Los supuestos implicados constituyeron un auténtico “grupo de presión dentro de la entidad financiera, actuando como núcleo duro a las órdenes y en beneficio último de Rodrigo Rato”Con el fin de lograr comisiones Rato se sirvió, según el ministerio público, de íntimos colaboradores que como Montero Quevedo “han trabajado desde mucho tiempo atrás para él, así su secretaria personal Teresa Arellano, a la que dio alta de funciones ejecutivas dentro de la entidad financiera y su amigo y hombre de confianza José Manuel Fernández Norniella, a quien nombró vicepresidente y consejero”.Igualmente, y a los “efectos del control absoluto por Rato de todo lo relacionado con la publicidad y la comunicación en Caja Madrid-Bankia” se colocaron en su círculo otras personas traídas por Fernández Norniella y Portuondo, como es el caso de los también investigados Miguel Robledo, responsable de comunicación externa de la entidad, y Beatriz Colomer, colaboradora y mano derecha de Portuondo con funciones en el área de comunicación y marca. “Todos ellos constituyeron un auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera, actuando como núcleo duro a las órdenes y en beneficio último de Rodrigo Rato”, añade el escrito.Las comisiones que Albisa abonó a Kradonara se “enmascararon como una prestación de servicios, firmándose un contrato el 3 de junio de 2011 entre Portuondo, en nombre de la primera, y Domingo Plazas, en nombre de la segunda”. Según cree la fiscal, el administrador de Kradonara era Servitax, empresa de servicios perteneciente al bufete Plaza Abogados, y controlada por el propio Domingo Plazas, quien actuaba desde al menos 2006 como asesor y gestor de Rodrigo Rato. Las comisiones recibidas por Kradonara ascendieron a 474.416 euros en 2011 y 360.608 en 2012.
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