Estados Unidos ha comenzado a aplicar desde este martes un nuevo arancel global del 10% a las importaciones, una medida aprobada el pasado viernes por el presidente Donald Trump tras el varapalo del Tribunal Supremo a gran parte de los gravámenes anteriores fijados por la Casa Blanca.
La máxima instancia judicial consideró que el Ejecutivo se extralimitó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aquellas tarifas, lo que ha obligado al Gobierno a buscar otro encaje legal para mantener la presión sobre los productos extranjeros.
El nuevo recargo se apoya ahora en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al presidente de Estados Unidos a responder a problemas de pagos internacionales mediante recargos y restricciones especiales a las importaciones. A diferencia de los gravámenes anulados por el Supremo, este arancel tiene carácter temporal y fija un periodo de aplicación de 150 días a partir de las 00:01 horas (hora de la Costa Este) de este 24 de febrero.
La medida llega envuelta en una nueva escalada retórica del mandatario republicano, que ya ha dejado claro que su objetivo es frenar la salida de dólares hacia el exterior e incentivar el retorno de la producción a suelo estadounidense. “Con esta medida, Estados Unidos puede frenar la salida de dólares hacia productores extranjeros e incentivar el retorno de la producción nacional”, argumenta la Casa Blanca, que vincula el arancel a la corrección del déficit de la balanza de pagos mediante un impulso a la producción interna.
En paralelo a la entrada en vigor del nuevo recargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha anunciado que deja de recaudar los aranceles adicionales que estaban en vigor al amparo de la IEEPA, aclarando que la nueva orden ejecutiva “afecta únicamente a los aranceles de la IEEPA y no afecta a ningún otro arancel”. Es decir, el arancel global del 10% se suma al entramado de tarifas ya existentes, pero sustituye parcialmente a las que han sido tumbadas por el Supremo.
El propio Trump ha alimentado la incertidumbre al asegurar en redes sociales que prevé elevar el tipo del 10% al 15%, aunque esa amenaza aún no se ha concretado formalmente. Medios estadounidenses apuntan a que la Casa Blanca trabaja ya en una propuesta para incrementar la tasa, lo que de confirmarse endurecería todavía más la factura de entrada al mercado estadounidense para los exportadores de todo el mundo.
Lejos de interpretar el fallo del Supremo como un recorte de sus márgenes, Trump ha presumido de que la decisión le otorga “accidental e involuntariamente” más poder que antes. Según ha defendido, los jueces han avalado otros aranceles que, en sus palabras, pueden utilizarse “de una manera mucho más poderosa y atroz”, con mayor seguridad jurídica para el Ejecutivo.
En ese contexto, el presidente ha lanzado un aviso directo a los países que, a su juicio, han “estafado” a Estados Unidos “durante años, e incluso décadas”, y que puedan verse tentados a “jugar” con lo que califica como la “ridícula” decisión de la Corte Suprema. Trump ha advertido de que cualquier intento de aprovechar el nuevo escenario se topará con aranceles “mucho más altos, y peores” que los acordados recientemente, reforzando así el mensaje de que Washington está dispuesto a tensar aún más la cuerda en la política comercial global.