El pasado viernes 19 de septiembre de 2025, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó dos resoluciones que afectan de manera muy significativa al reglamento de caza de Castilla-La Mancha y que traen como causa la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción que dio lugar a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declarara ilegal el Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.
Recientemente el TSJ-CLM ha notificado la firmeza de la sentencia, lo que implica que el recurso ante el Tribunal Supremo que anunció el Gobierno regional no ha prosperado, y las consecuencias legales son notorias.
Por un lado, según una de las resoluciones de la Consejería de Desarrollo Sostenible que publica el DOCM, el reglamento de caza de 2022 se anula con plenos efectos jurídicos debido a la firmeza de la sentencia, por lo que el Gobierno regional se ve obligado a mantener en vigor el anterior y desfasado reglamente datado en 1993. Por otra resolución, la Consejería da inicio a un procedimiento para la aprobación de un nuevo reglamento, cuyo periodo de participación e información pública dispone de un periodo de veinte días que vence el 17 de octubre, esto es, una vez iniciada la temporada de caza 2025-26.
Ecologistas en Acción considera que esta firmeza de la sentencia revela "el desprecio de la Consejería y del Gobierno regional por la participación pública y el trato de favor que se está dando al lobby cinegético aceptando todas sus propuestas sin pasar por el informe preceptivo del Consejo Regional de Caza, y evitando igualmente el debate de las mismas en el CAMA y la correcta información pública".
Según la organización, esta ilegalidad en el procedimiento que ha permitido la vigencia durante tres años y medio del reglamento anulado, está dando lugar a daños ambientales, a las propias poblaciones cinegéticas y al uso público del medio natural en Castilla-La Mancha, que se perpetuarán si el nuevo borrador se aprueba en los mismos términos que el que ha sido objetado por los tribunales. En este sentido, reclama de la Consejería que reformule el texto del borrador para evitar mayores perjuicios, crispación e inseguridad jurídica.
También exige al Gobierno que se asuman responsabilidades políticas por una situación "que él mismo ha generado y que no ha querido solucionar antes aun sabiendo de la ilegalidad de sus actuaciones".
Considera Ecologistas en Acción que esas responsabilidades se debieran plasmar al menos en "una disculpa pública a la ciudadanía, en un replanteamiento de la política cinegética y en una apertura sincera a que el conjunto de la sociedad pueda participar en igualdad de condiciones en la tramitación de las normas con repercusiones ambientales.