excomisionado, que también fue alcalde de L’Eliana durante 18 años y presidente del PSPV-PSOE, atravesó momentos muy difíciles tras el escándalo. Unos días después de su dimisión sufrió un intento de suicidio y estuvo hospitalizado, aunque posteriormente recibió el alta médica.