Gobernar sin presupuestos y con un Congreso aritméticamente adverso obliga a explorar los márgenes del sistema. La reivindicación del reglamento como herramienta legítima de acción política, expresada esta semana por la portavoz del Ejecutivo, no es una novedad jurídica, pero sí un síntoma relevante del momento político que atraviesa la legislatura.
La afirmación de que existen medidas capaces de mejorar la vida de la ciudadanía sin necesidad de rango legal apunta a una realidad conocida pero pocas veces explicitada con tanta claridad desde el Gobierno: la acción política ya no se juega únicamente en el Parlamento. En un escenario de bloqueo legislativo recurrente, el Consejo de Ministros se convierte en el espacio donde se decide buena parte del impulso reformista, con instrumentos que no requieren convalidación parlamentaria y que permiten sortear vetos cruzados.
No se trata de una anomalía del ordenamiento. El sistema jurídico español contempla un amplio desarrollo reglamentario para concretar derechos, organizar servicios o ejecutar políticas públicas. La cuestión es otra: qué significa políticamente gobernar cuando la ley deja de ser el vehículo principal de transformación.
Gobernar con el Derecho administrativo
La apelación al reglamento responde, en primer término, a una constatación objetiva: la fragmentación parlamentaria ha reducido de forma drástica la capacidad del Legislativo para producir consensos estables. En ese contexto, el Ejecutivo se ve empujado a utilizar todas las herramientas que le ofrece la pirámide normativa para no paralizar la gestión.
Desde el punto de vista técnico, el margen existe. Muchas políticas sociales, laborales o administrativas no exigen una ley orgánica ni siquiera una ley ordinaria. Basta con desarrollar normas ya aprobadas, desplegar reglamentos pendientes o ajustar procedimientos dentro del marco vigente. Nada de ello vulnera la separación de poderes, siempre que se respete el principio de legalidad.
Sin embargo, el énfasis político en esta vía revela algo más profundo: el reconocimiento implícito de que el Parlamento ha dejado de ser el espacio central de la iniciativa. No por desinterés del Gobierno, sino por la dificultad estructural de articular mayorías en un hemiciclo donde cada votación se negocia al límite.
El riesgo no está en el instrumento, sino en su acumulación. Cuando el reglamento deja de ser complemento y pasa a ocupar el lugar de la ley, la excepción amenaza con convertirse en norma.
Presupuestos prorrogados, legitimidad intacta
La ausencia de presupuestos generales durante buena parte de la legislatura se ha convertido en uno de los argumentos recurrentes de la oposición para cuestionar la viabilidad del Ejecutivo. Sin embargo, la prórroga presupuestaria es una figura constitucional prevista precisamente para estos escenarios. No bloquea el funcionamiento del Estado ni invalida la acción de gobierno.
El Ejecutivo sostiene su legitimidad en otros indicadores: crecimiento económico revisado al alza, empleo en máximos históricos, reducción de la temporalidad y mantenimiento del escudo social en un contexto internacional volátil. Gobernar sin presupuestos no equivale a no gobernar, aunque sí limita el margen de maniobra y obliga a priorizar con mayor precisión.
Ese equilibrio se vuelve aún más delicado cuando la legislatura convive con causas judiciales que afectan a antiguos responsables políticos. La respuesta oficial —contundencia, colaboración con la justicia y separación de responsabilidades— busca marcar una línea clara entre la gestión actual y comportamientos individuales que erosionan la confianza pública.
El desplazamiento del centro político
La legislatura discurre, así, en un terreno de equilibrios inestables, donde la capacidad de iniciativa del Ejecutivo se mide menos por la aprobación de grandes leyes que por su habilidad para sostener la gestión diaria sin desbordar los límites institucionales. El recurso al desarrollo reglamentario no es una anomalía jurídica, pero sí un síntoma político: revela hasta qué punto la gobernabilidad se ha desplazado desde el Parlamento hacia el Consejo de Ministros.
En ese desplazamiento hay eficacia, pero también desgaste. Gobernar sin mayorías obliga a administrar tiempos, competencias y expectativas con una precisión quirúrgica. El riesgo no reside tanto en el uso de los instrumentos disponibles como en que esa excepcionalidad termine normalizándose. Porque cuando la acción de gobierno se apoya de forma estructural en vías alternativas, el problema deja de ser coyuntural y pasa a formar parte del diseño del sistema.
Ese es el punto en el que la política institucional se examina a sí misma. No tanto para decidir si el Ejecutivo puede seguir gobernando, sino para medir cuánto puede estirarse un modelo que funciona, pero lo hace en tensión permanente.