Ecologistas en Acción ha presentado sus alegaciones al proyecto de Real Decreto que fomenta el uso de combustibles renovables en el transporte. La organización ecologista valora positivamente que los objetivos se planteen en términos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y que se desarrollen salvaguardas para evitar el fraude, incluyendo un Sistema de Verificación de la Sostenibilidad estatal. Sin embargo, advierte de que la norma corre el riesgo de repetir errores del pasado al mantener el uso de materias primas insostenibles.
Además, reclama que la reducción de emisiones del sector del transporte sólo podrá lograrse a través de la disminución de la demanda energética en todos los sectores del transporte, evitando falsas soluciones que trasladan impactos ambientales y sociales a otros países.
Entre las principales demandas que plantean los ecologistas, figuran la eliminación inmediata de los biocombustibles de soja, vinculados a deforestación y pérdida de biodiversidad, principalmente en Sudamérica; Implementación de un plan para eliminar de manera progresiva los biocombustibles de cultivos alimentarios y forrajeros, alcanzando el 0 % en 2030; restricción del uso de residuos importados (como los residuos de palma y el aceite de cocina usado), cuyo origen es difícil de verificar y presentan riesgos de fraude y expansión de monocultivos.
Se debe identificar la disponibilidad doméstica de residuos antes de establecer objetivos; aplicación de la jerarquía de residuos: la quema para bioenergía debe ser la última opción, priorizando la reducción, reutilización y reciclaje; exclusión de la biomasa forestal como fuente de combustibles renovables, dada su importancia para la biodiversidad y el almacenamiento de carbono; establecimiento de límites al biogás y biometano en el transporte, evitando nuevas infraestructuras que pueden acabar fomentando la utilización de los combustibles fósiles, y no fomento de España como hub exportador de combustibles renovables, priorizando una transición energética justa y coherente con las necesidades y capacidades del territorio.
Según los últimos datos disponibles, en España en 2023, el 70 % del HVO y el 38 % del biodiésel se produjeron con residuos importados de Asia, principalmente residuos de palma y aceite de cocina usado procedentes de Indonesia, Malasia y China.
Ecologistas en Acción alerta de que la expansión de biocombustibles a partir de residuos (avanzados) y biogás también implica riesgos de greenwashing, competencia por recursos limitados y falsas soluciones que pueden retrasar una transición energética real.
La organización ecologista recuerda que entre 2010 y 2020 las políticas europeas sobre biocombustibles contribuyeron a la deforestación de un área aproximada al tamaño de Países Bajos. Por ello, demanda al Gobierno que el Real Decreto sea coherente, ambicioso y alineado con los objetivos climáticos, garantizando una reducción real de emisiones sin externalizar daños ambientales a otros países, y priorizando la reducción de la demanda energética en el transporte frente al simple reemplazo de combustibles.