El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este jueves un espaldarazo significativo a la Ley de Amnistía española tras las conclusiones emitidas por el abogado general Dean Spielmann, quien considera que la norma no contraviene el derecho comunitario en los aspectos fundamentales que cuestionaban diversos tribunales españoles. El dictamen, publicado el 13 de noviembre de 2025, supone un paso decisivo en la validación europea de una ley que busca cerrar el conflicto derivado del proceso independentista catalán.
Contenido del dictamen: aval a la reconciliación política
Dean Spielmann, abogado general del TJUE de nacionalidad luxemburguesa, ha concluido que la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento español cumple con los estándares jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según su análisis, la norma “parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía”.
El dictamen aborda dos cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles. La primera, del Tribunal de Cuentas, cuestionaba si la extinción de la responsabilidad contable del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros altos cargos por los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 afectaba a los intereses financieros de la Unión Europea.
Spielmann ha sido claro al respecto: “La protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la Ley de Amnistía”. El abogado general sostiene que ni siquiera una interpretación amplia de la afectación económica a los intereses de la UE “permite establecer un vínculo de conexión directo entre las actividades ilegales y los recursos propios de la Unión”.
La segunda cuestión prejudicial, planteada por la Audiencia Nacional, se refería a la posible amnistía de 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo. Spielmann concluye que la amnistía de estos hechos “no es contraria a la directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo”, y que la Directiva Europea no contiene ninguna disposición que prohíba expresamente el uso de mecanismos de extinción de la responsabilidad penal como la amnistía.
El letrado europeo subraya además que la ley no incluye “violaciones graves de derechos humanos, entre las que se cuentan, primeramente, las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física”.
Reparos menores al procedimiento
Aunque el abogado general valida los aspectos centrales de la ley, señala algunas objeciones de carácter procedimental que no afectan al fondo de la norma. En concreto, considera que el plazo de dos meses establecido para que los tribunales dicten resolución sobre la aplicación de la amnistía “podría resultar demasiado corto” para determinar si los hechos están cubiertos por la medida.
Spielmann advierte que un plazo “excesivamente corto y vinculante” puede “quebrantar la exigencia de independencia judicial”, aunque matiza que el Gobierno español ha señalado que ese plazo “tiene carácter estrictamente indicativo”.
También considera que podría haber incompatibilidad con el derecho a la tutela judicial efectiva si se obliga a los órganos jurisdiccionales a dictar una resolución absolutoria y alzar las medidas cautelares en el plazo de dos meses, incluso cuando hayan consultado al TJUE y éste aún no haya resuelto.
Reacciones políticas: celebración del Gobierno y críticas de la oposición
El Gobierno español ha recibido el dictamen como una “victoria rotunda”. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declarado que solo ha podido ver el resumen del dictamen, pero que comparecerá ante los medios una vez lo lea completo. Fuentes gubernamentales han calificado de “magnífico” el contenido de la resolución.
El ministro Óscar López ha manifestado “máxima tranquilidad” sobre la aplicación de la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, recordando que el Gobierno cumplió su compromiso con una ley “aprobada por el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, que es plenamente constitucional y que se va a ejecutar con toda normalidad”.
Por parte de los partidos independentistas, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha celebrado el “sentido común” del abogado general del TJUE. “Europa simplemente hace lo que tiene que hacer, que es aplicar el sentido común”, ha afirmado Rufián, quien ha pedido al juez Manuel Marchena que lea atentamente el dictamen porque “meter en la cárcel o condenar a gente por un referéndum siempre fue una salvajada”.
La oposición, por el contrario, ha rechazado las conclusiones del abogado general. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha manifestado que “lo único que vale” para la ley de amnistía “es la sentencia del TJUE”. Gamarra considera que el abogado general “confirma que con la ley de amnistía se vulneró el Estado de Derecho” y sostiene que se trata de “una autoamnistía” elaborada para “comprar” la investidura de Pedro Sánchez.
Sin embargo, es importante señalar que el propio dictamen del abogado general descarta expresamente que se trate de una autoamnistía, afirmando que la ley “parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social”.
Análisis jurídico: el peso del dictamen en la sentencia final
Las conclusiones del abogado general no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero constituyen un elemento de peso significativo en la redacción de la sentencia definitiva. Según los datos históricos, el TJUE suele seguir las recomendaciones del abogado general en aproximadamente el 80% de los casos.
La sentencia final del TJUE se espera para finales de año o principios de 2026, y será vinculante para los tribunales españoles que han planteado las cuestiones prejudiciales, así como para el resto del sistema judicial español en casos similares.
El dictamen de Spielmann se produce apenas una semana después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalara las decisiones del Tribunal Supremo español durante la instrucción de la causa del procés, al rechazar los recursos de algunos líderes independentistas.
Implicaciones para los afectados
El dictamen favorable del abogado general allana el camino para que la amnistía se aplique a los casos de malversación aún pendientes contra diferentes altos cargos de la Generalitat. Entre los potenciales beneficiados se encuentran el expresidente Carles Puigdemont, el expresidente Artur Mas, y los exconsellers procesados por el gasto del referéndum del 1 de octubre y las campañas de promoción internacional del procés.
En el caso de los 12 miembros de los CDR acusados de terrorismo en la Audiencia Nacional, las conclusiones del abogado general también favorecen la aplicación de la amnistía, al considerar que no contraviene la directiva europea de lucha contra el terrorismo.
No obstante, habrá que esperar a la sentencia definitiva del TJUE para conocer con exactitud el alcance de la aplicación de la ley. Además, el Tribunal Constitucional español tiene pendiente pronunciarse sobre si el delito de malversación imputado a Puigdemont y otros líderes independentistas puede ser amnistiado, una cuestión que no aborda directamente el dictamen del abogado general.
Contexto: una ley aprobada en medio de la controversia
La Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña fue aprobada el 10 de junio de 2024 por el Parlamento español. La norma ha generado una profunda controversia política y jurídica en España, con recursos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular y otros grupos políticos.
El Tribunal Constitucional español ya avaló la práctica totalidad de la ley en junio de 2025, con seis votos a favor de la mayoría progresista y cuatro en contra de la minoría conservadora. El TC consideró que la amnistía responde a un fin “legítimo, explícito y razonable” orientado a reducir la tensión institucional y política generada por los hechos del procés y facilitar un “escenario de reconciliación”.
El dictamen del abogado general del TJUE representa un nuevo espaldarazo jurídico a una ley que, según sus defensores, busca la normalización política y social en Cataluña tras años de tensión derivados del proceso independentista. Para sus detractores, sin embargo, constituye un instrumento de impunidad que vulnera principios fundamentales del Estado de derecho.
Con este dictamen favorable, la Ley de Amnistía supera un escollo importante en su validación europea, aunque la última palabra la tendrá el pleno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los próximos meses. Una sentencia que será determinante para definir el futuro político y judicial de uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de España.