La investigación sobre Leire Díez entra este martes en una fase especialmente sensible. Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, está citado a las diez de la mañana en la Audiencia Nacional para una diligencia relacionada con el clonado de su teléfono móvil. El trámite estaba previsto inicialmente para el 5 de agosto, pero el juez Santiago Pedraz aceptó aplazarlo a petición de su defensa hasta el día 18.
La importancia política de la diligencia resulta evidente por la trayectoria de Serrano, aunque su relevancia judicial dependerá exclusivamente de aquello que la investigación consiga acreditar. Conviene mantener esa distinción porque alrededor de esta causa se ha construido ya un volumen de ruido político muy superior al de certezas judiciales firmes.
Serrano está investigado después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le atribuyera una participación "preeminente" en las dos líneas que examina la Audiencia Nacional. Una afecta a presuntas irregularidades relacionadas con empresas participadas por la SEPI. La segunda trata de determinar si existió una estructura dedicada a obtener información o interferir en investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. El juez investiga igualmente a Leire Díez y al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.
El teléfono adquiere importancia porque buena parte de los indicios recopilados hasta ahora proceden precisamente de comunicaciones entre los investigados. La UCO sostiene que Serrano habría mantenido una relación más estrecha con Díez de la que podría deducirse de una simple coincidencia profesional en Correos, aunque será la instrucción la que deba determinar el alcance real de esos contactos y si tuvieron alguna relevancia penal.
Uno de los episodios analizados afecta al nombramiento de Díez como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos. Los investigadores incorporaron una conversación de mayo de 2021 entre Serrano y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, en la que este último preguntaba "Lo que hablamos de Leire, ¿podríamos ponerlo ya en marcha?". Serrano respondió "Ok, vamos hablando". Posteriormente, Fernández comunicó a Díez que había hablado con "Juanma" y añadió "No te preocupes que lo tuyo sale".
Son mensajes que justifican preguntas y una investigación exhaustiva, pero que no constituyen por sí mismos una sentencia sobre su significado. Entre la sospecha policial y la responsabilidad penal existe precisamente el espacio que ocupa una instrucción judicial. La democracia dispone de jueces para recorrerlo y de garantías procesales para impedir que la conclusión se escriba antes que las pruebas.
La propia defensa de Serrano está disputando la legalidad de una parte fundamental de ese procedimiento. El exresponsable de Correos ha solicitado a Pedraz que anule la incautación, el clonado y el volcado efectuados por la UCO y que ordene destruir la copia obtenida. La petición introduce así una discusión jurídica previa sobre las garantías con las que se obtuvo un material que los investigadores consideran relevante.
La causa ha adquirido inevitablemente una dimensión política porque varios de sus protagonistas estuvieron vinculados durante años al PSOE y algunos ocuparon posiciones próximas al poder. Pero esa proximidad tampoco permite extender automáticamente las responsabilidades. Investigar a una persona que trabajó con Pedro Sánchez no equivale a investigar a Pedro Sánchez, del mismo modo que los actos que puedan atribuirse a antiguos responsables de una organización no pueden trasladarse sin pruebas a toda la organización.
Ese principio elemental suele deteriorarse rápidamente cuando una investigación judicial entra en el circuito de la política española. Cada mensaje incorporado a un sumario se convierte en argumento parlamentario y cada informe policial adquiere una segunda vida fuera de los tribunales. La oposición tiene derecho a exigir explicaciones y el Gobierno tiene la obligación de ofrecerlas cuando afecten al funcionamiento de instituciones públicas, pero ninguna de esas dos facultades sustituye el trabajo de los jueces.
La investigación deberá esclarecer, entre otras cuestiones, cómo llegó Leire Díez a Correos, qué intervención tuvo Serrano en ese proceso y cuál fue posteriormente la naturaleza de su relación. Pedraz quiere determinar si el antiguo presidente de la empresa pública se limitó a consentir determinadas actuaciones o si tuvo una participación más activa, una diferencia que resulta esencial para establecer responsabilidades.
El móvil puede aportar respuestas o simplemente añadir más material a una causa que todavía necesita ordenar numerosos indicios. Ese es precisamente el sentido de una instrucción.
El caso Leire Díez ha alcanzado un punto en el que la investigación necesita más pruebas y menos anticipaciones. Lo que ocurra con el teléfono de Juan Manuel Serrano será relevante si permite transformar sospechas en hechos acreditados o descartarlas.
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