La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 7 reabrir la investigación en el caso Marta del Castillo por un presunto delito de intrusismo profesional relacionado con el informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, el asesino confeso de la joven sevillana. La resolución, dictada esta semana, revoca el sobreseimiento provisional acordado el 14 de marzo de 2025 y posteriormente confirmado el 29 de mayo del mismo año.
El caso se remonta al 24 de enero de 2009, cuando Marta del Castillo, de 17 años, desapareció en Sevilla tras quedar con Miguel Carcaño, su exnovio. A pesar de que Carcaño fue condenado a 21 años y tres meses de prisión por el asesinato de la joven, el cuerpo de Marta nunca ha sido localizado, convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos y dolorosos de la crónica judicial española. Las múltiples versiones contradictorias ofrecidas por el condenado (hasta siete diferentes) han frustrado todas las búsquedas realizadas en el río Guadalquivir, vertederos y diversas fincas de la provincia.
Denuncia por intrusismo profesional
La reapertura judicial se produce tras el recurso de apelación interpuesto por Pedro de la Torre, presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA). La denuncia se centra en la actuación del perito Manuel Huerta de la Morena, responsable de Lazarus Technology, quien elaboró el informe pericial sobre el terminal móvil de Miguel Carcaño.
Según el CPITIA, Huerta realizó el informe sin ser ingeniero técnico en informática ni estar colegiado, cuando la labor efectuada constituiría un acto reservado a quienes poseen dicha titulación habilitante. El colegio profesional sostiene que Huerta carece de cualificación oficial para ejercer como ingeniero técnico en informática y que ni siquiera contaría con estudios superiores, limitándose a haber cursado Bachillerato. Además, se le reprocha haber mostrado públicamente en distintos medios de comunicación imágenes y detalles del contenido del informe vinculado a la causa judicial.
La decisión de la Audiencia Provincial
El tribunal considera que resulta determinante esclarecer dos cuestiones esenciales antes de decidir si procede mantener el archivo o continuar la investigación: si el informe pericial fue encargado directamente por el órgano judicial o si fue aportado por alguna de las partes, y si en su elaboración intervino algún profesional con titulación oficial en informática. La Audiencia subraya que el perito no firmó el informe como ingeniero informático, sino como representante de la entidad Lazarus Technology, sin atribuirse expresamente esa condición.
Estos extremos resultan determinantes para valorar si la actuación denunciada podría encajar en el delito de intrusismo profesional contemplado en el artículo 403 del Código Penal, que sanciona con penas de multa e incluso prisión a quienes ejercen actos propios de una profesión sin poseer la titulación requerida.
En su resolución, la Audiencia de Sevilla descarta continuar la investigación por un posible delito de revelación de secretos, al entender que el caso de Marta del Castillo ha sido objeto de una exposición mediática “masiva” desde 2009, por lo que resulta difícil hablar de revelación de secretos al tratarse de información ya difundida públicamente. El tribunal añade que el artículo 201.1 del Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal para la persecución de este tipo de delitos, circunstancia que no se da en el presente procedimiento.
La defensa del perito
Desde Lazarus Technology han defendido que, según el Ministerio de Justicia, no es obligatorio tener una titulación oficial para ejercer como perito judicial, ya que la informática no se encuentra entre las materias reguladas. Manuel Huerta cuenta con un máster en Gestión de Ciberriesgos por la Universidad de Harvard y es profesor de informática forense en varias universidades. Ha participado en cerca de 700 asuntos judiciales a nivel nacional e internacional y ha sido condecorado por la Guardia Civil por su colaboración como informático forense.
La empresa ha decidido emprender acciones legales contra el CPITIA y su decano, Pedro de la Torre, “para la defensa del honor y del prestigio de Manuel Huerta y Lazarus Technology ante las difamaciones vertidas por diferentes medios de comunicación”.
Nuevas diligencias en marcha
La Audiencia Provincial de Sevilla no entra a valorar el fondo del asunto ni aprecia la comisión de delito alguno por el momento, limitándose a ordenar la práctica de diligencias concretas para aclarar los hechos. El tribunal ha dado un plazo de 12 días al Juzgado de Instrucción número 7 para realizar las diligencias necesarias y determinar si procede mantener el sobreseimiento o continuar con la investigación.
Más de 16 años después del asesinato de Marta del Castillo, el caso sigue abierto con múltiples incógnitas sin resolver, siendo la principal el paradero del cuerpo de la joven. La familia continúa buscando respuestas y justicia en un proceso judicial que ha generado numerosas ramificaciones legales y que ahora suma un nuevo capítulo con esta reapertura por presunto intrusismo profesional.