Cuando en la madrugada del 28 de junio de 1969 comenzaron los disturbios frente al Stonewall Inn, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, nadie podía imaginar que aquella respuesta espontánea a una redada policial acabaría convirtiéndose en el mayor símbolo internacional de la lucha por los derechos del colectivo LGTBI. Aquella noche no solo marcó el nacimiento del movimiento moderno por la igualdad; también dejó una lección que, 57 años después, sigue plenamente vigente: ningún derecho está garantizado para siempre.
Durante décadas, las personas homosexuales y trans fueron perseguidas, humilladas y criminalizadas. En muchos estados de Estados Unidos podían ser detenidas simplemente por expresar afecto en público o por vestir prendas que no se ajustaban a los cánones impuestos por la época. Stonewall era uno de los pocos refugios donde quienes vivían condenados a la clandestinidad podían sentirse libres durante unas horas.
Aquellas protestas, alimentadas por el clima de reivindicación social de finales de los años sesenta —el movimiento por los derechos civiles, el rechazo a la guerra de Vietnam o el Mayo francés— terminaron convirtiéndose en el punto de partida de una revolución silenciosa. Gracias al trabajo de miles de activistas, el debate sobre la igualdad dejó de ocupar los márgenes de la sociedad para instalarse definitivamente en las instituciones y en la conciencia colectiva. Stonewall dejó de ser un bar para convertirse en un símbolo universal de resistencia frente a la discriminación.
A finales de los años 60, el mundo se movía en un contexto de Guerra Fría, tras más de 20 años del final de la Segunda Guerra Mundial, germinaron los brotes de la lucha feminista por la igualdad, y las gais por la diversidad y sus derechos civiles. Sin embargo, en España la dictadura franquista asentada más de tres décadas, inculcaba, a través de su sección femenina, liderada por la esposa del dictador Carmen Polo, la Guía de la Buena Esposa y la Ley de Vagos y Maleantes bajo pena de cárcel a los homosexuales.
A la cárcel durante el franquismo
Sí, parece mentira, pero en España tampoco hace tanto tiempo que ser homosexual podía costar la libertad. Primero bajo la reforma franquista de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 y, después, mediante la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, miles de personas fueron detenidas, encarceladas o sometidas a medidas de internamiento simplemente por su orientación sexual porque “su conducta debía ser rehabilitada”. Y no fue hasta 1995, con la modificación del Código Penal, cuando fue definitivamente derogada. Recordarlo no pretende equiparar realidades históricas muy distintas, sino entender por qué una parte del colectivo observa con preocupación cualquier intento de relativizar o cuestionar derechos que costó décadas de lucha conquistar.
Y no fue hasta 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con el decisivo papel del activista Pedro Zerolo, cuando nuestro país se convirtió en uno de los referentes internacionales en materia de igualdad garantizando los derechos civiles para el colectivo LGTBI.
A pesar de la fuerte oposición de sectores conservadores y del recurso de inconstitucionalidad presentado entonces por el Partido Popular y las multitudinarias marchas convocadas por la Conferencia Episcopal Española, incluso pidiendo el voto para los populares en las elecciones generales del 2008, de aquellas polémicas declaraciones de “las peras y las manzanas” de Ana Botella, esposa del ex Presidente del Gobierno, José María Aznar, el Tribunal Constitucional terminó avalando en noviembre de 2012, una ley que hoy cuenta con un respaldo social ampliamente mayoritario.
Durante años pareció que determinados debates habían quedado definitivamente superados. La igualdad legal avanzaba, las nuevas generaciones crecían en una sociedad mucho más abierta que la de sus padres y la sensación general era que los derechos conquistados ya formaban parte del patrimonio democrático de España.
Tal era el grado de normalización de los derechos civiles que, hasta destacados dirigentes del Partido Popular- como Javier Maroto-, sí, el mismo que había saboteado la aprobación de la ley, podían contraer matrimonio haciendo uso de ella, y a cuya fiesta acudieron los máximos dirigentes de Génova 13, allá por noviembre de 2015, con el entonces Presidente del Gobierno Mariano Rajoy y la secretaria general de los populares María Dolores de Cospedal, entre otros.
Quizá el mayor éxito de quienes protagonizaron aquella conquista fue hacer creer a las generaciones posteriores que la igualdad era ya un patrimonio irreversible de nuestra democracia. Pero precisamente ahí reside el riesgo. Cuando una sociedad da por descontadas sus libertades, deja también de vigilarlas. Y la historia, una y otra vez, demuestra que ningún derecho desaparece de golpe: comienza a erosionarse cuando deja de defenderse.
Derechos como trueque de poder
Y es precisamente ahí donde nos encontramos en 2026. El escenario político surgido tras las distintas citas electorales celebradas durante 2026 ha contribuido a reforzar esa sensación de incertidumbre. Los avances de Vox en comunidades como Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, así como los acuerdos alcanzados con el Partido Popular para facilitar o conformar gobiernos, han vuelto a situar los derechos LGTBI en el centro de la negociación política.
No se trata únicamente de un debate ideológico. En los últimos meses hemos asistido a la revisión de leyes autonómicas de igualdad, al cuestionamiento de políticas de protección del colectivo y a iniciativas parlamentarias que, hace apenas unos años, parecían impensables. Para muchas organizaciones LGTBI, el temor ya no reside únicamente en que no se amplíen nuevos derechos, sino en que algunos de los ya conquistados puedan verse debilitados o condicionados por los equilibrios parlamentarios.
Madrid constituye uno de los ejemplos más visibles de ese cambio de ciclo. A pesar de gobernar con mayoría absoluta y no depender de la formación ultraderechista para acceder a la Puerta del Sol, la reforma impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la legislación autonómica sobre igualdad y derechos de las personas LGTBI y trans fue presentada por el Ejecutivo regional como una simplificación normativa.
Sin embargo, más allá del discurso oficial que han pretendido vender el gobierno de la presidenta madrileña, lo cierto es que en la práctica supone un recorte de garantías y derechos y una menor protección para el colectivo. Así, Ayuso se acerca al retrogrado discurso de “las peras y las manzanas” de la ex alcaldesa madrileña, compra el relato a la extrema derecha, lo vende a sus electores para que la elijan como su máxima representante. Y neutraliza cualquier avance de Vox en Madrid.
A ello se suma un episodio especialmente significativo ocurrido hace apenas unos días en el Congreso de los Diputados. La Cámara dio un paso para endurecer la respuesta penal frente a las denominadas terapias de conversión, prácticas rechazadas por la comunidad científica y por los principales organismos internacionales de derechos humanos. Mientras Vox votó en contra de la iniciativa, el Partido Popular optó por la abstención.
La decisión del principal partido de la oposición fue recibida con decepción por numerosas organizaciones LGTBI, que esperaban un rechazo rotundo a unas prácticas basadas en la falsa premisa de que la orientación sexual o la identidad de género pueden —o deben— modificarse. Más allá del resultado parlamentario, aquella votación simbolizó hasta qué punto cuestiones que parecían definitivamente superadas vuelven hoy a formar parte de la confrontación política.
Derechos discutibles y negociables
Como si todo ello no fuera suficiente, la propia semana del Orgullo ha vuelto a evidenciar el tono con el que parte de la extrema derecha aborda cualquier reivindicación del colectivo. Dirigentes de Vox repartidos por distintos puntos de España han calificado las marchas del Orgullo como un "teatro ridículo", actos "de dudoso gusto", una "tomadura de pelo" o un "despilfarro" de dinero público, recuperando expresiones como "lobbies", "chiringuitos" o "agenda ideológica" para desacreditar unas movilizaciones que nacieron, precisamente, para combatir la discriminación y reclamar igualdad.
Quizá esa sea la señal más preocupante. No solo determinadas decisiones institucionales, sino la progresiva normalización de un discurso que presenta derechos consolidados como si fueran privilegios discutibles o susceptibles de negociación. Cuando la igualdad deja de ser un consenso básico y pasa a depender de mayorías parlamentarias cambiantes, la principal enseñanza de Stonewall recupera toda su vigencia: ningún derecho permanece para siempre si la sociedad deja de defenderlo.
Resulta llamativo que, mientras la inmensa mayoría de la sociedad española considera hoy plenamente normal la diversidad sexual y familiar, el principal partido de la extrema derecha continúe presentando el Orgullo como un problema en lugar de entenderlo como la celebración de una conquista colectiva de derechos civiles.
Orgullo como negocio
Y frente a este contexto donde algunas formaciones políticas cuestionan los derechos conseguidos, la inercia del colectivo es más que evidente. En los últimos años, la trasgresión inicial de sus miembros ha dado paso a un cortoplacismo que se limita al aquí y al ahora, a la diversión, “a pasarlo bien”, a una fiesta desideologizada carente de reivindicaciones pero que rebosa de hedonismo, de disfrute y de negocio. Lo que empezó como una manifestación a favor de derechos y por la igualdad se ha entregado, por completo y sin resistencias, a la mercantilización para que hosteleros, agencias de viajes, compañías aéreas y ayuntamientos engorden su facturación las primeras semanas del verano y saquen tajada a la paga extra que la mayoría de los españoles cobran, casualmente unos días antes.
Y para pruebas una evidencia: el mismo Ayuntamiento de Madrid que desde hace 2019 está en manos del popular Martínez Almeida y que se opone, a diferencia de otras grandes capitales europeas como Paris, Londres o Berlín, a colgar la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Cibeles, promociona el “Orgullo”, como una fiesta turística más que garantiza grandes recaudaciones a bares, restaurantes, discotecas y hoteles.
En pocas palabras, desde las mismas instituciones se promociona un “Orgullo”, vacío de compromiso político, de lucha, desideologizado: la reducción a unas sillas de colores apiladas en los carteles oficiales del Ayuntamiento de Madrid de este año son el fiel reflejo de ello.
Vuelta a Stonewall
Precisamente por eso, frente a los avances de los discursos de odio y de criminalización de la homosexualidad, el Orgullo debería recuperar parte de su significado original. Porque antes de convertirse en una celebración multitudinaria fue una protesta. Antes de los conciertos, las carrozas y la fiesta hubo personas que se enfrentaron a la discriminación, a la violencia y a la persecución para reclamar algo tan sencillo —y tan revolucionario entonces— como vivir con dignidad.
Stonewall nunca fue únicamente un bar de Nueva York. Fue el lugar donde miles de personas dejaron de pedir permiso para existir. Fue el momento en que una minoría decidió plantar cara a quienes pretendían condenarla a la invisibilidad. Y esa es una enseñanza que conserva toda su vigencia.
Las generaciones que conquistaron esos derechos demostraron que la igualdad nunca llega por inercia. Siempre ha sido el resultado del compromiso, de la movilización y de la defensa constante de las libertades. Pensar que esas conquistas son irreversibles quizá haya sido uno de los mayores errores que haya cometido los miembros LGTBI. Con el transcurso de los años se han fiado demasiado creyendo que los derechos que tanto le costaron conseguir a sus predecesores llegaron para quedarse. Vistas las circunstancias políticas donde el PP intercambia las conquistas LGTBI por gobiernos, por poder, no el colectivo debería estar en alerta y no quedarse dormido frente a una amenaza real de recortes en sus derechos.
Frente a la ola reaccionaria, el Orgullo de este año no debería entenderse únicamente como una fiesta más en el que unos pocos hagan caja engordando sus cuentas de resultados: rescatar el espíritu reivindicativo, de lucha por la igualdad y por la diversidad es una imperiosa necesidad.
Han pasado 57 años desde Stonewall. Pero la principal enseñanza de aquella madrugada debería seguir intacta: los derechos nunca terminan de conquistarse; cada generación tiene que defenderlos. Stonewall no pertenece al pasado, Stonewall sigue vivo porque los opresores de las porras de entonces, hoy tienen escaños, coches oficiales, recursos públicos, consejerías y gobiernos.