El presidente descarta responsabilizar al reino alauí de la avalancha mientras las filtraciones de Jabaroot y los informes de inteligencia introducen nuevas incógnitas sobre una relación de la que dependen la frontera, los retornos, la seguridad y miles de millones en intercambios comerciales
Pedro Sánchez está evitando conscientemente abrir una crisis diplomática con Marruecos después de la entrada de alrededor de 70.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio, pero la explicación de esa prudencia no necesita recurrir a teorías ocultas ni a una supuesta debilidad personal del presidente. Basta observar la dimensión de la relación entre ambos países para comprender que España tiene demasiado en juego al otro lado del Estrecho como para convertir una sospecha, por inquietante que resulte, en una acusación oficial contra Rabat sin pruebas concluyentes.
Sánchez lo ha expresado de forma particularmente clara. Afirma que no existe información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del CNI ni de los servicios extranjeros con los que coopera España que permita responsabilizar a las autoridades marroquíes de la organización de la entrada masiva, mientras insiste en que la cooperación con Marruecos es «francamente positiva» y advierte de que una ruptura de confianza agravaría la situación de Ceuta en lugar de resolverla. Su fórmula resume toda la política española: «unidad de acción de puertas para dentro y cooperación de puertas para fuera».
El problema es que esa posición gubernamental convive ahora con informaciones más incómodas. Los análisis de inteligencia publicados por EL PAÍS no sostienen que Marruecos diseñara inicialmente una operación para introducir decenas de miles de personas en Ceuta, pero sí contemplan que pudiera haber instrumentalizado posteriormente la crisis y estiman como probable un incremento de operaciones encubiertas de «zona gris» contra Ceuta y Melilla, mediante herramientas que pueden incluir desinformación, ciberataques, sabotajes u otras actuaciones deliberadamente situadas por debajo del umbral de un conflicto abierto.
No existe necesariamente una contradicción entre ambas posiciones. Una cosa es carecer de pruebas de que Rabat ordenó la avalancha del 30 de julio y otra muy diferente concluir que España no debe vigilar posibles actuaciones marroquíes destinadas a aprovechar políticamente una crisis ya iniciada. Precisamente ese estrechísimo espacio entre cooperación y desconfianza explica el extraordinario cuidado con el que Sánchez está administrando la relación.
Una frontera que España no puede gestionar sola
La primera razón es Ceuta. Ningún despliegue español puede controlar completamente una frontera si las autoridades situadas al otro lado dejan de contener los movimientos hacia ella, algo que la propia crisis acaba de demostrar con una contundencia difícil de ignorar. El Gobierno sostiene que Marruecos colaboró después de la avalancha en los retornos y que fue capaz de impedir que prosperara la nueva convocatoria difundida para el 15 de agosto, un contraste que, paradójicamente, demuestra tanto la utilidad de la cooperación marroquí como la enorme capacidad de presión que esa cooperación proporciona a Rabat.
Sánchez sabe además que la política migratoria española de los últimos años se ha construido sobre acuerdos con países de origen y tránsito, entre ellos Marruecos, Mauritania y Senegal. En junio defendía que las llegadas irregulares habían descendido un 35% interanual y cerca de un 71% en Canarias, resultados que vinculaba directamente con esa estrategia de colaboración exterior.
Ahí reside una vulnerabilidad evidente: cuanto más eficaz resulte Marruecos para impedir salidas, desarticular redes y readmitir personas, más costoso será para España enfrentarse diplomáticamente con su vecino. La cooperación funciona, pero esa misma eficacia genera una relación de interdependencia que obliga a Madrid a preguntarse permanentemente cuánto puede exigir sin poner en riesgo aquello que necesita conservar.
Mucho más que inmigración
La segunda razón es económica. España es el primer socio comercial de Marruecos y el intercambio bilateral supera los 22.500 millones de euros anuales; más de 350 empresas españolas están implantadas en el país y Marruecos es además el principal destino de la inversión española en África, con cerca de 2.000 millones de euros acumulados según los datos oficiales disponibles. A ello se añaden grandes proyectos de infraestructuras y las oportunidades empresariales asociadas al Mundial de fútbol de 2030 que organizan conjuntamente España, Portugal y Marruecos.
Tampoco puede olvidarse la cooperación en terrorismo, crimen organizado, movilidad y seguridad en una región condicionada por la desestabilización del Sahel. La propia Unión Europea considera Marruecos un socio fundamental y en enero volvió a reclamar el fortalecimiento de la cooperación migratoria con Rabat. (Consejo Europeo)
Sánchez lleva años describiendo esta relación mediante una palabra muy precisa: interdependencia. Cuando reconstruyó los vínculos con Mohamed VI en 2022 afirmó que esa interdependencia era una «realidad incontestable» y que lo contrario a profundizar en la cooperación «no sería una opción». Aquella nueva etapa estuvo acompañada por el giro español sobre el Sáhara Occidental, al considerar la iniciativa marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto.
La política actual no surge, por tanto, improvisadamente de la crisis de julio. Es la continuidad de una estrategia iniciada después de las enormes tensiones de 2021 y basada en la conclusión de que España obtiene más seguridad manteniendo a Rabat dentro de una relación estable que enfrentándose permanentemente con él.
El riesgo de que la prudencia se convierta en dependencia
El problema comienza cuando esa lógica razonable puede terminar dificultando las preguntas incómodas. Jabaroot asegura poseer documentación relacionada con los acontecimientos de Ceuta, mientras Le Monde atribuye su última filtración a cinco antiguos miembros de la DGST marroquí exiliados en Europa, lo que concede a la historia una dimensión que obliga como mínimo a comprobar rigurosamente cualquier documento que aparezca.
Sánchez hace bien en no acusar a Marruecos basándose en mensajes de un grupo de hackers, pero España cometería el error contrario si su necesidad de preservar la relación con Rabat provocara que cualquier indicio comprometedor fuese descartado anticipadamente. La cooperación estratégica exige confianza, pero una relación entre Estados no puede convertirse en un acto de fe.
El verdadero dilema español consiste precisamente en mantener simultáneamente ambas posiciones: Marruecos es imprescindible para España y, justamente por eso, España necesita conocer con absoluta precisión hasta dónde llega Marruecos.
Si las investigaciones terminan demostrando que la avalancha fue exclusivamente consecuencia de una movilización digital extraordinaria y que Rabat colaboró desde que comprendió su magnitud, la posición prudente de Sánchez habrá sido correcta. Si aparecen pruebas auténticas de que determinadas estructuras marroquíes permitieron deliberadamente el desbordamiento o lo utilizaron para presionar a España, el Gobierno tendrá un problema mucho mayor, porque deberá revisar una relación estratégica en la que ha invertido una parte esencial de su política mediterránea.
El error sería elegir ahora entre la ingenuidad y el enfrentamiento. España necesita a Marruecos, pero necesitarlo no puede significar dejar de investigarlo cuando los intereses españoles están en juego.
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