El Ejecutivo peruano, encabezado por el presidente interino José Jerí, anunció la inminente declaración del estado de emergencia en Lima tras los graves disturbios ocurridos el 15 de octubre.
Las movilizaciones, convocadas por colectivos juveniles, sindicatos y diversas organizaciones sociales, derivaron en enfrentamientos con la Policía Nacional y resultaron en la muerte del joven rapero Eduardo Ruiz Sanz, conocido artísticamente como Truvco, presuntamente a manos de un agente policial. Además, al menos 120 personas resultaron heridas, incluyendo tanto manifestantes como agentes policiales.
La decisión del Gobierno, comunicada por el primer ministro Ernesto Álvarez, responde a lo que califican como un auge de criminalidad y violencia política inaceptable. “No podemos permitir que el crimen organizado y la violencia sigan tomando las calles”, declaró Álvarez en rueda de prensa. El gabinete permanece en sesión permanente y no se descarta la imposición de un toque de queda en la capital.
Origen de las protestas
Las protestas surgen en plena crisis institucional, apenas días después de que José Jerí asumiera la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte mediante un juicio político exprés. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes de la denominada Generación Z, así como sindicatos, transportistas y organizaciones civiles, reclaman cambios estructurales ante la creciente inseguridad ciudadana, la corrupción y la falta de representación política, llegando incluso a pedir la renuncia de Jerí y la convocatoria de elecciones anticipadas.
En el centro de Lima y en al menos 15 regiones del país se replicaron marchas y paros, que reflejan el descontento social generalizado. Los organizadores denuncian la ineficacia de las políticas frente a la criminalidad y rechazan iniciativas legislativas impulsadas por el nuevo gobierno. A las demandas sociales y económicas se suman preocupaciones ambientales y por derechos fundamentales.
La declaración del estado de emergencia permitirá al Ejecutivo suspender temporalmente derechos constitucionales como la libertad de reunión y de tránsito. Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han urgido al gobierno a garantizar el respeto de las libertades civiles y evitar el uso excesivo de la fuerza.
El presidente Jerí, por su parte, lamentó públicamente el fallecimiento del joven manifestante y llamó tanto a la ciudadanía como a las fuerzas del orden a la responsabilidad y el respeto de los derechos de todos: “Recibimos un país con múltiples demandas desatendidas durante años. Buscaremos el diálogo para encontrar soluciones, pero la estabilidad debe prevalecer”.
El país permanece a la espera del anuncio oficial de las medidas concretas, mientras la sociedad civil reclama investigación y justicia por los hechos recientes. El escrutinio nacional e internacional se mantiene sobre la actuación del Gobierno, la Policía y el respeto de los derechos humanos en los momentos más críticos de la crisis política peruana.