Fernando Samper ha abandonado la presidencia de Forestalia en pleno avance de la investigación judicial sobre supuestas irregularidades vinculadas a varios proyectos de energías renovables del grupo. El relevo, confirmado este martes por la compañía, sitúa a Ricardo Samper García (hijo de Fernando Samper) al frente de la dirección y añade un nuevo movimiento a una crisis que ya afecta a la imagen pública y a la operativa del principal grupo renovable aragonés.
La salida de Samper se produce en un momento especialmente sensible para la empresa, inmersa en una causa que indaga presuntos delitos de corrupción en la tramitación de proyectos eólicos y solares. La investigación, que sigue abierta, ha puesto bajo sospecha decenas de expedientes y ha derivado en registros, detenciones y varias diligencias que afectan tanto a directivos como a antiguos responsables públicos.
Según la información publicada en los últimos días, el caso se centra en una supuesta red de influencias para facilitar o acelerar autorizaciones ambientales, un paso decisivo para la puesta en marcha de parques renovables. Entre los nombres que aparecen en la causa figura el de Fernando Samper, que ya había pasado por el Senado y había admitido una reunión con Santos Cerdán, aunque negó cualquier negocio con él o con Servinabar.
Forestalia se ha convertido en uno de los actores más influyentes del sector renovable en España, con Aragón como uno de sus principales territorios de expansión. Su crecimiento estuvo ligado a la promoción de grandes parques eólicos y solares, especialmente en zonas del interior con alta disponibilidad de suelo y recursos de viento, lo que también generó oposición social y ambiental en algunos municipios.
La compañía ha estado en el centro de críticas por el impacto territorial de varios de sus proyectos, y el caso judicial ha reforzado el debate sobre los controles administrativos en la transición energética. La dimensión del grupo explica que cualquier cambio en su cúpula tenga una lectura que va más allá de lo empresarial y alcance también al plano político e institucional.
La causa surgió tras una operación de la Guardia Civil que incluyó detenciones y registros en sedes vinculadas a Forestalia en Madrid y Zaragoza. Las pesquisas apuntan a posibles irregularidades en declaraciones de impacto ambiental, un trámite esencial para autorizar los proyectos, y a la presunta intervención de antiguos cargos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Las informaciones publicadas cifran en 52 los proyectos afectados por la investigación, aunque el alcance exacto todavía está por determinar judicialmente. En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica habría suspendido algunos de los proyectos vinculados a la causa, lo que añade incertidumbre sobre el calendario de inversión y desarrollo del grupo.
El relevo en la presidencia puede interpretarse como un intento de contener daños en un momento de fuerte exposición mediática y judicial. Forestalia busca proyectar continuidad interna mientras la investigación sigue su curso, pero el cambio en la cúpula no elimina el impacto reputacional que ya acompaña al caso.
En paralelo, la comparecencia de Samper y las referencias a reuniones con figuras vinculadas al entorno político han dado al caso una dimensión que trasciende el ámbito empresarial. La investigación ha acabado situando a Forestalia en el centro del debate sobre el control de las renovables, la relación entre poder económico y administración, y la transparencia en la concesión de permisos ambientales.