El Gobierno ha elegido su primer Consejo de Ministros después del verano para abordar una de las cuestiones que marcarán inevitablemente el nuevo curso político. El Ejecutivo aprobó este martes dos anteproyectos para reformar la legislación de extranjería y sustituir la actual ley de asilo, una adaptación al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo que agilizará procedimientos, incorporará nuevas herramientas para los retornos y modificará algunas de las reglas con las que España gestiona sus fronteras.
La reforma estaba prevista antes de que estallara la crisis de Ceuta y responde a una obligación europea, pero el calendario le concede una dimensión política difícil de ignorar. Llega cuando la inmigración vuelve a ocupar el centro de la discusión pública, el PP exige una política mucho más restrictiva y una parte de la derecha está utilizando la situación ceutí para presentar prácticamente cualquier cautela jurídica como una muestra de debilidad.
El Ejecutivo se mueve así en un terreno particularmente delicado. Debe adaptar la legislación española a una política migratoria europea que se ha endurecido sin asumir necesariamente todos sus extremos, y hacerlo además cuando la presión política invita precisamente a confundir rapidez con ausencia de garantías.
Fernando Grande-Marlaska defendió que los cambios mantienen un enfoque garantista y de respeto a los derechos humanos. El ministro recordó que el nuevo marco europeo obliga a introducir mecanismos que España no puede simplemente ignorar, aunque el Gobierno ha optado en determinados puntos por mantener límites más protectores que los permitidos por Bruselas.
Procedimientos más rápidos sin borrar las garantías
Una de las principales novedades será la incorporación del denominado triaje para las personas que atraviesen las fronteras exteriores de la Unión sin reunir las condiciones de entrada. Ese procedimiento incluirá reconocimiento médico, examen de vulnerabilidad, identificación, toma de datos biométricos, controles de seguridad y derivación hacia el procedimiento correspondiente.
La diferencia española estará en los tiempos. Aunque el marco europeo permite plazos más amplios, el Gobierno mantiene el límite de 72 horas para esta primera fase, prorrogable únicamente mediante decisión judicial. La elección tiene importancia porque una política migratoria puede ser más eficaz sin convertir la excepcionalidad fronteriza en un territorio donde los derechos pierdan intensidad.
También se modifica profundamente el sistema de protección internacional. El Ejecutivo no se ha limitado a retocar la ley de asilo de 2009, sino que ha decidido sustituirla por una norma nueva. Entre otras cuestiones, se introduce un procedimiento acelerado que deberá resolverse en tres meses y un procedimiento fronterizo, obligatorio en determinados supuestos conforme a la normativa europea, con un plazo máximo de doce semanas.
Las denegaciones podrán incorporar además una decisión de retorno. Eso permitirá enlazar con mayor rapidez el rechazo de una solicitud de protección internacional con la obligación de abandonar España.
Conviene detenerse aquí porque es precisamente donde el debate político suele empezar a perder matices. Agilizar una resolución no significa suprimir el examen individual de cada expediente, del mismo modo que una frontera no deja de existir porque en ella se respeten derechos. El Estado puede controlar quién entra, resolver una petición de asilo y ejecutar un retorno cuando corresponda sin convertir el procedimiento administrativo en una expulsión colectiva.
Esa distinción adquiere especial importancia después de las propuestas formuladas por el PP durante la crisis de Ceuta. Las apelaciones a devolver cuanto antes a adultos y menores pueden resultar extraordinariamente eficaces como consigna política, pero la legislación obliga a examinar situaciones personales, especialmente cuando están implicados niños y adolescentes. Las leyes suelen tener esa molesta costumbre de exigir procedimientos incluso cuando la televisión reclama soluciones para antes del siguiente informativo.
Ceuta cambia de fase
El Consejo de Ministros fue mucho más allá de la reforma migratoria. El Ejecutivo declaró formalmente la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, activando el marco previsto por la Ley de Seguridad Nacional y reforzando la coordinación de los recursos públicos desplegados ante la crisis.
La decisión permite avanzar en el mando único para coordinar la respuesta del Estado. El Gobierno también ha planteado ampliar extraordinariamente el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, una dimensión relevante porque la crisis no afecta únicamente al control fronterizo, sino también a la actividad económica y al funcionamiento cotidiano de una ciudad sometida durante semanas a una presión excepcional.
Ángel Víctor Torres ha insistido en que la prioridad es avanzar en las devoluciones y repatriaciones, pero dentro de la legalidad. Esa última precisión separa el discurso gubernamental de algunas de las propuestas planteadas desde la oposición durante las últimas semanas.
El Gobierno también ha autorizado 25 millones de euros extraordinarios para atender a los menores migrantes no acompañados, una partida que deberá someterse este jueves a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El dinero podrá financiar alojamiento, alimentación, atención sanitaria, escolarización, asistencia jurídica, apoyo psicosocial, traducción y ampliación de plazas y personal.
Europa se endurece y España intenta conservar margen
La cuestión de fondo trasciende Ceuta. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo fue aprobado en 2024 y sus diez textos legislativos comenzaron a aplicarse el pasado 12 de junio. España tiene, por tanto, que adaptar su ordenamiento a un marco europeo que refleja el desplazamiento experimentado durante los últimos años por buena parte de la política migratoria continental.
Ese movimiento ha llevado a la Unión hacia procedimientos fronterizos más rápidos, mayor capacidad de retorno y controles reforzados. España ha discrepado de algunas de las fórmulas más restrictivas debatidas en Europa y ahora intenta cumplir el marco común sin renunciar a determinadas garantías propias.
La nueva ley de asilo introduce, de hecho, algunas protecciones relevantes. Refuerza la evaluación individual de vulnerabilidades, desarrolla las garantías para menores desamparados y reconoce expresamente situaciones vinculadas con la persecución por género, identidad o expresión de género y discapacidad. También regula con mayor detalle la asistencia sanitaria, la escolarización, el acceso al trabajo y las condiciones de acogida.
El debate que se abre ahora en el Congreso será bastante más complejo que decidir quién propone la frontera más severa. La dificultad consiste en hacer compatible el control migratorio con un Estado de derecho que no puede suspender sus garantías cada vez que aumenta la presión en una frontera.
Ceuta ha demostrado hasta qué punto la inmigración puede convertirse en cuestión humanitaria, territorial, económica y política al mismo tiempo. La respuesta del Gobierno entra ahora en una segunda fase, con mayor coordinación estatal, recursos adicionales y una reforma legal de alcance mucho mayor que la crisis concreta.
Europa ha endurecido las reglas y España tendrá que aplicarlas. Pero todavía queda una diferencia sustancial entre gestionar una frontera y gobernarla desde el miedo. En esa distancia se jugará buena parte del debate migratorio que viene.
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