En el número 64 de la Gran Vía madrileña permanece encendido un luminoso de casi 14 metros con una peculiar historia administrativa. El Ayuntamiento de Madrid ordenó retirarlo en diciembre de 2010 y, dieciséis años después, continúa en su sitio. La instalación pertenece a España SA, aseguradora vinculada al economista Jesús Huerta de Soto, conocido defensor del anarcocapitalismo y uno de los referentes intelectuales reivindicados públicamente por Javier Milei.
El caso ha llegado ahora al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido al Ayuntamiento que le informe sobre la tramitación del expediente y confirme finalmente el desmontaje de la instalación. La intervención se produce después de una queja presentada por José Luis Nieto, concejal de Más Madrid.
La historia resulta especialmente llamativa porque la discusión jurídica está sustancialmente resuelta desde hace años. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró firme en 2014 la resolución municipal que ordenaba retirar el cartel. En 2022 volvió a rechazar las pretensiones de las empresas propietarias y recordó que la licencia concedida en 1973 estaba sometida a revisión dos años después, algo que no se produjo. El Tribunal Supremo confirmó posteriormente esa decisión.
Tampoco prosperó el intento de presentar el luminoso como una pieza del patrimonio histórico de Madrid equiparable a otros grandes rótulos de la capital. Los tribunales concluyeron que el mero paso del tiempo no convierte una instalación sin licencia en patrimonio cultural.
Una orden que sobrevive a tres alcaldes
Desde aquella decisión de 2010 han pasado por el Palacio de Cibeles Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Botella, Manuela Carmena y José Luis Martínez-Almeida. El cartel, en cambio, ha demostrado una estabilidad institucional bastante superior.
Durante estos años se han impuesto multas coercitivas sin conseguir su retirada. Entre 2017 y 2023, Inmobiliaria Hispania, propietaria del inmueble, abonó 6.000 euros en sanciones, según la documentación conocida. El propio Ayuntamiento reconoce que, pese a esas actuaciones, el desmontaje continúa pendiente.
Ahora se ha abierto un expediente de ejecución sustitutoria, el procedimiento que permitiría a la Administración ejecutar directamente la retirada ante el incumplimiento del obligado. El expediente se encuentra pendiente de informe en el distrito Centro.
El asunto trasciende así la extravagancia de un luminoso superviviente en Gran Vía. Después de dieciséis años, varias resoluciones judiciales y sucesivas sanciones, la cuestión que queda por resolver es bastante elemental en cualquier Administración: por qué una orden municipal firme ha necesitado tanto tiempo para llegar del papel a la fachada.
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