España ha decidido elevar la presión sobre sus socios europeos para conseguir que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la Unión Europea. Después de tres años sin lograr la unanimidad necesaria, el Gobierno introduce un argumento nuevo en una negociación que parecía prácticamente detenida y vincula la petición española con uno de los grandes procesos políticos que deberá afrontar la UE durante los próximos años, su ampliación.
La posición trasladada por el Ministerio de Asuntos Exteriores es que España no podrá aceptar la incorporación de nuevas lenguas oficiales vinculadas a la entrada de futuros Estados miembros si antes no se reconoce el mismo estatus al catalán, el euskera y el gallego.
El mensaje supone un endurecimiento considerable de la estrategia seguida hasta el momento, aunque conviene precisar su alcance. El Gobierno no ha anunciado que vaya a bloquear la entrada de nuevos países en la Unión Europea y mantiene expresamente su respaldo a la ampliación. Lo que pone sobre la mesa es una contradicción que considera difícil de sostener, que puedan incorporarse nuevos idiomas al régimen lingüístico europeo y continúen fuera tres lenguas que ya son oficiales en un Estado miembro desde hace décadas.
La discusión regresará al Consejo de Asuntos Generales el 22 de septiembre bajo un epígrafe que explica bastante bien el cambio de estrategia española. Lenguas oficiales y ampliación.
España vincula las lenguas cooficiales con la ampliación de la UE
La Unión Europea tiene actualmente 24 lenguas oficiales y la entrada de nuevos Estados obligará previsiblemente a modificar su régimen lingüístico para incorporar los idiomas correspondientes. Albania y Montenegro se encuentran entre los países más avanzados en el proceso de adhesión y España es uno de los Estados que ha defendido con mayor claridad que la ampliación constituye una herramienta estratégica para Europa.
El Gobierno no renuncia a esa posición. Exteriores insiste en que España apoya firmemente la incorporación de nuevos miembros y considera positiva la diversidad lingüística que acompañará a una Unión más amplia y, precisamente por eso ha decidido utilizar la ampliación como palanca política.
Si Europa está dispuesta a reconocer las lenguas de los países que todavía no pertenecen a la Unión, sostiene Madrid, resulta difícil explicar que continúe sin resolver la situación del catalán, el euskera y el gallego, lenguas reconocidas dentro de un Estado que ingresó en las Comunidades Europeas en 1986.
El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, había planteado esta semana esa reflexión al recordar que la solicitud afecta a lenguas habladas por millones de ciudadanos europeos. Exteriores ha dado un paso adicional y advierte de que España no podrá aceptar nuevas incorporaciones al reglamento lingüístico sin que previamente se resuelva su propia petición.
No es todavía un veto a la ampliación europea, pero sí convierte una negociación lingüística que llevaba meses prácticamente congelada en una cuestión que los demás Estados tendrán más dificultades para aplazar indefinidamente.
Por qué catalán, euskera y gallego todavía no son oficiales en la UE
España solicitó formalmente en agosto de 2023 la modificación del reglamento que establece el régimen lingüístico de las instituciones europeas para incorporar las tres lenguas. La petición formó parte de los compromisos políticos adquiridos para conseguir el apoyo de Junts a la nueva legislatura de Pedro Sánchez, un origen que desde entonces ha utilizado la oposición para presentar la iniciativa fundamentalmente como una concesión al independentismo catalán.
Pero reducirla a ese acuerdo explica por qué el Gobierno decidió impulsarla en aquel momento y bastante menos qué significaría su aprobación. El catalán, el euskera y el gallego son lenguas oficiales en España conforme a sus respectivos estatutos de autonomía y dentro del marco establecido por la Constitución. Se utilizan en instituciones públicas, sistemas educativos, administraciones y parlamentos autonómicos, y su reconocimiento europeo tendría consecuencias que van más allá de la política catalana.
La modificación permitiría utilizarlas plenamente ante las instituciones comunitarias y obligaría a incorporar progresivamente esas lenguas al funcionamiento jurídico y administrativo de la Unión en los términos que finalmente se acordasen.
España ya consiguió hace años un régimen limitado que permite determinados usos de las tres lenguas ante instituciones europeas, pero la oficialidad completa continúa pendiente. Para alcanzarla existe un obstáculo que el Gobierno no ha conseguido superar desde 2023. Necesita convencer a todos.
La unanimidad mantiene bloqueada la petición española
Modificar el régimen lingüístico europeo requiere la unanimidad de los Estados miembros. Basta, por tanto, con que un solo Gobierno mantenga su oposición para impedir la aprobación.
España ha llevado la cuestión en numerosas ocasiones al Consejo de Asuntos Generales y ha ido modificando su propuesta para intentar despejar las reservas jurídicas, económicas y políticas expresadas por otros países.
Alemania ha sido uno de los Estados que mayores dudas ha planteado y en el último debate de fondo, celebrado en julio de 2025, alrededor de una decena de delegaciones mantenían reservas. Berlín volvió a dejar claro posteriormente que sus objeciones, especialmente las relacionadas con la base jurídica de la medida, no habían desaparecido.
El Gobierno español sostiene que una mayoría muy amplia de países ya no se opone a la petición, pero eso sirve de poco en una decisión que exige unanimidad.
La discusión tampoco se limita al coste, algunos Estados temen que reconocer las tres lenguas españolas pueda abrir la puerta a reclamaciones similares de otras comunidades lingüísticas europeas. España responde que la situación del catalán, el euskera y el gallego reúne características difíciles de trasladar automáticamente a otros casos.
Las tres tienen reconocimiento oficial dentro de un Estado miembro, los tratados europeos fueron traducidos a ellas y existe desde hace años un marco que permite utilizarlas parcialmente ante distintas instituciones de la Unión.
El argumento español pretende demostrar que no se está creando una categoría abierta para cualquier lengua regional o minoritaria europea, sino resolviendo una situación específica dentro de uno de los Estados miembros. Hasta el momento no ha sido suficiente para convencer a todos.
España asumiría el coste de las tres nuevas lenguas oficiales
El dinero ha sido otra de las objeciones planteadas durante la negociación. La Comisión Europea calculó un coste aproximado de 132 millones de euros anuales para la incorporación plena del catalán, el euskera y el gallego, tomando como referencia la experiencia del gaélico. El Gobierno español respondió comprometiéndose a asumir el gasto adicional para evitar que la oficialidad repercutiera en los presupuestos de los demás socios. Madrid ofreció además una implantación progresiva.
La propuesta planteada en 2025 contemplaba que las tres lenguas comenzasen a utilizarse parcialmente desde 2027 y que durante una primera fase solo fuera obligatorio traducir determinados reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, alrededor del 3 % de los actos jurídicos aprobados durante la legislatura anterior.
El objetivo era reducir tanto el coste inicial como la dificultad técnica de incorporar simultáneamente tres idiomas a una maquinaria europea que trabaja con miles de documentos y en la que todas las versiones lingüísticas oficiales de una norma tienen idéntico valor jurídico.
El esfuerzo realizado por España para responder a esas objeciones tampoco ha conseguido desbloquear la unanimidad. De ahí el cambio de estrategia.
La ampliación abre una contradicción que España quiere aprovechar
La entrada de nuevos Estados coloca el debate en un terreno diferente porque la Unión Europea tendrá que afrontar necesariamente la incorporación de nuevas lenguas.
España quiere que sus socios expliquen entonces por qué resulta posible ampliar el régimen lingüístico para reconocer los idiomas de países que acaban de incorporarse y no puede hacerse con tres lenguas que llevan décadas siendo oficiales dentro de un Estado miembro.
La comparación no resuelve por sí misma todas las objeciones jurídicas. La adhesión de un nuevo Estado y la modificación solicitada por España responden a procedimientos y circunstancias diferentes, y los gobiernos que mantienen reservas pueden seguir considerando que reconocer el catalán, el euskera y el gallego genera un precedente que la ampliación de la Unión no produce en los mismos términos.
Pero políticamente obliga a discutir una situación bastante difícil de explicar a quienes hablan esas lenguas.
Una persona gallega, catalana o vasca es ciudadana de la Unión desde hace cuarenta años y, sin embargo, no puede relacionarse con todas sus instituciones en una lengua que sí tiene reconocimiento oficial en su propio país.
La anomalía resulta todavía más visible cuando se contempla desde Galicia. El gallego comparte origen lingüístico con el portugués, una de las 24 lenguas oficiales de la Unión, pero continúa sin ese reconocimiento europeo pese a ser oficial en Galicia y utilizarse diariamente en sus instituciones, su enseñanza, sus medios públicos y su Administración.
La reivindicación tampoco pertenece únicamente al independentismo catalán ni puede explicarse exclusivamente por la necesidad parlamentaria que llevó a Sánchez a impulsarla en 2023. Para millones de ciudadanos afecta a algo bastante más cotidiano que los acuerdos de investidura, poder dirigirse a las instituciones europeas y recibir respuesta en una de las lenguas oficiales de su país.
El Gobierno lleva la batalla lingüística de nuevo a Bruselas
El Consejo de Asuntos Generales del 22 de septiembre no resolverá previsiblemente la cuestión. España ha solicitado incluirla como un punto de información, lo que permitirá exponer su posición y dará al resto de delegaciones la posibilidad de intervenir, pero no está prevista una votación que pueda conceder la oficialidad.
La importancia de la reunión reside en otro lugar. Será la primera vez desde julio de 2025 que el asunto regrese a nivel ministerial y lo hará unido expresamente al debate sobre la ampliación.
El Gobierno intenta así sacar una negociación del terreno en el que llevaba demasiado tiempo atrapada. Repetir que conseguiría la unanimidad no había conseguido producirla y las conversaciones bilaterales con países reticentes tampoco han eliminado todas las reservas. España ha decidido introducir una consecuencia política.
Si los Veintisiete quieren incorporar nuevos Estados y, con ellos, nuevas lenguas oficiales, tendrán que volver a mirar un expediente que permanece abierto desde 2023. El movimiento puede generar críticas y probablemente las generará. Vincular dos negociaciones europeas diferentes siempre entraña riesgos y los países candidatos difícilmente tienen responsabilidad alguna en que los actuales miembros no hayan alcanzado un acuerdo sobre las lenguas españolas. Pero existe también una pregunta que Bruselas tendrá que responder.
Cuánto tiempo puede pedir a millones de ciudadanos europeos que esperen el reconocimiento de sus lenguas mientras se prepara para recibir otras nuevas. España ha decidido que esa pregunta deje de permanecer indefinidamente al final del orden del día.
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