La detención de la exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma, marca un punto de inflexión en un caso que ha desbordado con creces la dimensión canónica. Varias piezas de valor histórico acabaron en el mercado de antigüedades sin autorización ni rastro documental claro. Las diligencias del Juzgado de Briviesca se amplían a medida que aparecen operaciones paralelas, ventas no declaradas e intentos de reordenar el patrimonio de la comunidad fuera del control de la Iglesia. La investigación ya apunta a una red improvisada pero sostenida en el tiempo.
Un patrimonio convertido en mercancía silenciosa
La operación policial de este jueves no sorprendió a quienes seguían de cerca la deriva del monasterio. Durante meses, especialistas del mercado del arte habían detectado la aparición de piezas «desubicadas», obras que deberían haber permanecido inventariadas y que, sin embargo, se movían por circuitos privados sin explicación convincente. Ese fue el primer hilo del que tiró la Guardia Civil hasta desembocar en la detención —además de la exabadesa— de un anticuario, figura clave para reconstruir el camino de varias piezas.
La investigación judicial describe un esquema que va más allá de una venta ocasional. El rastro apunta a una dinámica sostenida, con obras que salieron del convento sin autorización, documentación alterada y un mercado paralelo dispuesto a comprar patrimonio histórico sin demasiadas preguntas. Los delitos atribuidos —apropiación indebida agravada y receptación— podrían ampliarse conforme avance el análisis de las transacciones.
La detención se suma a un entramado judicial que ya era complejo. La exabadesa mantiene abiertas otras causas: la venta irregular de 1,73 kilos de oro, valorados en 130.000 euros, y la gestión opaca de la hospedería del monasterio de Derio. En ambos episodios se repite el patrón: decisiones unilaterales, falta de trazabilidad económica y una clara intención de operar fuera del marco canónico.
Más revelador aún fue el intento de registrar los monasterios de Belorado, Derio y Orduña como sociedades civiles independientes, un movimiento frenado por la Santa Sede, pero que dejó al descubierto la búsqueda de una estructura paralela para disponer del patrimonio sin controles externos. Ese bloqueo provocó impagos, litigios y sentencias de desahucio que aún hoy siguen en los tribunales.
El caso actual reabre todas esas preguntas sin resolver. El patrimonio histórico no es un bien disponible, ni siquiera en el contexto de disputas internas. La aparición de piezas en el mercado especializado lo confirma: existía un circuito alternativo, discreto pero eficaz, para transformar en activos privados bienes que pertenecen al acervo cultural común.
A partir de aquí, el avance de la investigación dependerá de si se logra reconstruir el recorrido completo de las obras, identificar posibles cómplices y clarificar responsabilidades. Porque, detrás de cada pieza vendida, hay una pérdida colectiva, difícil de reparar incluso si el proceso judicial consigue recuperar parte del patrimonio disperso.
El monasterio de Belorado se encuentra en ese punto donde convergen la crisis interna, la erosión institucional y el peso de decisiones tomadas sin transparencia. La detención de la exabadesa no cierra el caso; apenas marca el comienzo de una fase en la que el foco será, inevitablemente, más amplio y más incómodo.