El movimiento ciudadano Stop ZBE Tarragona ha emergido como una voz crítica contra la implementación de la Zona de Bajas Emisiones prevista para diciembre de 2025 en la capital catalana. La plataforma denuncia que esta medida es “injusta, insostenible y socialmente discriminatoria” y está preparando un recurso contencioso-administrativo contra la normativa municipal.
Un modelo bajo sospecha judicial
La oposición ciudadana se fortalece tras los precedentes judiciales que han cuestionado la legalidad de las ZBE en distintos puntos de España. El caso más emblemático es el de Barcelona, donde la asociación ASCOPARC (Asociación Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias) logró que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulara la ordenanza de la ZBE en marzo de 2022. El Tribunal Supremo ratificó posteriormente esta decisión en noviembre de 2023, obligando al Ayuntamiento a devolver las multas impuestas.
ASCOPARC, fundada en 2017 y que cuenta con más de 5.000 socios, ha establecido colaboración directa con Stop ZBE Tarragona para proporcionar asesoramiento legal especializado y coordinar movilizaciones ciudadanas. La asociación barcelonesa argumenta que las ZBE “no reflejan la contaminación real de cada vehículo” y discriminan a quienes no pueden permitirse cambiar de coche.
El impacto económico y social en el punto de mira
Según las estimaciones de la organización, aproximadamente el 30% de los vehículos de Tarragona no disponen de etiqueta ambiental, lo que afectaría directamente a trabajadores autónomos, padres que llevan a sus hijos al colegio, personas mayores sin alternativas de movilidad y comercios locales.
El colectivo argumenta que el sistema de etiquetas de la DGT presenta “discriminaciones técnicas evidentes”. Por ejemplo, un vehículo de 2023 con etiqueta ECO emite 143 g/km de CO₂, mientras que un Opel Corsa B de 1997 con motor 1.2 gasolina emite 140 g/km, pero el primero puede circular libremente mientras el segundo está prohibido.
La plataforma defiende que “la fabricación de un coche nuevo, ya sea eléctrico o híbrido, genera una contaminación enorme en su proceso industrial” y que, según estudios, “un coche eléctrico necesita recorrer al menos 140.000 km para compensar la huella de fabricación”.
La realidad nacional: implementación lenta y resistencia judicial
La situación de Tarragona refleja una tendencia nacional más amplia. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, de las 169 localidades obligadas por la Ley de Cambio Climático a implantar ZBE antes de 2023, solo el 32,5% (55 municipios) cuentan actualmente con una zona completamente operativa. El 67,5% restante continúa sin disponer de ella, dos años y medio después del plazo establecido.
Las cifras más recientes muestran un incremento significativo: a enero de 2025, son 49 las ciudades que tienen ZBE activas, aunque muchas están en período de adaptación sin régimen sancionador. Madrid, por ejemplo, ha concedido un período de aviso de 12 meses (hasta diciembre de 2025) antes de aplicar sanciones.
Un frente judicial creciente
La oposición judicial a las ZBE se ha intensificado considerablemente. Hasta ahora, trece sentencias judiciales han cuestionado ya la legalidad de ocho Zonas de Bajas Emisiones en España. Los tribunales han encontrado “defectos de forma en sus tramitaciones”, “ausencias de informes de impacto económico” y las han considerado discriminatorias hacia ciudadanos con menor capacidad económica.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el caso de Barcelona, argumentó que la ordenanza no ponderaba suficientemente “las consecuencias económicas y sociales” y no valoraba “alternativas o medidas menos restrictivas”. Los magistrados consideraron que incidía “especialmente en los ciudadanos con menor capacidad económica” para renovar su vehículo.
El contexto específico de Tarragona
Stop ZBE Tarragona plantea argumentos específicos sobre la situación de su ciudad. Señalan que “la principal fuente de contaminación son las petroquímicas y el puerto”, no los vehículos particulares. Esta afirmación encuentra cierto respaldo en estudios recientes que muestran niveles elevados de contaminación en el entorno portuario.
Un estudio realizado entre septiembre y octubre de 2024 por la plataforma Stop Creuers reveló que los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en el puerto de Tarragona varían entre 27,9 y 50,3 μg/m³, superando ampliamente los límites de la Organización Mundial de la Salud (10 μg/m³) y la nueva directiva europea (20 μg/m³).
Además, los datos de 2024 del Observatori de la Qualitat de l’Aire muestran un aumento del 1,3-butadieno (compuesto cancerígeno) en varios municipios, especialmente en El Morell, donde casi ha duplicado su presencia.
Las características de la ZBE de Tarragona
La ZBE tarraconense, cuya ordenanza se aprobó inicialmente en marzo de 2025, afectará a la Part Alta, Part Baixa, El Serrallo y Eixample, funcionando de 7:00 a 19:00 horas de lunes a viernes. Durante 2026, los residentes empadronados no tendrán restricciones, y a partir de 2027 solo podrán acceder los censados en la ZBE y quienes se dirijan a aparcamientos particulares o públicos.
El sistema incluirá 44 cámaras de videovigilancia y está previsto que el régimen sancionador no se active hasta 2027. El proyecto ha sido adjudicado por casi 1,4 millones de euros.
Un debate que trasciende lo local
El caso de Tarragona ilustra un conflicto más amplio sobre el modelo de sostenibilidad urbana en España. Mientras las administraciones defienden las ZBE como herramientas necesarias para cumplir las directrices europeas de reducción de emisiones, los movimientos ciudadanos argumentan que constituyen medidas discriminatorias que penalizan desproporcionadamente a las familias con menos recursos.
El Gobierno central ha intensificado la presión sobre los ayuntamientos, estableciendo que solo los municipios con ZBE operativas podrán recibir ayudas estatales al transporte público en 2025. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado ha comenzado a solicitar documentación sobre el grado de cumplimiento de estas medidas para estudiar posibles acciones contra las administraciones incumplidoras.
La proliferación de movimientos como Stop ZBE Tarragona, respaldados por la experiencia jurídica de asociaciones como ASCOPARC, sugiere que el debate sobre las Zonas de Bajas Emisiones en España está lejos de resolverse, especialmente cuando confluyen argumentos sobre justicia social, eficacia ambiental real y proporcionalidad de las medidas adoptadas.