El último informe del Observatorio de la Vida Militar registra un aumento del 10,8% en las denuncias por acoso sexual o por razón de sexo en las Fuerzas Armadas. El dato es significativo, pero más relevante aún es el contexto en el que se produce: mayor visibilización, más acceso a canales formales y una cultura interna que todavía responde con lentitud y resistencia.
Las cifras del Observatorio de la Vida Militar son claras: 51 denuncias en 2024 frente a 46 en el año anterior. Es el número más alto desde que se comenzaron a recoger datos en 2016. La lectura no admite reducciones simples. No se trata únicamente de un aumento cuantitativo, sino de la confirmación de una realidad que ha permanecido durante décadas bajo formas de ocultación institucional y presión de grupo. Donde hay jerarquía rígida, dependencia de ascensos y disciplina sancionadora, denunciar no es un gesto neutro.
El Ejército de Tierra vuelve a ser el ámbito donde se concentra el mayor número de denuncias (25). Le siguen el Ejército del Aire (13) y la Armada (9). Los datos no sorprenden: reproducen la estructura proporcional de efectivos, pero también la de entornos de convivencia y mando donde el peso de la tradición opera de manera más evidente.
Denunciar en un sistema con pocas garantías
De las 51 denuncias, 35 han derivado en procedimientos penales y 27 en expedientes disciplinarios, con la mayoría todavía en trámite. No hay condenas ni sanciones firmes por el momento. Esto no implica ausencia de responsabilidad, sino algo más estructural: los tiempos de la justicia militar y penal son lentos, y la propia tramitación puede convertirse en un espacio de desgaste para quien denuncia.
El recorrido administrativo y penal no es neutral: implica declarar ante superiores, someterse a evaluaciones, sostener la denuncia en un entorno donde la cadena de mando puede coincidir con la cadena de presión. El problema no es solo la conducta individual, sino el marco que aún tiende a proteger al cuerpo antes que a la persona.
No es casual que el Observatorio insista desde hace años en la necesidad de protocolos independientes, formación obligatoria en prevención y mecanismos de acompañamiento que no dependan de la misma estructura jerárquica donde se produce la vulneración.
La presencia de más mujeres no garantiza por sí sola la transformación
En paralelo al aumento de denuncias, el informe señala un ligero incremento de la presencia femenina en las Fuerzas Armadas: 119 mujeres más respecto a 2023, pasando del 13% al 13,1% del total. España supera así la media de la OTAN (12,7%), pero el dato es insuficiente si se analiza fuera de su contexto interno.
La incorporación de mujeres no modifica automáticamente la cultura de una institución. La estructura militar española sigue siendo mayoritariamente masculina, tanto en efectivos como en puestos de mando. Y cuando las minorías son pocas, las dinámicas de vigilancia y señalamiento aumentan.
Por eso, el crecimiento debe acompañarse de garantías efectivas: promoción sin sesgos, condiciones que permitan conciliación real y protocolos que funcionen en la práctica, no solo en papel.
Conciliación: quién la pide y qué revela
El informe también detalla un aumento significativo en el uso de medidas de conciliación: casi 1.100 militares más se acogieron a permisos, reducciones de jornada o licencias, hasta alcanzar 29.500 efectivos. La franja de 31 a 40 años concentra la mayoría de solicitudes, seguida de 41 a 50. Se trata de etapas vitales donde responsabilidades de cuidados —hijos, personas dependientes, enfermedad familiar— se hacen más visibles.
El dato no es menor: incluso en un entorno altamente reglado y orientado a la disponibilidad constante, los cuidados atraviesan la institución. Lo hacen de forma desigual, con impactos distintos según el género y el rango, pero están ahí. Y cuando una estructura militar reconoce esa realidad, aunque sea parcialmente, es porque la presión demográfica y social ya no permite sostener la ficción del soldado sin vínculos externos.
La cifra de denuncias es un indicador, no una anécdota. Lo relevante no es solo cuántas se registran, sino qué ocurre después: si se protege a quien denuncia, si se persigue la conducta, si se modifican prácticas, si la cadena de mando entiende que el silencio no es disciplina, sino riesgo.