José Manuel Albares llegó a Ceuta con un mensaje pensado para cerrar la crisis, pero terminó retratando el problema estratégico de España. El ministro de Asuntos Exteriores aseguró que Marruecos está dispuesto a recibir “inmediatamente” y sin contrapartidas a todas las personas que cruzaron o intenten cruzar de forma irregular la frontera, y garantizó que, gracias a la cooperación con Rabat, “hasta la última persona” regresará a Marruecos.
La declaración pretende transmitir control. En realidad, transmite dependencia. España necesita que Marruecos acepte los retornos, controle sus costas, vigile sus fronteras y colabore con sus fuerzas de seguridad. Marruecos sabe que España lo necesita y ha utilizado esa dependencia durante años para obtener ventajas diplomáticas, territoriales y económicas. Después de la operación de guerra híbrida sobre Ceuta del 30 de julio, la respuesta de Albares no es una estrategia de disuasión. Es una reiteración del mismo modelo que ha permitido a Rabat convertir la frontera en una palanca de poder: elogiar la cooperación, evitar la atribución de responsabilidades y ofrecer más coordinación a cambio de que la crisis desaparezca de los titulares.
El problema no es que España coopere con Marruecos. La cooperación es necesaria. El problema es que el Gobierno presenta esa cooperación como una prueba de amistad cuando debería tratarla como una relación de seguridad basada en intereses, condiciones y consecuencias. Si la presión migratoria fue, como sostienen análisis de diferentes servicios de inteligencia, una operación de guerra híbrida o al menos una crisis facilitada por la relajación del control marroquí, no tiene sentido responder premiando a Rabat con una nueva declaración de confianza.
Albares parece no comprender que la cooperación posterior no borra la responsabilidad sobre la presión inicial. Un Estado puede abrir una compuerta y cerrarla después para presentarse como salvador. Puede permitir una crisis, negociar su desactivación y reclamar reconocimiento por haberla resuelto. Esa es precisamente la lógica de la zona gris: crear un problema sin asumir formalmente su autoría y después ofrecerse como parte de la solución.
El problema de las devoluciones
La promesa ministerial de devolver inmediatamente a todas las personas que entraron irregularmente en Ceuta contiene un problema jurídico y otro político. El problema jurídico es que las devoluciones no pueden ejecutarse de manera automática solo porque exista un acuerdo político con Marruecos. Las personas deben ser identificadas, debe determinarse su nacionalidad, deben respetarse los procedimientos administrativos y debe garantizarse el acceso a asistencia letrada y protección internacional cuando corresponda.
El caso de los menores extranjeros no acompañados es todavía más complejo. Los menores quedan bajo la tutela de la administración española y no pueden ser devueltos de forma automática. Cada retorno exige comprobar que existen familiares o instituciones capaces de recibirlos, que la medida responde a su interés superior y que no serán expuestos a riesgos. La promesa de “hasta la última persona” puede funcionar como mensaje político, pero no sustituye los expedientes individuales ni permite saltarse la ley.
Tampoco los adultos pueden ser devueltos sin más. La sentencia del Tribunal Supremo estableció que quienes llegan a nado no pueden ser tratados como personas interceptadas tras superar una barrera física y entregados automáticamente a Marruecos. Deben someterse al procedimiento ordinario, con asistencia jurídica y posibilidad de solicitar protección internacional. El Gobierno puede agilizar los trámites, negociar retornos y reforzar los mecanismos de identificación, pero no puede convertir la rapidez en una excusa para eliminar las garantías.
La insistencia de Albares en la inmediatez puede ser, por tanto, jurídicamente problemática y políticamente contraproducente. Si el Gobierno promete algo que la Administración no puede ejecutar en todos los casos, generará frustración en Ceuta, enfrentamientos con los tribunales y nuevas acusaciones de improvisación. Y si intenta cumplir la promesa forzando devoluciones sin garantías, se expondrá a recursos, condenas y responsabilidad internacional.
La ley no es un obstáculo diplomático. Es el marco que protege a España frente a la arbitrariedad. Un Gobierno que defiende la legalidad europea no puede presentar los procedimientos legales como una molestia que debe resolverse mediante acuerdos políticos.
Colaboración como coartada
Albares ha insistido en que Marruecos colaboró desde el primer momento y que no ha exigido contrapartidas. Según el ministro, esa colaboración ha permitido que la inmensa mayoría de quienes entraron ya hayan regresado. Las fuerzas de seguridad calculaban que alrededor de 69.500 personas habían retornado. El dato demuestra que la crisis pudo ser contenida, pero no demuestra que la relación bilateral sea equilibrada ni que Rabat sea un socio fiable..., que no lo es.
La cooperación marroquí puede responder a varias razones. Puede querer evitar que la presión se prolongue demasiado, impedir que los migrantes alcancen la Península, evitar una crisis europea o recuperar el control de una operación que se le fue de las manos. También puede haber recibido compromisos privados que el Gobierno español no ha hecho públicos. Que no exista una contrapartida formal anunciada no significa que la colaboración sea gratuita en términos políticos.
Marruecos ha utilizado repetidamente el control migratorio como mecanismo de negociación y de chantaje. En 2021, la crisis de Ceuta demostró que el relajamiento del control fronterizo podía generar una llegada masiva y una presión extraordinaria sobre España. El episodio coincidió con una disputa diplomática y fue interpretado por numerosos observadores como una forma de represalia. La crisis de 2026 se produce después de nuevas tensiones regionales, de la normalización española con Argelia y de un contexto en el que Rabat ha reforzado su posición militar y diplomática.
Si después de cada crisis España responde agradeciendo la colaboración marroquí y anunciando más apoyo operativo, el incentivo para Rabat es evidente. El mensaje que recibe es que la presión produce beneficios, y si se pasa la línea que separa la presión migratoria de la guerra híbrida, entonces, el beneficio será mayor. Marruecos puede tensar la frontera, provocar una emergencia y, cuando la situación se vuelve incómoda, ofrecer su colaboración para desactivarla. La recompensa llega en forma de reconocimiento diplomático, ayuda europea, acuerdos de seguridad y renovada legitimidad internacional.
Eso no es cooperación. Es una relación en la que una parte controla la crisis y la otra administra sus consecuencias.
La trampa del apaciguamiento
El apaciguamiento parte de una premisa sencilla: si se ofrecen suficientes concesiones, el otro Estado tendrá incentivos para comportarse de forma moderada. En el caso marroquí, esa premisa ha fallado siempre. España respaldó la posición de Rabat sobre el Sáhara Occidental, reforzó la cooperación migratoria, mantuvo el comercio, aumentó la colaboración policial y evitó señalar públicamente la responsabilidad marroquí en episodios de presión fronteriza, ni siquiera con la operación de guerra híbrida del 30 de julio. Sin embargo, Marruecos no ha renunciado a sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla ni ha dejado de utilizar la migración como herramienta de chantaje.
La lógica del apaciguamiento no ha comprado confianza; ha producido dependencia. Rabat ha aprendido que España teme una ruptura bilateral y que esa preocupación puede utilizarse para obtener concesiones. Cuando el Gobierno español evita atribuir responsabilidades por miedo a perjudicar la cooperación, transforma la prudencia en debilidad, algo que se lleva produciendo, al menos, desde la Marcha Verde, es decir, hace más de 50 años.
El ministro Albares parece confundir la ausencia de una ruptura con la existencia de una relación estable. Pero una relación puede mantenerse abierta y ser profundamente conflictiva. Los gobiernos pueden intercambiar llamadas, organizar reuniones y coordinar devoluciones mientras acumulan desconfianza. La diplomacia no se mide por el número de fotografías, sino por la capacidad de proteger los intereses nacionales sin aceptar chantajes.
La política exterior española necesita una idea más realista de la cooperación. Marruecos no es un aliado subordinado ni un socio neutral. Es un actor regional con una agenda propia, reivindicaciones territoriales, alianzas militares con Estados Unidos e Israel y una estrategia de influencia que combina economía, migración, inteligencia y diplomacia. Tratarlo como un simple vecino con el que hay que mantener buenas relaciones es subestimar la complejidad del problema.
La guerra híbrida exige otra respuesta
Ceuta fue objeto de una operación de guerra híbrida, por lo que la respuesta no puede ser únicamente policial o humanitaria. Debe incluir medidas diplomáticas, económicas, europeas y de seguridad. España necesita documentar la secuencia de hechos, identificar el grado de relajación del control marroquí, analizar la actividad de las redes sociales y determinar si hubo coordinación o tolerancia institucional. La atribución debe basarse en pruebas, pero la ausencia de una orden escrita no puede servir para negar la existencia de una presión estatal.
La guerra híbrida busca precisamente que la víctima no pueda atribuir con claridad la agresión. Utiliza civiles, redes criminales, rumores, desinformación y movimientos espontáneos para generar una crisis sin cruzar el umbral de un ataque convencional. El Estado que presiona conserva una salida: siempre puede afirmar que no controlaba a los civiles, que las mafias actuaron por su cuenta o que todo fue consecuencia de una decisión judicial española.
España debe asumir que ese tipo de operaciones no se neutraliza agradeciendo la cooperación posterior. Se neutraliza elevando el coste de la presión. Marruecos debe saber que la instrumentalización de la migración tendrá consecuencias en la relación comercial, en la financiación europea, en la política de visados, en la cooperación militar y en los acuerdos de infraestructuras. La respuesta no tiene que ser inmediata ni impulsiva, pero sí debe ser creíble.
El Gobierno de Pedro Sánchez, en vez de acobardarse ante Rabat, debería activar consultas con la Unión Europea y la OTAN, revisar los mecanismos de cooperación fronteriza y exigir a Bruselas que condicione la ayuda a Marruecos al cumplimiento de compromisos verificables. La Comisión Europea ya ha señalado que la UE debe utilizar todas sus palancas, incluida la política de visados y el comercio, para asegurar la cooperación marroquí en materia migratoria. Esa idea debe traducirse en una estrategia común, no en declaraciones aisladas.
El problema de las redes sociales
Albares ha atribuido parte de la crisis a la desinformación difundida en redes sociales. Las plataformas pueden haber amplificado mensajes falsos sobre la posibilidad de entrar en España y obtener inmediatamente residencia, protección o acceso a la Península. La desinformación puede producir comportamientos colectivos y acelerar movimientos de personas. El problema está en que una operación en redes sociales del calibre y la eficacia de la ejecutada para incentivar las llegadas a Ceuta, queda muy lejos del alcance de las mafias. Hubo algo más y los servicios de inteligencia de China han señalado a Israel, aliado de Marruecos, como parte de la operación contra España.
Pero culpar a las redes sociales no puede convertirse en una nueva coartada. Un mensaje viral no mueve por sí solo a decenas de miles de personas si no existe una frontera permeable, una concentración de población y una decisión estatal de no impedir la salida. La desinformación puede activar una oportunidad, pero la oportunidad depende de la conducta de quienes controlan el territorio.
La explicación gubernamental debe incorporar ambos elementos: la manipulación digital y la responsabilidad del control fronterizo. Si solo se habla de mafias y redes sociales, se exonera a Marruecos de cualquier responsabilidad. Si solo se habla de una operación estatal, se ignora la autonomía de las personas y la actividad criminal. La verdad se encuentra en una combinación de factores, y la investigación debe determinar el peso de cada uno.
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