El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha desarticulado una presunta trama de corrupción medioambiental ligada a proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos en la provincia de Teruel, en el marco de la operación “Perserte”. La actuación se ha saldado, por el momento, con seis detenciones y 12 registros: diez en Madrid y dos en Zaragoza.
Los investigadores atribuyen a los detenidos presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas diligencias ni más implicados.
Sospechas sobre un ex alto cargo del Ministerio
El origen de la investigación está en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), documentos imprescindibles para autorizar proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. Según los indicios recabados, una persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico habría influido de forma irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales.
La investigación apunta a que estas decisiones habrían beneficiado a un grupo empresarial del sector de las energías renovables con proyectos en Teruel. El ex alto cargo habría actuado presuntamente a cambio de contraprestaciones económicas, articuladas mediante varias sociedades interpuestas.
Blanqueo de capitales y uso de sociedades pantalla
Para mover el dinero y ocultar su origen, los investigados habrían utilizado un entramado de sociedades interpuestas. En esa operativa habría intervenido, presuntamente, un fedatario público, encargado de formalizar documentación vinculada a las operaciones bajo sospecha.
Los agentes analizan ahora el rastro económico y societario de estas operaciones para determinar el alcance del posible blanqueo de capitales y la responsabilidad de cada uno de los implicados.
Impacto sobre la fauna y el territorio
Además de las presuntas irregularidades administrativas y económicas, la investigación revisa si la tramitación ambiental de los proyectos tuvo en cuenta de forma adecuada los efectos sobre el entorno. Entre los aspectos analizados figuran la afección a la avifauna y a los quirópteros (murciélagos), el impacto paisajístico y la posible alteración de hábitats y usos del suelo.
Los investigadores tratan de determinar si una eventual manipulación de las Declaraciones de Impacto Ambiental pudo suponer una merma en las garantías de protección del medio natural en las zonas afectadas.
Investigación judicial en marcha
La operación Perserte la desarrolla la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil. Las diligencias se practican bajo la dirección del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, Plaza nº 1, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel.
Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas intervenciones ni la ampliación de la investigación a otros proyectos o responsables.