Los sobrecostes de obra pública en España dejan un agujero de 48.000 millones de euros

Un país no solo se empobrece por culpa de la corrupción que esquilma la riqueza de todo un pueblo. También por la deficiente gestión de sus gobernantes que genera despilfarro y gasto excesivo. En este capítulo entrarían los sobrecostes por obras adjudicadas tras complejos procedimientos de concurso y licitación. España figura entre los países europeos donde más dinero se tira a la basura en unas obras públicas que desde que se adjudican hasta que se concluyen ven notablemente inflado el precio de salida.La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha estimado en 48.000 millones de euros el importe de los sobrecostes por falta de competencia en las licitaciones públicas. Una auténtica sangría para el Estado a la que nadie parece querer poner remedio, pese a que la contratación pública supera el 15 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país. ¿Por qué esta desidia a la hora de taponar un sumidero por el que se escapa una parte importante de los Presupuestos Generales del Estado? Sin duda porque detrás de los sobrecostes no solo hay una gestión deficiente, mal calculada o sometida a imprevistos o incidentes con los que los ingenieros del proyecto no contaban en un principio sino porque en esos sobrecostes van también incluidas las corruptelas entre empresarios y políticos, las comisiones y las mordidas, sobre todo en el ámbito de la administración municipal.En los últimos meses, la CNMC ha lanzado una campaña para solicitar la colaboración de los órganos de la Administración Pública con el objetivo de mejorar los procedimientos de contratación y la persecución de las irregularidades en los concursos públicos. El “superregulador” organiza desde hace varios meses charlas formativas en diferentes departamentos y ha creado una lista de elementos a considerar a la hora de valorar la existencia de posibles acuerdos anticompetitivos entre las empresas que participan en el concurso para que las administraciones puedan detectar indicios de manipulación. ¿Es suficiente con estas charlas de reciclaje para funcionarios con buenas intenciones? Evidentemente no. Sin un poder coercitivo fuerte (policías y unidades de investigación bien dotadas de medios humanos y materiales) y sin una Justicia limpia e imparcial será imposible acabar con esta lacra que corroe los cimientos de las instituciones.Algunos síntomas de que detrás de un sobrecoste puede haber corrupción son la “existencia de un reducido número de licitadores, incoherencias en las ofertas, similitudes injustificadas y otros patrones de comportamiento sospechoso”. Además, el regulador insiste en la necesidad de mejorar el diseño de los concursos que realizan las administraciones públicas para que “las cláusulas en los pliegos de contratación sean respetuosas con los principios de la regulación económica eficiente y no incluyan restricciones injustificadas a un aprovisionamiento competitivo”.La CNMC ha animado a aquellos que participan en órganos o mesas de contratación y detectan indicios de este tipo de conductas a que “se pongan en contacto con la Autoridad de Defensa de la Competencia. El regulador investigará todos los indicios de manera confidencial para confirmar la posible manipulación de la licitación”. Es decir, se está animando a denunciar la corrupción, algo que no suele ser una buena idea para las víctimas y testigos, que generalmente son abandonados a su suerte por el Gobierno y tienen que convivir con las amenazas de los corruptos.

Buena gestión

Es sabido que los procedimientos abiertos y transparentes en la Administración producen un ahorro de casi un 10% de media en los importes de adjudicación. Sin embargo, se dan prácticas sospechosas, como que “un tercio de los contratos analizados solo tienen un participante y en el 65% de los contratos hay 3 o menos participantes”. Es decir, concursos que pueden estar amañados o concedidos de antemano.La mayor parte del fraude se encuentra en los contratos de menor cuantía, es decir contratos que con el argumento de la urgencia no pasan por el procedimiento que establece la ley y que terminan siendo troceados o fraccionados para que no se puedan detectar los sobrecostes y otras corruptelas. La ley impone importantes limitaciones al uso de este tipo de contratos, pero a fecha de hoy siguen siendo las estrellas del mercado negro de la contratación. Así, en el año 2016 se adjudicaron en la Sanidad madrileña, por licitación pública, 1.143 contratos por el procedimiento legal frente a 485.119 contratos menores, lo que representa el 99,7% de la contratación. Este supuesto “troceamiento” debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias para aclarar en qué se ha invertido el dinero público, según Audita Sanidad.De seguirse el cauce legal y los procedimientos competitivos que permiten que la Administración pueda optar a la mejor oferta y al mejor precio, el Estado podría haberse ahorrado un mínimo de 1.700 millones de euros entre 2012-2016. La competencia leal en las licitaciones rebaja el coste de aprovisionamiento de la Administración y reduce el riesgo de corrupción. Además, incentiva a los participantes que optan al concurso de obra a ajustar los precios, aumentar la calidad ofrecida de bienes y servicios y a presentar mayor variedad de ofertas.“Por todo ello, es importante que las contrataciones públicas estén bien diseñadas, sean abiertas, transparentes y faciliten la competencia entre los licitadores”, asegura la CNMC. Las cifras convierten a España en uno de los países europeos con menor participación de empresas en las licitaciones públicas. Otro hecho sospechoso es que en los contratos de importe reducido o contratos menores generalmente se utilizan los procedimientos menos competitivos, lo cual favorece la falta de transparencia y las corruptelas. En definitiva, lo habitual en España es que a la licitación concurra un número limitado de participantes, un hecho que pone de manifiesto que detrás de la contratación pública a menudo hay "acuerdos turbios" o bajo manga. Aquello tan desolador de “no me presento a ese concurso porque ya está dado de antemano”. Lo cual deja un evidente tufillo a oscurantismo, a fraude y a irregularidad.