Hoy, miércoles 22 de octubre concluye definitivamente el plazo para que los hijos y nietos de españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista puedan solicitar la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022.
La normativa, conocida popularmente como “Ley de Nietos”, ha abierto una ventana histórica de tres años para reparar una deuda con miles de familias que se vieron obligadas a abandonar España por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual.
Quiénes pueden beneficiarse de esta ley
La ley reconoce el derecho a recuperar la nacionalidad española de origen a los hijos y nietos de quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad española como consecuencia del exilio durante la Guerra Civil y el franquismo.
También contempla a los hijos de mujeres españolas que tuvieron que renunciar a su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, cuando la legislación obligaba a las mujeres a adoptar la nacionalidad del marido.
Además, pueden beneficiarse los hijos mayores de edad de aquellas personas que ya obtuvieron la nacionalidad mediante la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007.
Un proceso masivo centrado en América Latina
Según datos oficiales, a 31 de julio, cerca de un millón de personas han acudido a los consulados españoles de todo el mundo para iniciar los trámites de solicitud de nacionalidad. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó esta cifra durante su reciente visita a Argentina y Chile a principios de octubre.
La inmensa mayoría de las peticiones se concentra en América Latina, región que acogió a la mayor parte de los exiliados republicanos tras la Guerra Civil. Argentina encabeza la lista de solicitudes: los cinco consulados españoles en el país han tramitado más de 366.000 peticiones, lo que representa el 40% del total mundial. De estas, 174.277 personas argentinas ya han adquirido el derecho a la nacionalidad.
Cuba es el segundo país con mayor número de solicitudes. Entre Argentina y Cuba se concentra más del 53% de todas las peticiones presentadas. También destaca el Consulado General de España en Miami, que atiende a descendientes de exiliados en Estados Unidos y el Caribe.
Más de 237.000 nacionalidades concedidas
Hasta septiembre, el Gobierno había concedido 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados, lo que representa el 27% de las 876.321 solicitudes formalmente presentadas.
En declaraciones desde Buenos Aires a principios de octubre, el ministro Torres actualizó estas cifras, señalando que 414.000 solicitudes ya habían sido aprobadas de un total de 900.000 tramitadas. Esto refleja un importante incremento en las semanas previas al cierre del plazo, con un alto ritmo de peticiones durante agosto y septiembre, según explicó el ministro.
Una prórroga que no se repetirá
El proceso de solicitud estaba previsto inicialmente para un periodo de dos años desde la entrada en vigor de la ley en 2022. Sin embargo, ante el volumen masivo de peticiones y las dificultades de los consulados para atenderlas todas, el Gobierno aprobó en julio de 2023 una prórroga de un año adicional.
Esta ampliación permitió que los consulados, especialmente en Argentina y Cuba, pudieran gestionar la avalancha de citas y expedientes. No obstante, el ministro Torres ha descartado una segunda prórroga por “dificultades de índole jurídica”, aunque en algunas declaraciones no cerró completamente la puerta si “las condiciones políticas lo permiten”.
Compromiso de agilizar los trámites pendientes
Aunque el plazo para presentar solicitudes finaliza este miércoles, el Gobierno ha garantizado que todos los expedientes ya registrados seguirán tramitándose en los próximos meses. El Ejecutivo se ha comprometido incluso a intentar “recortar los plazos” y resolver todas las solicitudes “en la presente legislatura”.
Torres subrayó que se trata de “saldar una deuda histórica” con quienes “fueron obligados a abandonar su país por motivos políticos o ideológicos”. En sus palabras, “España tiene una deuda que dura demasiado con aquellos héroes y heroínas que defendieron la democracia hasta el último aliento”.
Más de medio millón de españoles se exiliaron al finalizar la Guerra Civil en 1939, y miles más lo hicieron durante las décadas de dictadura franquista, eligiendo principalmente destinos latinoamericanos como México, Argentina o Cuba. Esta ley representa un reconocimiento oficial a esa diáspora forzada y sus descendientes, permitiendo recuperar los vínculos que la historia rompió hace más de ocho décadas.