Santiago Abascal ha encontrado una forma particularmente descarnada de aprovechar el desahucio de una mujer de 87 años y la crisis migratoria de Ceuta para construir el mismo relato que Vox aplica prácticamente a cualquier problema social. Si falta una vivienda, una ayuda, una plaza de guardería o una cita sanitaria, hay que buscar a un extranjero y colocarlo al otro lado.
El presidente de Vox ha denominado este fin de semana “milicias de Sánchez” tanto a las personas que permanecen acampadas en la Puerta del Sol para protestar contra la crisis de la vivienda como a los migrantes instalados en condiciones precarias en la playa del Trampolín de Ceuta. La expresión resulta especialmente reveladora porque transforma a ciudadanos que protestan contra el propio Gobierno en soldados del presidente y a personas que sobreviven en un asentamiento improvisado en integrantes de una supuesta fuerza política organizada, una ficción que permite sustituir dos problemas sociales extraordinariamente complejos por una sola imagen de amenaza.
La cuenta oficial de Vox terminó de explicar el mensaje con una frase que difícilmente necesita interpretación: “Si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa”. Ahí está condensada una política entera. Ante una anciana desahuciada después de pasar más de siete décadas en su vivienda, Vox no coloca en el centro la escasez de parque público, el encarecimiento del alquiler, las responsabilidades acumuladas por diferentes administraciones o la capacidad de una propiedad para reclamar una renta incompatible con la pensión de la inquilina, sino que inventa a una mujer marroquí para enfrentarla con ella. El inmigrante entra en una historia en la que no estaba porque Abascal necesita que esté.
Maricarmen no perdió su casa por culpa de “Morocarmen”
El caso utilizado por Vox resulta especialmente obsceno para construir esa oposición porque los hechos conocidos no contienen la competición entre españoles y extranjeros que el partido pretende introducir. Maricarmen, de 87 años, llevaba 71 viviendo en el inmueble y, según la información publicada sobre su caso, la propiedad pretendía elevar una renta situada alrededor de los 500 euros hasta aproximadamente 2.650, una cantidad prácticamente equivalente al doble de su pensión, que ronda los 1.350 euros mensuales.
Ese conflicto tiene protagonistas perfectamente identificables y ninguno es el inmigrante que Vox introduce después en escena. Hay una anciana, una propiedad, un contrato, una renta que se dispara, un procedimiento de desahucio y unas administraciones incapaces de garantizar a tiempo una alternativa habitacional adecuada. Convertir todo eso en una competición entre Maricarmen y una inexistente “Morocarmen” no explica el problema de la vivienda, sino que desvía deliberadamente la mirada hacia quien tiene todavía menos capacidad para determinar el precio de una casa.
La operación política resulta conocida porque permite desplazar hacia abajo un conflicto que debería dirigirse hacia arriba. El trabajador que no consigue vivienda pública deja de preguntarse por qué España tiene un parque social insuficiente y empieza a preguntarse qué extranjero ocupa la casa que cree que le corresponde; la familia que no encuentra plaza en una escuela infantil deja de exigir servicios suficientes y empieza a sospechar de otra familia; quien espera en la sanidad pública recibe la invitación a buscar culpables en la sala de espera y no en los despachos donde se deciden plantillas, presupuestos y recursos.
Abascal no ofrece así una explicación económica de la escasez, sino una jerarquía entre personas que la padecen, donde el acceso a derechos deja de depender de la necesidad para quedar sometido a una clasificación por origen.
La estrategia tiene además una ventaja evidente para quienes concentran capacidad económica. Si dos personas con dificultades para pagar una vivienda discuten sobre cuál merece ocuparla, nadie pregunta por qué hay tan pocas viviendas asequibles, por qué se ha permitido durante décadas que el parque público español permanezca muy por debajo del de otros países europeos, qué efecto tienen determinadas formas de alquiler temporal y turístico en las áreas de mayor presión o por qué los salarios de una parte de la población han perdido la carrera frente al coste residencial.
La desigualdad deja de discutirse entre quien tiene mucho y quien tiene poco para convertirse en una pelea entre quien tiene poco y quien no tiene prácticamente nada.
Las 800 viviendas que Abascal convierte en ocho años de política pública
Para sostener ese relato, el líder de Vox ha afirmado también que el Gobierno ha construido únicamente “800 viviendas sociales” durante ocho años, una cifra que permite presentar una imagen demoledora siempre que se omita qué representan realmente esas 800 viviendas.
No son todas las viviendas protegidas promovidas o terminadas desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, sino las primeras 800 incorporadas al nuevo portal de CASA47, la entidad estatal de vivienda. El Gobierno ha anunciado otras 1.500 de próxima incorporación, CASA47 mantiene 3.266 viviendas en construcción y dispone de actuaciones sobre suelo con capacidad potencial para unas 22.000 más. A ello se suma la vivienda protegida promovida durante estos años mediante diferentes administraciones y programas.
Nada de esto permite presentar la política gubernamental de vivienda como suficiente. España sigue arrastrando una carencia gravísima de vivienda pública y el Ejecutivo tiene motivos de sobra para responder por la lentitud de una política que no ha conseguido impedir que la vivienda se convierta en uno de los principales mecanismos de desigualdad del país. Precisamente por eso no hace falta manipular una cifra para formular una crítica severa.
En el primer trimestre de 2026 se terminaron 5.215 viviendas protegidas, el mejor registro correspondiente a un primer trimestre en catorce años, y comenzaron a construirse otras 4.048. Una parte relevante corresponde a actuaciones autonómicas y, por tanto, tampoco sería riguroso adjudicar al Gobierno central todo ese resultado, del mismo modo que resulta insostenible reducir ocho años de vivienda protegida a las 800 casas que inauguran un portal estatal.
Abascal podría criticar que son pocas, que llegan tarde, que el parque público continúa siendo insuficiente o que las políticas aplicadas no han logrado contener el enorme esfuerzo económico que soportan numerosos hogares. Prefiere convertir 800 viviendas de un programa concreto en las únicas 800 viviendas sociales de ocho años porque la cifra real estropea la frase.
Ocho millones de extranjeros para una cuenta que tampoco explica
La segunda gran cifra utilizada por Abascal cumple una función parecida. El dirigente de Vox relaciona los precios de la vivienda con la entrada de “ocho millones de extranjeros” desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, estableciendo una comparación entre esa cifra y las supuestas 800 viviendas sociales construidas. El problema vuelve a aparecer al comprobar qué se está contando.
A comienzos de 2018 residían en España alrededor de 4,57 millones de personas con nacionalidad extranjera y el 1 de abril de 2026 eran aproximadamente 7,35 millones, según el INE. El incremento de población extranjera residente se sitúa, por tanto, alrededor de 2,77 millones, una cantidad muy alejada de los ocho millones que Abascal coloca al lado de las viviendas.
Eso no significa que durante esos años solo hayan entrado 2,77 millones de extranjeros, porque las entradas acumuladas son superiores y durante el mismo periodo también se producen salidas del país, fallecimientos y adquisiciones de nacionalidad española. Significa que sumar entradas producidas a lo largo de ocho años y presentarlas como si fueran ocho millones de personas adicionales que permanecen actualmente en España ofrece una imagen engañosa de la evolución demográfica.
El crecimiento de la población sí aumenta la necesidad de vivienda y sería igualmente incorrecto negarlo. El Banco de España ha señalado el crecimiento demográfico como uno de los elementos que presionan la demanda residencial, especialmente en las áreas urbanas donde se concentra la actividad económica, pero su diagnóstico incluye además una oferta incapaz de responder con suficiente rapidez, el reducido parque de alquiler social, la concentración territorial de la demanda y el crecimiento de usos alternativos de las viviendas.
La diferencia entre ese diagnóstico y el de Vox es fundamental porque una cosa es analizar cómo un fuerte aumento de población presiona un mercado que construye menos viviendas de las necesarias y otra muy diferente señalar al inmigrante como responsable de que una familia española no encuentre casa.
La primera afirmación permite discutir políticas de vivienda, planificación urbana, construcción, servicios públicos, mercado laboral y gestión migratoria. La segunda proporciona un culpable.
Una playa llena de pobres convertida en una milicia
Todavía resulta más revelador observar a quiénes denomina Abascal “milicias de Sánchez” en Ceuta, porque la imagen que ofrece la realidad se parece muy poco a la de una fuerza favorecida por el poder político.
Miles de personas han permanecido instaladas en condiciones extremadamente precarias en las playas ceutíes después de la entrada masiva registrada a finales de julio. El Gobierno de Ceuta llegó a calcular que alrededor de 4.500 personas se encontraban asentadas en la playa a mediados de septiembre y el recurso temporal habilitado posteriormente en el puerto, con 1.700 plazas, se llenó rápidamente, dejando a centenares de personas fuera de las instalaciones.
Eso es lo que Abascal presenta como el privilegio del extranjero: dormir en un asentamiento improvisado porque ni siquiera hay espacio suficiente en los recursos habilitados para alojarlo.
Ceuta afronta un problema migratorio de enorme magnitud que exige control fronterizo, cooperación internacional, identificación de las personas que han entrado, procedimientos administrativos eficaces, protección de los menores y recursos suficientes para evitar que una ciudad de dimensiones limitadas soporte prácticamente sola una presión que corresponde gestionar al conjunto del Estado y de la Unión Europea. Reconocer esa realidad no obliga a convertir a quienes llegan en una masa deshumanizada ni a describir como milicia a quien duerme sobre la arena.
La elección de esa palabra tampoco es inocente. Una milicia no inspira solidaridad, sino miedo; no tiene necesidades, sino objetivos; no está formada por personas, sino por combatientes. Llamar milicia a un grupo de migrantes transforma una emergencia social en una amenaza política y prepara el terreno para que cualquier respuesta basada en derechos pueda ser presentada después como una concesión al enemigo.
Algo parecido ocurre con los manifestantes de Sol. Quienes acampan para exigir al Gobierno medidas más contundentes contra la crisis residencial terminan convertidos por Abascal en milicias del mismo Gobierno al que están presionando, una contradicción que solo puede sostenerse si las palabras han dejado de describir la realidad y sirven exclusivamente para dividirla entre amigos y enemigos.
El inmigrante como explicación universal
La propuesta de Vox de establecer una denominada “prioridad nacional” en vivienda pública y determinadas prestaciones completa el esquema, porque convierte derechos y servicios públicos en un terreno de competición entre personas clasificadas según su procedencia y ofrece una respuesta aparentemente sencilla a problemas cuya solución exigiría decisiones mucho más incómodas.
Si falta vivienda pública, podría construirse más vivienda pública. Si faltan plazas en las escuelas infantiles, podrían ampliarse las escuelas infantiles. Si la atención primaria está saturada, podrían reforzarse plantillas y recursos. Si determinados municipios reciben un crecimiento rápido de población, podrían recibir financiación suficiente para adaptar sus servicios. Si los alquileres absorben una proporción insoportable de los salarios, podría discutirse sobre regulación, oferta, vivienda protegida, alquiler turístico, fiscalidad, suelo y salarios.
Vox propone algo políticamente mucho más rentable, mantener la escasez en el centro del debate y discutir quién merece sufrirla primero. Esa es la profundidad real de “Morocarmen”. No es solamente una ocurrencia ofensiva en una red social, sino la expresión vulgar de una determinada manera de entender los derechos sociales, según la cual una vivienda pública, una prestación o una plaza de guardería dejan de ser instrumentos para proteger a quien los necesita y se convierten en bienes que deben repartirse siguiendo una jerarquía de nacionalidades.
El mecanismo necesita además que el ciudadano español perciba cada derecho recibido por un extranjero como algo que le ha sido arrebatado personalmente, aunque no exista ninguna relación entre ambos. La vivienda concedida a una familia migrante pasa a ser la vivienda que no recibió una familia española, la plaza escolar ocupada por un niño extranjero se convierte en la plaza supuestamente sustraída a otro niño y cada consulta médica se transforma en una competición por recursos que deberían ser suficientes para atender a la población.
El deterioro de los servicios deja así de ser responsabilidad de quienes los financian, gestionan y dimensionan para convertirse en culpa de quienes también los necesitan.
Abascal siempre encuentra al culpable entre quienes tienen menos poder
Hay algo especialmente revelador en que todo este discurso aparezca alrededor de Maricarmen, porque su historia podría haber servido para formular una crítica feroz contra un modelo residencial capaz de colocar a una mujer de 87 años ante la pérdida de la casa en la que ha vivido durante 71 años.
Abascal podría haber preguntado cómo se llega hasta ese punto, qué mecanismos permiten semejante incremento de la renta, qué responsabilidad corresponde a las administraciones, por qué una persona anciana y vulnerable no recibió antes una solución habitacional o cómo puede España garantizar que tener una pensión modesta no termine significando perder el derecho material a permanecer en una vivienda.
Pero esa discusión obligaría a hablar de propiedad, alquileres, regulación, vivienda pública y distribución de recursos. Vox ha preferido inventar una marroquí.
“Morocarmen” es útil precisamente porque no existe y, al no existir, puede cargar con todas las culpas que el relato necesite. Puede ocupar una vivienda pública, recibir una ayuda, llevarse una plaza de guardería y saturar una consulta médica sin que nadie pueda preguntarle cuánto cobra, dónde vive, cuánto cotiza, qué impuestos paga, cuántos hijos tiene, si trabaja, si está enferma o si cumple los requisitos para recibir aquello que se afirma que le han regalado. Es un personaje político fabricado para convertir el origen en sospecha.
El inmigrante real puede trabajar, cotizar, pagar impuestos, cuidar ancianos, recoger fruta, conducir un autobús, atender una cocina, levantar edificios o sostener sectores enteros con dificultades para encontrar mano de obra, pero el inmigrante imaginario de Abascal aparece casi exclusivamente recibiendo algo que pertenecía a otro.
De ese modo, el trabajador extranjero desaparece y queda únicamente el extranjero beneficiario; el contribuyente desaparece y queda el receptor de ayudas; la persona desaparece y queda la nacionalidad.
Ese procedimiento permite además que quienes tienen muy poco miren con recelo a quienes tienen todavía menos, una dirección de la mirada extraordinariamente conveniente para cualquier política que no quiera discutir cómo se distribuyen realmente la riqueza, la propiedad y las oportunidades.
Por eso las palabras de Abascal van bastante más allá de una provocación de fin de semana. El presidente de Vox ha utilizado simultáneamente a una anciana desahuciada, a jóvenes incapaces de emanciparse, a familias que necesitan prestaciones y a miles de migrantes hacinados en Ceuta para construir un relato en el que todos los problemas terminan señalando al mismo sitio.
El precio de la vivienda, la falta de parque público, la saturación de los servicios y la precariedad dejan de ser cuestiones políticas susceptibles de soluciones colectivas y pasan a convertirse en consecuencias de la presencia de personas extranjeras.
Ahí reside probablemente la parte más peligrosa del discurso, porque no necesita demostrar que un inmigrante concreto haya quitado una vivienda a nadie. Le basta con repetir que existe una competición permanente entre españoles y extranjeros hasta conseguir que cualquier derecho reconocido al segundo sea percibido como una pérdida para el primero.
Maricarmen existe y su desahucio también. Existen los jóvenes que no pueden emanciparse, las familias que dedican una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, la escasez de vivienda pública y la responsabilidad de unos gobiernos que durante demasiado tiempo han sido incapaces de construir una alternativa suficiente.
También existen los migrantes que duermen en las playas de Ceuta, precisamente porque el supuesto privilegio que Abascal les atribuye no parece haber alcanzado siquiera para proporcionarles un techo.
La que no existe es “Morocarmen”. La ha creado Vox porque resulta más sencillo colocar a una mujer marroquí imaginaria frente a una pensionista española que explicar por qué una sociedad capaz de acumular tanta riqueza sigue obligando a demasiadas personas a competir por una vivienda asequible.
Y esa quizá sea la operación política más descarnada de todas: conseguir que quienes padecen la misma escasez terminen mirándose como enemigos para que dejen de mirar hacia quienes tienen el poder de solucionarla.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.