La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT) ha dado un paso decisivo en la causa judicial que investiga a Cristóbal Montoro y su círculo más cercano. El sindicato se ha personado como acusación popular en las diligencias previas 1810/2018, conocidas como el caso Montoro, que instruye el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona.
La investigación gira en torno a una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias vinculada a la consultora Equipo Económico, fundada por el exministro de Hacienda, y a altos cargos de su etapa en el Gobierno. Según los indicios, la firma habría recibido pagos de grandes empresas privadas a cambio de favores legislativos y fiscales.
La FETAP-CGT sostiene que el proceso afecta de lleno al ámbito público, tanto por los recortes y perjuicios sufridos por millones de empleados durante la gestión de Montoro —desde la eliminación de pagas extraordinarias hasta la ampliación de jornadas laborales— como por la presunta utilización de recursos y cargos públicos para fines privados. “Defender los servicios públicos también implica señalar a quienes se han lucrado desde dentro de la Administración mientras recortaban derechos”, afirma el sindicato.
La personación se produce en un momento clave: la Fiscalía ha pedido unificar todas las acusaciones populares bajo una sola representación procesal, lo que, en la práctica, reduciría el margen de acción y la pluralidad en un procedimiento con un marcado interés público. FETAP-CGT rechaza la propuesta y advierte de que vulnera la Constitución y la jurisprudencia europea: “La acción popular no puede convertirse en un instrumento decorativo, sino mantenerse como una herramienta democrática efectiva para fiscalizar la corrupción”, defiende la organización.
Con esta decisión, la CGT se suma a un proceso judicial que puede resultar determinante para esclarecer hasta qué punto existió connivencia entre poder político, empresarial y altas estructuras de la Administración. Para el sindicato, el desenlace será clave no solo para depurar responsabilidades, sino también para restaurar la confianza ciudadana en unas instituciones marcadas por la sospecha.