Nadie lo esperaba pero era un clamor político y popular. Todo el mundo reclamaba la dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda. Sin embargo, nada parecía indicar que el ministro lo fuera a hacer. Hasta ayer en el Congreso, y mucho ha tenido que ver el resultado de los sondeos. En un momento normal, eso no habría tenido importancia, pero a falta de menos de un mes de las elecciones generales, las encuestas son muy tenidas en cuenta.
La permanencia de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes se estaba convirtiendo en una losa para el PSOE.
España asiste estos días a una de esas mutaciones tectónicas de dimensiones históricas. A menos de cuatro semanas de unas elecciones que se presentaban como un plebiscito ideológico, la catástrofe ferroviaria ocurrida en las inmediaciones de la localidad toledana de Urda ha hecho añicos la estrategia electoral del PSOE. Con un balance desgarrador de sesenta y nueve fallecidos, este segundo siniestro mortal en la red de alta velocidad en menos de un año no solo ha teñido de luto al país. Ha pulverizado el margen de maniobra de un presidente, Pedro Sánchez, acorralado ahora por el clamor popular que exige responsabilidades políticas ante el evidente deterioro sistémico de las infraestructuras del Estado.
Los últimos sondeos demoscópicos elaborados por Sigma Dos para EL MUNDO y por NC Report para LA RAZÓN dibujan un escenario de desolación para el bloque progresista y de hegemonía incontestable para la alianza entre conservadores y la ultraderecha. La victoria que se pronostica para el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ya no responde a un fenómeno geográfico aislado ni al tradicional predominio en circunscripciones concretas. Responde a una marea transversal que inunda la práctica totalidad del mapa nacional. El PP se impone de forma simultánea en las provincias más pobladas, en los entornos rurales, en la costa y en el interior peninsular. Mientras el Partido Socialista se ve confinado a una resistencia testimonial en contados feudos urbanos, los populares se perfilan como la primera fuerza en solitario en hasta treinta y seis provincias del país. Dejan al PSOE en una posición de extrema debilidad territorial sin precedentes en la democracia reciente.
La transversalidad del voto conservador
La demoscopia de este noviembre de 2026 refleja un trasvase de sufragios tan profundo que altera por completo los equilibrios parlamentarios. La derecha y los ultras se encaminan de forma sólida hacia una holgada mayoría absoluta fijada en 203 o hasta 208 escaños. Una cifra que pulveriza los requisitos del hemiciclo y deja atrás los bloques de investidura que sostuvieron la legislatura previa. Este desequilibrio no solo se explica por el avance constante del Partido Popular, que consolida una estimación de voto superior al 32% y se asegura una horquilla de entre 137 y 140 diputados. También por la eclosión imparable de Vox. La formación de Santiago Abascal roza ya el 20% de los votos, duplica sus resultados de la cita electoral anterior y supera al PSOE en plazas tradicionalmente inexpugnables como Murcia, Almería o Toledo.
En el lado opuesto, la izquierda se desangra en una crisis de proporciones letales para sus aspiraciones de continuidad. El Partido Socialista, castigado por la fuga de más de un millón de electores hacia las opciones de la derecha y por el repunte alarmante de la abstención entre su base tradicional, se desploma hasta una horquilla de entre 100 y 102 escaños. La estrategia de Ferraz de plantear los comicios como un enfrentamiento maniqueo frente al riesgo de un gobierno PP-Vox ha quedado anulada por la cruda urgencia del balance de gestión. A la par, el espacio situado a la izquierda del PSOE sufre una fragmentación agónica. El Frente Amplio de Ada Colau se hunde en las previsiones. Podemos desaparece prácticamente de las circunscripciones donde concurre en solitario y la izquierda soberanista e independentista de ERC y Bildu emerge como el único refugio que resiste el temporal en sus respectivos territorios.
Urda lo cambió todo
El factor desencadenante de esta aceleración en la caída del PSOE tiene nombre propio y un escenario de dolor incalculable: la catástrofe de Urda. El trágico accidente ferroviario, que segó la vida de sesenta y nueve personas apenas nueve meses después de que otro siniestro en Adamuz cobrase cuarenta y seis vidas, destruyó de manera instantánea el manual de marketing electoral con el que el Ejecutivo confiaba en movilizar a su electorado con una campaña de tono emocional y optimista. Ante la gravedad de los hechos, la decisión de mantener en su cargo al ministro de Transportes, Óscar Puente, desató una tormenta institucional de dimensiones colosales, situó en el centro del debate público la fiabilidad de unas infraestructuras públicas que durante décadas constituyeron el orgullo tecnológico de la nación.
La negativa del ministro a asumir responsabilidades políticas inmediatas y su reconocimiento de que el sistema de seguridad LZB había fallado de forma recurrente a lo largo del año, intentando encuadrarlo dentro de una supuesta normalidad operativa, colmaron el vaso de la paciencia ciudadana y de la propia estabilidad parlamentaria. Los aliados habituales del Ejecutivo, desde el Partido Nacionalista Vasco hasta el Bloque Nacionalista Galego, junto con las nuevas formaciones de la izquierda alternativa, comenzaron a exigir de manera abierta la dimisión o el cese fulminante de Puente. Mientras, el Partido Popular anunciaba su personación como acusación popular en la causa judicial instruida en los juzgados de Orgaz. Los datos demoscópicos recogidos tras el siniestro revelan que una amplia mayoría de los ciudadanos, incluyendo a cerca del sesenta por ciento de los propios votantes socialistas, consideraban ineludible la salida del ministro, lo que convierte su continuidad en una losa insoportable para las aspiraciones de remontada del PSOE.
Esta es una de las razones de la dimisión de Puente. Ha asumido la responsabilidad política, que, tal vez, debió haber adoptado antes. No obstante, el PSOE no podía soportar un lastre más.
El ocaso del sanchismo
Las consecuencias políticas de este cóctel explosivo de tragedia, indignación pública y desafección trascienden el mero recuento provisional de escaños. El sanchismo, entendido como la capacidad metódica de su líder para sobrevivir a las crisis más severas mediante el giro discursivo y la polarización calculada, se enfrenta por primera vez a un límite infranqueable. La constatación material de que los servicios esenciales del Estado han entrado en una fase de vulnerabilidad crítica. Cuando los trenes de alta velocidad dejan de ser sinónimo de progreso seguro para convertirse en motivo de zozobra cotidiana, el contrato social básico entre el contribuyente y la administración se desgarra sin posibilidad de enmienda dialéctica.
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