La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento israelí (Knesset) aprobó este lunes un controvertido proyecto de ley que permitiría aplicar la pena de muerte a palestinos acusados de asesinar a ciudadanos israelíes por motivos “nacionalistas”. La propuesta, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, cuenta con el respaldo del primer ministro Benjamín Netanyahu y podría ser sometida a votación en el pleno de la Knesset este miércoles para su primera lectura.
"El comité había aprobado previamente el proyecto de ley en septiembre con cuatro votos a favor y uno en contra. Sin embargo, la decisión fue anulada debido a que la votación se realizó durante el receso de la Knéset y los miembros del comité no habían escuchado previamente las posturas de las autoridades de seguridad pertinentes. A pesar de las advertencias del asesor legal del comité, el abogado Ido Ben Yitzhak, de que la votación era inválida, los miembros procedieron con la misma" señala la información publicada.
Durante el debate en la comisión parlamentaria, el coordinador israelí para asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, confirmó que Netanyahu apoya la iniciativa. Hirsch explicó que había cambiado su postura contraria al proyecto (motivada por el temor a represalias de Hamás contra los rehenes cautivos en Gaza) ahora que los 20 últimos secuestrados han sido devueltos a Israel. “Como ya están aquí, naturalmente nos encontramos en otra realidad”, declaró Hirsch ante la comisión.
El texto legal, presentado por la diputada Limor Son Har-Melech del partido Poder Judío, establece que “un terrorista que asesinó a un ciudadano israelí por un motivo de racismo u hostilidad hacia el público, con la intención de dañar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en esta tierra, sea sentenciado a muerte y solo a esta pena”. La propuesta convierte la pena capital obligatoria, sin posibilidad de discrecionalidad judicial, y permite que los tribunales militares la impongan por mayoría simple en lugar de por unanimidad.
Ben-Gvir, que en 2022 hacía campaña electoral vitoreando: “Muerte a los terroristas”, celebró el avance del proyecto y subrayó que “todo terrorista que salga a asesinar debe saber que se le impondrá la pena capital”. El ministro había amenazado con retirar a su partido de la coalición de gobierno si el proyecto no avanzaba en el Parlamento antes de finales de mes.
Críticas por su carácter discriminatorio
El proyecto ha generado fuertes críticas por su naturaleza asimétrica: la ley se aplicaría únicamente a palestinos condenados por asesinar a israelíes, pero no a israelíes condenados por matar a palestinos. Las autoridades israelíes utilizan el término “terrorista” de forma amplia para referirse a cualquier palestino que ataque a soldados o colonos en Cisjordania, e incluso a menores que hayan lanzado piedras contra las fuerzas de ocupación.
El Gobierno palestino condenó la iniciativa calificándola de “crimen de guerra” y “una nueva forma de aumentar el extremismo y la criminalidad israelí contra el pueblo palestino”. Hamás también rechazó el proyecto, afirmando que “representa la fea cara fascista de la deshonesta ocupación sionista y una flagrante violación del derecho internacional”.
Israel mantiene la pena de muerte en su legislación para un número reducido de delitos, pero no ha ejecutado a nadie desde 1962, cuando ahorcó al jerarca nazi Adolf Eichmann.
La propuesta de Ben-Gvir marca un cambio radical en la política de seguridad israelí, eliminando cualquier margen de clemencia judicial y haciendo que la sentencia no pueda ser conmutada una vez dictada.