El Ministerio del Interior ha decidido acompasar la obligatoriedad de la baliza V16 con un periodo de tolerancia en la sanción. La medida, presentada junto al balance provisional de siniestralidad de 2025, busca ganar adhesión social a un cambio técnico que pretende reducir atropellos en carretera. El enfoque no es menor: se trata de cómo el Estado introduce innovaciones obligatorias sin convertir la seguridad en un trámite punitivo.
La comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska y del director general de Tráfico Pere Navarro sirvió para fijar el marco político de una decisión que llevaba años gestándose. Desde el 1 de enero de 2026, la señalización de averías y accidentes en vías rápidas debe hacerse con la baliza V16 conectada, en sustitución de los triángulos. La novedad no es solo el dispositivo, sino la lógica que lo acompaña: informar antes que multar, al menos durante un “periodo razonable”.
La apuesta tiene una base empírica difícil de discutir. En 2025 murieron en carretera 103 peatones, cerca del 10% del total de víctimas mortales. Una parte relevante de esos fallecimientos se produjo cuando los conductores bajaron del vehículo para señalizar una incidencia. El riesgo no es nuevo. Desde hace más de una década, operadores de seguridad vial y servicios de auxilio vienen alertando del peligro estructural que supone caminar por la calzada, incluso con chaleco reflectante. El dato que Interior maneja —alrededor de 25 muertes al año asociadas a esta maniobra— ha terminado por inclinar la balanza regulatoria.
Tecnología obligatoria, Estado responsable
La V16 no es un mero sustituto luminoso. Es un dispositivo conectado, visible a un kilómetro, que envía la geolocalización de la incidencia al sistema de gestión del tráfico y, por extensión, a los navegadores y paneles informativos. En términos de política pública, el salto es significativo: la seguridad vial deja de depender exclusivamente del comportamiento individual para integrarse en una red de información en tiempo real. España se convierte así en laboratorio europeo. Otros países observan el despliegue antes de mover ficha; algunos, como Reino Unido o Luxemburgo, ya habían retirado los triángulos de autopistas por su peligrosidad.
La flexibilidad anunciada por Interior no es un gesto menor. Reconoce una realidad incómoda: la implantación de una obligación técnica conlleva costes económicos y una curva de aprendizaje desigual. El mercado de balizas —homologadas, conectadas, con distintos precios— no es homogéneo, y el parque móvil español, envejecido, acusa más estos cambios. Optar por la pedagogía evita convertir una medida de seguridad en un nuevo foco de desigualdad sancionadora.
El ángulo de la privacidad
Uno de los flancos más sensibles es el de los datos. Marlaska cerró el debate con una afirmación tajante: la V16 solo transmite la posición del vehículo, sin captación adicional de información personal. La garantía no es irrelevante en un contexto de creciente vigilancia tecnológica. Pero tampoco agota la discusión. La normalización de dispositivos conectados obligatorios en el automóvil plantea preguntas de fondo sobre gobernanza de datos, interoperabilidad y control público de la información generada. No son objeciones a la medida, sino condiciones para su legitimidad a largo plazo.
El balance provisional indica que unos 3.000 vehículos al día ya señalizan incidencias con V16. La cifra sugiere un grado de cumplimiento notable para una obligación recién estrenada, aunque conviene leerla con cautela: no equivale a parque adaptado, sino a uso efectivo en situaciones concretas. Aun así, el mensaje político es claro. Interior confía en que la norma se consolide sin necesidad de un despliegue sancionador intensivo.
La transición de los triángulos a la baliza V16 ilustra una forma concreta de intervenir desde lo público: combinar evidencia, tecnología y tiempo social. No es un debate épico ni una reforma vistosa. Es, más bien, la gestión paciente de un riesgo conocido, con la ambición de reducir muertes evitables sin convertir la carretera en un espacio de castigo administrativo. En ese equilibrio —frágil, técnico y poco espectacular— se juega buena parte de la credibilidad de las políticas de seguridad vial.