Alemania vuelve a debatir su política sobre prostitución tras las contundentes declaraciones de Julia Klöckner, presidenta del Bundestag y dirigente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), quien acaba de afirmar que el país “se ha convertido en el burdel de Europa”.
Durante la ceremonia de entrega del premio Heldinnen-Award en Berlín, Klöckner exigió la prohibición de la prostitución y la adopción del llamado modelo nórdico, que penaliza al cliente, pero no a quien ejerce la actividad.
“Estoy firmemente convencida de que debemos prohibir de una vez por todas la prostitución y la compra de sexo en este país”, declaró la presidenta del parlamento alemán. Sus palabras se suman a un creciente malestar con el sistema actual, que legalizó la prostitución en 2002 bajo un gobierno socialdemócrata (SPD) en coalición con Los Verdes. Aquella norma buscaba mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales, permitiéndoles acceder a seguridad social y derechos laborales. Sin embargo, el balance tras más de dos décadas no está siendo el deseado.
Un sistema que no cumplió sus promesas
La legislación alemana de 2002 pretendía sacar a las trabajadoras sexuales de la clandestinidad y ofrecerles protección legal. En 2017, el gobierno introdujo la Ley de Protección de las Prostitutas (Prostituiertenschutzgesetz), que exige el registro obligatorio de quienes ejercen y licencias para los establecimientos.
Los resultados, según diversos análisis, han sido desalentadores. Solo el 1% de las prostitutas tiene un contrato laboral, y de las estimadas 400.000 mujeres en situación de prostitución en Alemania, únicamente 32.300 están registradas oficialmente. “Ni la Ley de Prostitución ni la Ley de Protección de las Prostitutas fortalecen de forma sostenible los derechos de las mujeres en situación de prostitución”, sentenció Klöckner.
Organizaciones policiales y expertos han alertado sobre el aumento de la trata de personas. Helmut Sporer, inspector de policía, señala que “más del 98% de las mujeres en prostitución no lo hacen por voluntad propia sino por algún tipo de coacción”, mientras que Manfred Paulus afirma que “Alemania se ha convertido en un centro de trata de personas y prostitución forzada”. El 95% de las mujeres prostituidas provienen del extranjero, muchas de países pobres como Rumania o Bulgaria, y el 30% son menores de 21 años.
La industria sexual alemana mueve unos 15.000 millones de euros anuales, con aproximadamente 3.500 burdeles registrados oficialmente (aunque se estima que existe una cantidad similar de establecimientos ilegales). Han surgido los llamados “burdeles de tarifa plana”, donde por 70 euros se ofrece comida, bebida y acceso ilimitado a mujeres, un modelo económico que las organizaciones abolicionistas consideran degradante.
El modelo nórdico como alternativa
El modelo nórdico, implementado por primera vez en Suecia en 1999 y posteriormente adoptado por Noruega, Islandia, Francia e Irlanda, se basa en cuatro pilares: criminalizar a los compradores de sexo, descriminalizar a las prostitutas, ofrecer ayuda y servicios para abandonar la industria, y educar al público.
Desde 2019, varios políticos alemanes de la CDU y el SPD han expresado públicamente su apoyo a este enfoque. Thorsten Frei, actualmente jefe de la Cancillería en el gobierno de Friedrich Merz, ya declaraba en 2019: “En realidad, la prostitución significa para muchas mujeres que son atraídas con falsas promesas, explotadas y abusadas por años en las formas más terribles. Por eso estamos comprometidos en adoptar el ‘Modelo Nórdico’ también en Alemania”.
Los defensores del modelo nórdico argumentan que Suecia ha experimentado una disminución significativa de la prostitución durante un periodo en que esta aumentaba rápidamente en otros países europeos. Sin embargo, los datos sobre su efectividad son también objeto de debate. En Francia, tras cinco años de aplicación, solo 161 mujeres han dejado la prostitución de un total estimado de 40.000.
Voces críticas: trabajadoras sexuales y organizaciones de derechos humanos
No todos comparten la visión abolicionista. Organizaciones de trabajadoras sexuales y entidades como Amnistía Internacional defienden la despenalización completa del trabajo sexual entre adultos que consienten. Amnistía Internacional argumenta que “la penalización hace a los trabajadores y trabajadoras sexuales más vulnerables” a violaciones de derechos humanos.
Simone Wiegartz, directora del centro de asesoría Hydra en Berlín, rechaza prohibir la compra de servicios sexuales porque “las mujeres ya no podrían defenderse adecuadamente, actuarían ilegalmente y estarían socialmente excluidas”. Organizaciones como Hydra y BUFAS no fueron invitadas al congreso abolicionista CAP celebrado en Alemania, evidenciando la fractura del debate.
La Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) critica que el modelo nórdico aumenta el estigma social y que, “contrario a su objetivo de desplazar el foco de la culpa de las personas que ejercen el trabajo sexual a los clientes, el estigma hacia las personas que ejercen el trabajo sexual no ha sido eliminado ni transferido. Al contrario, el estigma … ha incrementado dramáticamente”.
En Noruega y Francia, organizaciones de ayuda a prostitutas han denunciado que las leyes abolicionistas las empujan a la clandestinidad y aumentan su exposición a la violencia. Médicos del Mundo Francia se manifestó contra la ley abolicionista de 2016, argumentando que “se anuncia como protectora pero no protege, empeorando las condiciones de trabajo de las prostitutas”.
Un debate sin fin
El gobierno alemán actual, una coalición entre CDU/CSU y SPD liderada por Friedrich Merz desde mayo de 2025, ha evitado hasta ahora tomar una posición definitiva sobre el tema. Un portavoz del Ministerio de Familia declaró en años anteriores que “existe el riesgo de que las trabajadoras sexuales se vean obligadas a caer en la ilegalidad, y sean vulnerables ante los peligros y riesgos de ese sector”.
La ministra de Sanidad Nina Warken, que asumió el cargo en mayo de 2025, no ha realizado declaraciones públicas sobre prostitución hasta la fecha. Sin embargo, la presión política está aumentando. Julia Klöckner insiste en que “decir que la prostitución es un trabajo como cualquier otro es ridículo y ofensivo para las mujeres”.
El debate alemán refleja una tensión más amplia en Europa entre dos visiones irreconciliables: quienes consideran la prostitución como violencia estructural contra las mujeres que debe erradicarse, y quienes la entienden como un trabajo que requiere derechos laborales y protección legal. Entre ambas posturas, miles de mujeres —la mayoría migrantes y en situación de vulnerabilidad— continúan ejerciendo en condiciones precarias mientras el país decide su futuro legislativo.
Las cifras hablan por sí solas: un estudio de la Comisión Europea de 2011 demostró que el mercado de prostitución alemán es un 60% mayor que el de Suecia y que Alemania tiene un 62% más de víctimas de trata que el país escandinavo. La pregunta que enfrenta Alemania es si prohibir la demanda reducirá realmente la explotación o si, como temen las organizaciones de trabajadoras sexuales, solo conseguirá hacer más invisible e insegura una realidad que no va a desaparecer.