Washington ha confirmado un nuevo ataque a embarcaciones en el Caribe dentro de su campaña antidroga. Esta vez, con un añadido verbal de alto voltaje: Donald Trump ha insinuado públicamente la posibilidad de extender la acción a territorio continental. Venezuela denuncia ya una escalada que desborda lo militar y desafía los marcos del derecho internacional.
Una deriva militar que busca tierra firme
Los últimos movimientos militares de Estados Unidos en el Caribe, lejos de agotarse en operaciones navales, abren ahora un nuevo escenario. En un acto oficial de la Armada en Norfolk (Virginia), Donald Trump ha asegurado que las fuerzas estadounidenses ya no encuentran embarcaciones con cargamentos de droga. “Ni botes de pesca quedan”, ironizó ante una audiencia militar, antes de advertir: “Tendremos que empezar a buscar por tierra”.
La afirmación no es menor. Aunque el Pentágono no ha detallado públicamente qué implicaría esa “búsqueda”, el mensaje desplaza el eje de la estrategia antidroga desde una operación marítima —supuestamente de interdicción— hacia una eventual intervención terrestre, con Venezuela como telón de fondo inmediato.
No es la primera vez que la retórica de Trump mezcla seguridad nacional con objetivos militares más amplios. Pero en este caso, el contexto regional agrava las implicaciones. Desde el inicio de septiembre, Estados Unidos ha ejecutado al menos cuatro ataques contra embarcaciones que habrían transportado drogas cerca de las aguas venezolanas. Fuentes oficiales confirman más de 20 muertos en esas operaciones.
Caracas advierte de una violación de su soberanía
La reacción del gobierno de Venezuela ha sido rápida y contundente. A través de un comunicado de su Ministerio de Exteriores, Caracas ha calificado estos ataques como una “violación flagrante de la soberanía marítima” y un “nuevo acto unilateral” que socava el derecho internacional.
El discurso de Trump, en el que asimila los operativos a una cruzada contra el “terrorismo de los cárteles”, ha encendido las alarmas en el Palacio de Miraflores. El Ejecutivo venezolano considera que estas incursiones, bajo la justificación de la lucha antidroga, abren la puerta a una escalada que trasciende el ámbito del narcotráfico y se inscribe en una lógica de presión política y desestabilización regional.
En las últimas semanas, Caracas ha elevado su queja en foros multilaterales y ha buscado respaldo diplomático entre países del ALBA y del Caribe. Hasta ahora, sin pronunciamientos formales por parte de organismos internacionales.
Una estrategia de alto impacto y bajo control
El cambio de tono en Washington coincide con un año electoral en Estados Unidos y con un discurso cada vez más orientado a la securitización de problemas estructurales. Desde la frontera sur hasta el Caribe, la administración Trump ha reactivado viejas fórmulas de excepcionalismo militar como instrumento de política exterior.
La intervención militar directa como respuesta al narcotráfico no es nueva, pero sí lo es su reincidencia sin marco regional compartido. A diferencia de los programas de cooperación anteriores, como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, la actual estrategia no cuenta con mecanismos multilaterales ni acuerdos operativos con países afectados. Esto limita la transparencia, aumenta el riesgo de daños colaterales y debilita la legitimidad de las acciones.
Además, el uso del término “terroristas” para referirse a los cárteles que operan en América Latina ha sido leído como un posible marco legal para justificar intervenciones armadas bajo la doctrina de legítima defensa preventiva. Lo preocupante, dicen juristas internacionales consultados por varios medios, es que esa ambigüedad puede justificar incursiones sin autorización explícita del Congreso o de Naciones Unidas.