El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros desclasificará este martes los documentos aún secretos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el 45 aniversario de la asonada militar encabezada por el teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados.
Sánchez ha defendido que la decisión busca “saldar una deuda histórica con la ciudadanía” y ha subrayado que “la memoria no puede estar bajo llave”, insistiendo en que las democracias deben conocer su pasado para construir “un futuro más libre”.
Según avanzan fuentes gubernamentales, la desclasificación será aprobada formalmente en la reunión del Consejo de Ministros y se hará efectiva al día siguiente, con la publicación de la correspondiente resolución en el Boletín Oficial del Estado; a partir de ese momento, la documentación quedará disponible para su consulta a través de los canales oficiales de la Administración General del Estado. El movimiento se enmarca en el nuevo marco jurídico de la Ley de Información Clasificada, que fija plazos máximos (en general 45 años prorrogables) para levantar el secreto de los documentos catalogados como “alto secreto” o “secreto”, y que prevé la desclasificación automática de la información anterior a 1980, salvo que persistan razones acreditadas de seguridad nacional o defensa.
Hasta ahora, el acceso a los papeles del 23‑F estaba limitado por la legislación heredada de la etapa franquista y por la doctrina del Tribunal Supremo, que estableció que la documentación clasificada relativa al golpe debía seguir siendo secreta durante 25 años desde la muerte de los procesados o, como máximo, 50 años desde los hechos, lo que situaba el horizonte de apertura completa en torno a 2031. La nueva decisión del Ejecutivo adelanta ese calendario mediante un acuerdo específico de desclasificación, en una línea que el Gobierno defiende como homologable a las prácticas de otras democracias europeas y vinculada a las recomendaciones de la Comisión Europea sobre acceso ciudadano a la información oficial.
Fuentes del Ejecutivo sostienen que la medida responde al compromiso de reforzar las políticas de memoria democrática y de transparencia, en continuidad con la ley que prevé la desclasificación de documentación del franquismo y de la Transición bajo criterios de proporcionalidad y con la exclusión expresa de cualquier intención de mantener ocultos crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos. No obstante, el Gobierno mantiene la posibilidad de preservar parcialmente en secreto aquellos informes o anexos que, tras una evaluación técnica, se consideren aún sensibles para la seguridad nacional o la defensa, una cláusula que ya había sido señalada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como límite último a la publicidad íntegra de determinados expedientes históricos.
Historiadores, juristas y asociaciones memorialistas ven en la apertura de los archivos del 23‑F una oportunidad para esclarecer zonas de sombra de la transición democrática, depurar mitos y bulos construidos durante décadas y someter a escrutinio público el papel desempeñado por las distintas instituciones del Estado en la crisis de 1981. El propio anuncio de Sánchez ha sido acompañado por referencias al debate académico y social en torno a aquel episodio, alimentado en los últimos años por investigaciones y obras que reclamaban el acceso pleno a la documentación oficial como condición necesaria para cerrar un capítulo central de la historia reciente de España con el máximo rigor documental.