El Tribunal Constitucional acaba de rechazar el recurso de amparo que admitió a trámite en noviembre de 2022. Este recurso, promovido por la Junta de Extremadura y por dos ayuntamientos en los que se ubica el complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas, El Gordo y Berrocalejo, pretendía evitar la ejecución de la sentencia que dictó en febrero de ese mismo 2022 el Tribunal Supremo, y que obligaba a la demolición completa de la urbanización, declarada ilegal desde la primera sentencia de 2011.
Marina Isla de Valdecañas es una urbanización de 134,5 hectáreas, ubicada sobre una isla en el embalse de Valdecañas. Hoy día, allí se ubican 185 casas unifamiliares, un hotel de cuatro estrellas, un club náutico, un campo de golf y una playa artificial, además de muchas otras construcciones sin terminar.
El listado de sentencias a favor de Ecologistas en Acción, resulta abrumador, en opinión de la organización ecologista. Como abrumadora es también, dicen, "la insumisión a estas sentencias que ha manifestado siempre la Junta de Extremadura, tanto con gobiernos del PSOE como del Partido Popular. Y sin olvidar todos los intentos de modificar a la carta diversas leyes para transmutar en legal un proyecto que nunca lo fue: modificando la Ley de Suelo, la delimitación de la Red Natura 2000 en Extremadura, etcétera".
El proyecto de resort lleva más de dieciocho años inmerso en procesos judiciales de la mano de los abogados de Ecologistas en Acción, con sentencias en contra antes de que se construyeran los primeros chalets. También se debe destacar el informe de la Estación Biológica de Doñana, un órgano dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que se aconsejaba la demolición completa para conseguir la mejor protección posible del entorno.
Ecologistas en Acción destaca "la indefensión jurídica" a la que se enfrenta, "así como las grandes dificultades para que se cumpla la normativa ambiental cuando se unen los intereses de los poderosos con una Junta de Extremadura empeñada en favorecerlos, incluso a costa de vulnerar su propia normativa. Si se hubiera atendido desde el principio a las razones defendidas y ganadas en los tribunales por la organización ecologista, nunca se habría construido esta urbanización y ahora no sería necesario el fuerte gasto que supondrá su demolición".
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia fijó en unos 111 millones las posibles indemnizaciones a los propietarios de las viviendas. Pero, como denuncia la organización, "estos propietarios no eran ajenos a la imposibilidad de urbanizar la isla de Valdecañas y, por tanto, sabían de la ilegalidad de sus viviendas, puesto que ya se les advirtió de su situación irregular por parte del notario en el momento del otorgamiento de la escritura de compraventa. Por tanto, no se debería atender a la reclamación de responsabilidad patrimonial de los propietarios ante la Junta de Extremadura".
Para Ecologistas en Acción, Marina Isla de Valdecañas "es uno de los casos más rotundos y claros de vulneración de la normativa ambiental en el Estado español, con leyes a posteriori para tratar de sortear las sentencias judiciales y los incumplimientos de la legalidad". Por ese motivo, se felicitan por esta sentencia del Tribunal Constitucional "ya que habría sido un nefasto precedente que se tolerara esta política tan burda de hechos consumados".
Asimismo, la organización ecologista exige a la Junta de Extremadura "que pida disculpas por su nefasta y cuasi prevaricadora gestión de este asunto". También reclama que se atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por esta urbanización, con las medidas de compensación que se consideren adecuadas.
Principales hitos judiciales en relación a Marina Isla de Valdecañas
• Marzo de 2009: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) anula el decreto de ciudades mixtas (una justificación para poder instalar determinadas infraestructuras sanitarias en la isla de Valdecañas).
• Marzo de 2011: el TSJEx anula el Decreto que permitía el Plan de Interés Regional (PIR) de Marina Isla de Valdecañas, destacando “la más absoluta falta de motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública y, lo que es más decisivo a los efectos de la naturaleza del Proyecto aprobado”, por lo que la isla no era urbanizable. Sin embargo, a causa de la desproporcionada imposición de una fianza de 41 millones de euros, las organizaciones denunciantes (Ecologistas en Acción y Adenex) no pudieron paralizar cautelarmente las obras de urbanización cuando todavía no se había levantado ninguna edificación.
• Enero de 2014: el Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJEx. Pero ya se habían construido los 185 chalets existentes en la actualidad (menos de la mitad de los proyectados).
• Enero de 2019: el informe de la Estación Biológica de Doñana determina de manera rotunda que la mejor opción ambiental es el desmantelamiento de lo construido, y destaca la ínfima calidad de la evaluación ambiental realizada.
• Noviembre de 2019: el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el cambio de la Ley de Suelo extremeña, que intentaba legalizar la urbanización a posteriori. La Red Natura 2000 no es urbanizable.
• Junio de 2020: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dicta ejecución de sentencia: se demolerá todo lo que está a medio construir y se mantendrá lo terminado por “imposibilidad material” de demolerlo.
• Febrero de 2022: el Supremo dicta la demolición de todo lo construido en el complejo turístico.
• Marzo de 2023: la Junta de Extremadura aprueba la Ley 2/2023, “por la que se regulan determinados aspectos de la Red ecológica europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Extremadura” con la indisimulada intención de intentar legalizar Marina Isla de Valdecañas.
• Mayo de 2025: la Junta inicia los trámites para promulgar un Decreto por el que se modifican los límites de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) buscando, de nuevo, evitar la demolición.
• Septiembre de 2025: el Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo de la Junta de Extremadura que intentaba evitar la demolición de la urbanización según sentenció el Tribunal Supremo en febrero de 2022.