La actriz Elisa Mouliaá ha dado un giro inesperado al caso Errejón. Este martes comunicó al juez que retira “de forma total, libre, consciente e irrevocable” su acusación particular contra Íñigo Errejón, el exdiputado y exportavoz de Sumar al que denunció hace poco más de un año por agresión sexual. La decisión, según recoge el escrito presentado por su abogado, responde a “razones estrictamente personales y de salud”, pero deja claro un detalle importante: no hay retractación de los hechos que denunció.
Mouliaá presentó su denuncia ante la Policía Nacional en 2024, después de que estallara el escándalo que provocó la dimisión fulminante de Errejón de todos sus cargos públicos. La actriz relató tres episodios distintos de naturaleza sexual sin consentimiento que habrían ocurrido en octubre de 2021, después de coincidir con el político en la presentación de un libro en Madrid: primero en un ascensor, luego en una habitación durante una fiesta en casa de unos amigos, y finalmente en el domicilio del propio Errejón.
El caso parecía encaminado a juicio. En noviembre del año pasado, el juez Adolfo Carretero consideró que existían indicios suficientes para procesar a Errejón y enviar el caso a juicio oral. En su auto, el magistrado otorgó credibilidad al testimonio de Mouliaá, destacando la “coherencia en lo esencial” de su relato y descartando que tuviera “ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza” contra el exdiputado. El juez señaló que la actriz había explicado de manera convincente su “bloqueo emocional” ante los hechos.
Sin embargo, la Fiscalía de Madrid adoptó una postura radicalmente distinta apenas unas semanas después. En diciembre, el Ministerio Público pidió el archivo provisional de la causa al considerar que no había indicios suficientes para llevar a Errejón al banquillo. Aunque la Fiscalía otorgó “plena veracidad” al testimonio de Mouliaá y reconoció que ella “en realidad no quería una relación sexual en los términos que finalmente se desarrolló”, argumentó que no quedaba acreditado que Errejón fuera “consciente” de que la relación no era deseada por la actriz, “por la forma” en que ella actuó. Además, subrayó que cuando Mouliaá expresó claramente su malestar “en dos ocasiones”, Errejón “cesó en su acción”.
A pesar del revés de la Fiscalía, en enero de este año el juez decidió abrir juicio oral contra Errejón, manteniendo su criterio de que existían elementos suficientes para celebrar el juicio. Mouliaá había solicitado una condena de tres años de cárcel para el expolítico, además de una indemnización de 30.000 euros por daños morales.
El desgaste del proceso judicial ha sido evidente. Mouliaá aportó al juzgado varios informes periciales que documentaban que padecía un trastorno de estrés postraumático derivado de los hechos denunciados. Un informe psiquiátrico forense de 20 folios describía que la actriz había desarrollado “una sintomatología que ha alterado su vida por completo”, con insomnio, estado irritable y una disminución grave de su capacidad de concentración. El perito aseguraba que vivió los hechos como “un verdadero atentado contra su intimidad”.
Paralelamente, el caso se ha visto envuelto en tensiones adicionales. Errejón admitió a trámite una querella por calumnias contra Mouliaá después de que ella le acusara públicamente de extorsionar a dos testigos del caso, los dueños del piso donde se celebró la fiesta en la que ocurrieron los hechos. Ambos estaban citados a declarar el 17 de febrero.
Con la retirada de Mouliaá como acusación particular, el futuro del caso queda ahora en el aire. Aunque la causa podría continuar si otras acusaciones mantienen su postura o si el juez decide seguir adelante de oficio, lo más probable es que la ausencia del impulso de la denunciante original y la posición contraria de la Fiscalía lleven al archivo definitivo del procedimiento.
La decisión de la actriz subraya algo que raramente se menciona en estos casos mediáticos: el altísimo coste personal y emocional que supone para las víctimas mantener un proceso judicial de estas características. Los meses de declaraciones, careos, informes periciales, exposición pública y contrainterrogatorios pueden resultar devastadores para la salud mental de cualquier persona, especialmente cuando se trata de delitos de naturaleza sexual donde hay que revivir una y otra vez episodios traumáticos ante extraños.
Mouliaá no ha querido retractarse de lo denunciado. Su comunicado es claro: retira la acusación por motivos de salud, pero mantiene que los hechos ocurrieron tal como los relató. Es una forma de decir “hasta aquí he podido llegar”, sin renunciar a su verdad pero sí poniendo límites a un calvario judicial que se prolongaba sin certeza de desenlace. La justicia tiene sus tiempos y sus formas, pero las personas que acuden a ella también tienen un límite de resistencia.