El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha formalizado el “cese definitivo” de la actividad en el centro de refugiados CREADE, tras semanas de polémica legal y política entre la administración municipal, liderada por el Partido Popular, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Pozuelo concede un periodo de cuatro meses para que sean realojadas más de 400 personas, duplicando el tiempo promedio de estancia reconocido oficialmente, y prohíbe la entrada de nuevos residentes durante ese plazo.
Antecedentes: litigio por la licencia y ampliación de plazas
La controversia se arrastra desde julio, cuando el Ayuntamiento notificó el cese cautelar del centro al constatar que carecía de la licencia para operar como espacio residencial —la única licencia vigente, expedida en 2013, corresponde a un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social, con autorización para 90 plazas, lejos de las más de 560 habilitadas por el Gobierno central en su última fase, incluyendo la intención de acoger a 400 menores migrantes no acompañados.
La gestión directa corresponde a la ONG Accem, que actualmente atiende una población diversa, con predominio de solicitantes de asilo ucranianos, afganos, malienses y venezolanos.
El Ministerio de Inclusión reaccionó interponiendo alegaciones y recursos administrativos para intentar paralizar el proceso de cierre, apelando a la situación de vulnerabilidad de los residentes y defendiendo que la crisis migratoria justifica la adaptación excepcional del uso del inmueble, inicialmente habilitado en 2022 por la emergencia derivada de la guerra en Ucrania.
Consecuencias y polémica política
El consistorio insiste en que ni las alegaciones ni los recursos presentados alteran el fondo del expediente: la actividad no puede continuar por incompatibilidad urbanística, dejando el futuro del CREADE en manos del Ministerio —que deberá garantizar el realojo seguro y legal de cada interno en otros recursos asistenciales públicos o privados en el plazo concedido.
La alcaldesa Paloma Tejero ha calificado la política migratoria estatal de “irresponsabilidad institucional”, criticando la improvisación y el “riesgo para la salud” de las personas alojadas, mientras portavoces gubernamentales han denunciado la medida como un “ejercicio de racismo preventivo y falta de sensibilidad”, acusando a la administración local de obstruir la respuesta humanitaria.
La tensión han puesto de manifiesto la falta de coordinación entre administraciones, la dificultad para adaptar infraestructuras en emergencias y el debate recurrente sobre la suficiencia del marco legal en política migratoria y social. El desenlace condicionará la atención a cientos de migrantes en la región y podría sentar precedente en la gestión de futuros espacios de acogida estatal en municipios.
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